La Junta de Extremadura informará de las horas que dedican los liberados a labor sindical

Cualquier ciudadano podrá saber el tiempo que dedica un delegado o liberado sindical de la administración autonómica a esta labor. La publicación del «cómputo anual de las horas», como anunció ayer el presidente de la Junta de Extremadura, es en realidad un extra sobre esta cuestión que se suma a la propuesta de Ley de Gobierno Abierto de Extremadura, aún en trámite.

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Hasta ahora, en lo referido a la transparencia en el gasto público del texto consensuado por los tres grupos políticos, se puede leer que <<también se hará público el número de liberados institucionales existentes en los distintos departamentos y organismos públicos, así como los costes que estas liberaciones generan para la Administración Pública>> (artículo 14.3).

Y entre otros aspectos que revelará la ley figura que la Administración Pública difundirá sus presupuestos y de sus entes dependientes, así como estados de ejecución, y niveles de cumplimiento.

Cuando el presidente José Antonio Monago se puso a hablar ayer de transparencia, en realidad echó mano de lo que ya se ha avanzado y consensuado en la Ley de Gobierno Abierto de Extremadura. Y recordó que ésta también permitirá saber lo que cobra un cargo de confianza. O que será pública la relación detallada de la Junta con sus proveedores o con aquellos a los que le contraten tareas. Además, estarán a la vista los gastos de los viajes de los altos cargos, de protocolo o lo que cuesta un catering, dijo.

Con este repaso abreviado a la Ley de Gobierno Abierto de Extremadura pretendía subrayar su compromiso con la tarea poner al alcance del ciudadano a dónde va a parar cada euro salido de la arcas públicas.

Sin embargo, cuando la Junta se atribuyó ayer esta iniciativa, se generó una breve polémica que acabó con una disculpa del Ejecutivo a los ponentes de la ley de los grupos de oposición, César Ramos, del PSOE y Víctor Casco de IU

En realidad esta ley la están cocinando los tres grupos políticos desde el verano pasado. En junio tuvieron lugar las primeras comisiones de modo informal y en octubre se registró el texto en la Asamblea de Extremadura.

A finales de 2012 la Ley fue elevada al Consejo de Gobierno para que el ejecutivo participara de ella. Lo hizo a través de una comisión mixta con el consejero de Administración Pública, Pedro Nevado-Batalla.

Ahora la proposición de Ley la tiene el Consejo Consultivo para que emita un informe antes de volver a la Cámara Baja, donde se debatirá y será sometida a enmiendas si las hubiera. Este proceso no debe demorarse mucho porque se supone que el texto viene consensuado por PP, PSOE e IU.

A grandes rasgos, la Ley de Gobierno de Abierto de Extremadura tiene la intención de lavar la cara a políticos e instituciones públicas y, como dijo en julio el ponente del Grupo Popular, Francisco Ramírez, <<ponerle paredes de cristal al gobierno>>. Solo hay dos precedentes, la Ley de Gobierno Abierto de Navarra y el Portal de Transparencia del País Vasco. Ambas ponen la lupa en la administración pública.

Pero la ley extremeña es más compleja, pues incluye derechos de los ciudadanos a la hora de conseguir información de las instituciones públicas. Esto conllevará un periodo de formación de varios meses al funcionario.

También pone el acento en la participación ciudadana, por lo que con 2.000 firmas se podrá llevar una propuesta a la Asamblea que, al menos, habría que debatir. Otra novedad que trae esta parte de la ley es un debate anual entre los presidente de los grupos políticos con presencia en la Asamblea de Extremadura en un lugar público, con ciudadanos preguntando, y que debería ser televisado.

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