El Mundo
Entre las funciones más destacadas y, según recoge el Decreto 5/2012 en materia de personal para la reducción del déficit público, esta Comisión deberá estudiar y elaborar unos criterios generales sobre retribuciones para todo el personal laboral del sector público instrumental, que no podrán superar las fijadas en la Administración de la Comunidad Autónoma para el resto de trabajadores públicos con funciones iguales o similares.
En la misma línea, se deberán elaborar unos criterios generales sobre las condiciones de trabajo comunes para todo el personal laboral, cuadros de funciones y categorías profesionales y medidas para facilitar la movilidad del personal entre los diferentes entes que integran el sector público instrumental, entre otras.
En un comunicado, la Dirección General de Función Pública ha explicado que la creación de esta nueva mesa de negociación forma parte de la reforma de la Administración, que ha puesto en marcha el Ejecutivo balear.
Así, la directora general de Función Pública, Administraciones Públicas y Calidad de los Servicios, Núria Riera, ha destacado en la constitución de la mesa que "el objetivo principal de esta Comisión es acabar con la disparidad de condiciones laborales entre trabajadores públicos de la Administración y los del Sector Público Industrial".
"Es una tarea más dentro del proyecto de reestructuración administrativa", ha indicado, al tiempo que ha señalado que "debemos poner criterios comunes entre todos los empleados públicos".
En representación de los trabajadores, formarán parte de esta Comisión los sindicatos: FSP-UGT, CSIF, STEI-i Intersindical, USO y CCOO.
Mientras, por parte de la Administración de la Comunidad Autónoma formarán parte de esta Comisión el director general de Presupuestos y Financiación, Antoni Costa; el director de la Oficina de Control Presupuestario, Joaquín García; la directora del Instituto de Estudios Autonómicos, Maria Lluïsa Ginard; la secretaria general de la Conselleria de Medio Ambiente, Agricultura y Territorio, Maria José Marco Landazábal, y la directora general de Función Pública, Administraciones Públicas y Calidad de los Servicios, Núria Riera.
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