El Congreso aprobará este martes la reforma de la Ley de Costas

La reforma presentada por el Gobierno a la Ley de Costas de 1988 será aprobada por la Comisión de Medio Ambiente del Congreso el próximo martes, con el voto asegurado del PP -que cuenta con mayoría absoluta en el arco parlamentario-, para posteriormente ser enviada al Senado, y así continuar con la 'segunda fase' de su trámite parlamentario.

Cinco Días

Esta reforma incluye entre otras novedades una nueva concesión de 35 años para los puertos deportivos, o el hecho de que el Estado recupere la competencia a la hora de conceder una prórroga a las industrias situadas en el litoral, que antes pertenecía a las comunidades autónomas; propuestas realizadas por el PP al texto del Ejecutivo y que esta misma semana fueron incorporadas a la ley.

Eso sí, se establece que, a la hora de conceder una autorización urbanística, en el caso de las obras o instalaciones que afecten a la servidumbre de tránsito se requerirá que, con carácter previo, la Administración del Estado emita un informe favorable en el que conste que la servidumbre de tránsito queda garantizada.

"Este informe deberá emitirse en el plazo de dos meses desde su solicitud, si en dicho plazo no se emitiera se entenderá que tiene carácter favorable", señala el texto incorporado.

En diciembre, el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ya defendió en el Pleno del Congreso el proyecto de reforma de la Ley, frente a los grupos parlamentarios de PSOE, ICV, UPyD, ERC y Compromís-Equo, que presentaron enmiendas de totalidad para que el texto fuera devuelto al Gobierno, aunque sin éxito, porque estas peticiones fueron rechazadas.

Para el ministro, la Ley de Costas de 1988, que se reforma en este texto, no ha respondido a los fines y objetivos que pretendía -mantener y conservar en buen estado el litoral-, además de haber fomentado una "aplicación errática, contradictoria, deficiente y muy arbitraria" de la propia ley, y crear un marco de inseguridad jurídica para los propietarios y titulares de derechos en la costa.

Respecto a las principales modificaciones, la nueva normativa define el alcance del dominio público marítimo-terrestre (DPMT) y aplica criterios técnicos para deslindar la costa, además de introducir un régimen diferenciado para los tramos urbanos de las playas (las contiguas a suelos urbanizados) y para los tramos naturales de las playas (junto a espacios protegidos o suelo rural), para las que impondrá un nivel de protección mayor al vigente.

En concreto, el proyecto de ley distingue entre los tramos urbanos de las playas y los tramos naturales, situados en zonas protegidas o en suelo rústico, y alejados de urbanizaciones.