¿Adiós a la burocracia en el sector público?

La eliminación de los trámites “irracionales e innecesarios” en la administración pública, planteó hoy el legislador de Gana Perú, Jaime Delgado, en una iniciativa que propone también evitar los cobros superiores a los estrictamente necesarios para cubrir los costos de esos servicios.

Terra.com

La iniciativa contempla la creación del Observatorio de Trámites Administrativos que difunda una ‘lista negra’ con todos aquellos trámites calificados como innecesarios por parte de la autoridad competente.

El objetivo es hacer un ordenamiento de las entidades del Estado, a nivel de gobierno nacional, gobiernos regionales y ediles, para proteger y defender los derechos ciudadanos como usuarios de los servicios que brindan dichas dependencias públicas.

El proyecto establece mecanismos para mejorar la calidad en la prestación de servicios de la administración, estableciendo lineamientos y principios orientadores en la formulación de políticas, planes, modelos, procedimientos, trámites y mecanismos.

Según el texto, la iniciativa precisa que la administración pública está impedida de pedir a los ciudadanos, para algún trámite, documentos o informes que ella misma tiene o debe tener a su disposición.

Por ejemplo, menciona que las universidades nacionales cobran a los estudiantes constancias de no adeudo a la misma universidad, como requisito para trámites de titulación, cuando esa información figura obligatoriamente en los archivos de la casa de estudios.

De igual manera, el proyecto señala que la administración pública no debe cobrar por los trámites que se realizan ante ella, montos superiores a los estrictamente necesarios, ni tampoco debe incluir en la estructura de costos de las tasas, conceptos o rubros que no estén directamente aplicados al servicio de que se trate.

Según el texto, no debe establecerse “requisitos irracionales y que no tengan sentido”, ni guarden coherencia con el fin que se persigue establecer en los trámites respectivos. Por ejemplo, certificado de soltería, certificado de sobrevivencia, constancia de zonificación, etc.

La iniciativa también establece la obligación de toda dependencia pública de crear una Defensoría del Usuario de la Administración como enlace institucional para dirigir y coordinar los esfuerzos de mejora regulatoria y simplificación de trámites.

Además, las entidades públicas deberán contar con un Libro de Quejas y Reclamos exhibido en un lugar visible y de fácil acceso al ciudadano, manifestando expresamente el derecho que tienen los ciudadanos a solicitarlo y presentar quejas o reclamos.

Del mismo modo, la responsabilidad por el cobro de tasas excesivas que superan sin lugar a dudas el costo de producción, será asumida directamente por el titular de la respectiva entidad.

Si a pesar del pronunciamiento de la autoridad competente sobre el cobro excesivo de tasas, el titular de la entidad responsable no dispusiera de inmediato las medidas correctivas, la sanción a aplicarse será la destitución, además de las responsabilidades administrativas, civiles y penales correspondientes

Para debatir el proyecto y recoger aportes, el congresista Delgado impulsa la creación de una mesa de trabajo con la participación de diversos sectores de la administración pública, así como el sector empresarial y la sociedad civil.