El Supremo avala la aplicación de la 'ley del enchufismo' en una de las nuevas agencias

Una sentencia del Tribunal Supremo ha dado un giro a la vertiente procesal de la aplicación de la conocida como 'ley del enchufismo' promovida por el Gobierno andaluz, y que persigue la incorporación a la estructura central de la administración andaluza de unos 25.000 contratados en empresas y organismos paralelos que no han pasado por ningún proceso de selección personal.

El Mundo

De hecho, el Supremo da la razón al Gobierno de Griñán y a su Ley de Reordenación del Sector Público Andaluz -al menos parcialmente en el caso estudiado- en contra del que había sido hasta la fecha el criterio del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

Concretamente, el Tribunal Supremo (TS) ha admitido el recurso de casación interpuesto por la Junta y la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales contra la sentencia dictada el 2 de noviembre de 2011 por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), con sede en Sevilla, por la que se aprueban los estatutos de dicha Agencia.

En la práctica, dicha sentencia ordenaba, por la vía de derechos fundamentales y de forma cautelar, la integración de 534 trabajadores del Instituto Andaluz de las Artes y las Letras (IAAL) en la citada Agencia, creada al amparo de la conocida como 'ley del enchufismo' o 'decretazo'.

En el fallo, fechado el 21 de enero del pasado mes, la Sección Séptima del TS sostiene que la sentencia dictada por la sala de Sevilla desconoce que el personal del IAAL <<ya tenía condición de empleado público>> antes de que el decreto dispusiera su integración en la Agencia de Instituciones Culturales.

En concreto, recoge la sentencia del Alto Tribunal, el Instituto Andaluz de las Artes y las Letras era una <<entidad de Derecho Público>>, por lo que su personal, regido por el ordenamiento laboral, <<estaba ya dentro del ámbito de aplicación de este texto legal>>. El TS, por tanto, entiende que los trabajadores integrados en la Agencia <<ya forman parte de ella bien como funcionarios, bien como personal laboral>>.

Han de opositar

No obstante, el magistrado realiza una puntualización al recordar que dichos empleados han de opositar conforme a los principios de igualdad, mérito y capacidad regidos por la Constitución Española para acceder a la Administración General de la Junta de Andalucía.

<<No es una obviedad establecer expresamente que este personal del IAAL que se integra en la AAIC solamente podrá pasar a la función pública de la Administración General de la Junta de Andalucía o a su personal laboral si supera los correspondientes procesos selectivos>>, recoge la sentencia. Mientras no lo hagan, seguirán siendo empleados públicos de la Agencia de Instituciones Culturales.

'Ya eran empleados públicos'

El Alto Tribunal explica en la sentencia que el personal del Instituto Andaluz de las Artes y las Letras mantiene la condición que ya tenía cuando trabajaba en éste con la única diferencia de que ahora pasa a serlo de la Agencia. <<Quienes eran empleados públicos del primero, entidad pública, siguen siéndolo, ahora de la segunda, entidad pública igualmente, sin que por la integración controvertida pasen a formar parte de la función pública ni del personal laboral de la Administración General de la Junta de Andalucía>>.

El fallo descarta, por tanto, que se lesione el principio de igualdad y reconoce el <<derecho>> de los trabajadores integrados por la Junta de acceder y <<permanecer promocionándose profesionalmente en el empleo público>>. De esta forma, el juez anula la sentencia impugnada -dictada por el TSJA- al entender que <<ha lugar a los recursos de casación interpuestos>> tanto por la Agencia como por la Junta de Andalucía.

Desestima, por tanto, el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra el decreto por el que se aprueban los estatutos de la AAIC por la Asociación Al-Ándalus de empleados públicos de la Junta de Andalucía y Defiendo mi derecho y la gestión pública.

'Ni prejuzga ni crea jurisprudencia'

La importancia de esta sentencia radica en que es la primera vez que se pronuncia el Tribunal Supremo sobre los recursos interpuestos por la Junta de Andalucía contra las sentencias dictadas por la Justicia andaluza que han paralizado la integración de trabajadores en las nuevas agencias.

Sin embargo, desde el bufete de abogados cordobés de Mariano Aguayo, que representa legalmente a las asociaciones denunciantes, se sostiene que la sentencia del TS <<ni prejuzga ni sienta jurisprudencia>> sobre los demás procedimientos abiertos contra los distintos decretos y protocolos en los que se impugna la integración de personal en las distintas agencias públicas.

En todo caso, apuntan desde dicho bufete a este periódico, <<no cierra el acceso a los medios de impugnación posibles para conseguir la declaración de nulidad del régimen de integración contemplado en el decreto impugnado>>, pues contra la misma cabe interponer recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.

Por lo tanto, será el Tribunal Constitucional, en última instancia, el que, entrando en el fondo del asunto, determine de manera definitiva si se ha producido la vulneración de derechos defendida por los empleados públicos.

'Efectos limitados'

Los letrados matizan, igualmente, que este fallo tiene unos efectos <<muy limitados>>, pues sólo afecta al 2 por ciento del número total de personas que se integran en las agencias públicas, esto es, a 534 trabajadores. No afecta por tanto al resto de procedimientos, en los que se discute la integración de alrededor de 25.000 personas procedentes de las distintas sociedades y fundaciones en la Administración de la Junta de Andalucía.

Además, recuerda el bufete, el personal procedente del Instituto Andaluz de las Artes y las Letras se encuentra, como recoge la sentencia, en una situación <<absoluta y radicalmente distinta a la de quienes proceden de las sociedades y fundaciones públicas>>, pues, ya tenía la consideración de empleado público con anterioridad a la integración.

En definitiva, los representantes legales de las asociaciones que han llevado a los tribunales la 'ley del enchufismo' del Gobierno de José Antonio Griñán han calificado la sentencia del TS como de <<muy favorable>> para los procedimientos seguidos por la <<trascendencia que le otorga la sentencia a la condición del personal que se integra en las agencias públicas>>, ya que no puede entenderse que el personal que procede de estas fundaciones extinguidas tuvieran la consideración de empleado público con anterioridad a la integración en las nuevas agencias.

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