Calparsoro propone un código ético para funcionarios para combatir la corrupción

Con la premisa de que "la corrupción tiene costes muy elevados y afecta a toda la sociedad de manera transversal", también en el País Vasco, el fiscal superior del País Vasco, Juan Calparsoro, ha planteado en el Parlamento una Ley de Transparencia autonómica para "promover la transparencia y la responsabilidad en la contratación pública y en la gestión de la hacienda pública".

El Mundo

"Es necesario adoptar las medidas preventivas que eviten la aparición de la corrupción, procurando que los servicios públicos estén sometidos a salvaguardas que promuevan la integridad, transparencia y responsabilidad de la función pública y la contratación con criterios de eficiencia y mérito", ha explicado Calparsoro, que ha presentado esta mañana la memoria de actuación de la Fiscalía del año 2011.

Y ha añadido que las medidas deberían hacerse extensivas a los funcionarios: "Una vez contratados los funcionarios deben estar sujetos a códigos de conducta, incluyendo medidas como la publicidad de su patrimonio y medidas disciplinares".

"Si no damos una respuesta adecuada a las necesidades de los ciudadanos de una mayor transparencia en la gestión pública, se corre el riesgo de caer en la caza de brujas y desacreditar a todos, donde todo el mundo es sospechoso y donde el juicio en la plaza pública, por la falta de respuesta de las instituciones, se convierte en un lugar común doloroso", ha justificado el responsable del ministerio público.

En el País Vasco hay abiertos distintos casos en los que están imputados políticos. Entre ellos y tras sentencias como la del 'caso Bravo' quizás el más importante en investigación es el que afecta a una veintena de antiguos cargos y militantes del PNV, el conocido como 'caso De Miguel'.

En él se investiga si el antiguo ‘número dos’ del PNV en Álava, Alfredo de Miguel, articuló una trama mercantil para la obtención de financiación irregular y el cobro de comisiones tras la adjudicación de obras públicas.

Violencia de género

Calparsoro también ha pedido que el poder judicial ponga todo su empeño en proteger a las mujeres maltratadas. "El combate contra la violencia de género constituye uno de los objetivos estratégicos y nucleares para lograr una sociedad más justa e igualitaria", ha explicado.

"En 2011 se registraron 4.885 denuncias por casos de violencia contra la mujer, con un incremento del 15% respecto al año anterior. El 41% de estas denuncias fueron hechas por mujeres de nacionalidad extranjera [...] Se registraron dos asesinatos, en Hernani y en Bilbao", ha recordado el fiscal.

Críticas de los grupos

El PP no ha dudado en afear a Calparsoro que haya omitido en su exposición de la memoria que en 2011 ETA estuvo activa diez meses. El fiscal, en cambio, sí se ha posicionado a favor de matizar la ‘doctrina Parot’, a favor de flexibilizar la política penitenciaria e, incluso, dispuesto a replantear las competencias de la Audiencia Nacional en declaraciones públicas y en referencias en la memoria, algo que le ha reprochado la 'popular' Nerea Llanos.