Saavedra: ´El Gobierno central era muy rígido en la comprensión de nuestras necesidades´

Hace ahora 30 años, a Jerónimo Saavedra le tocó liderar el inicio de la autonomía canaria

La Provincia

Saavedra comenzó así una dilatada trayectoria política en las Islas que aún mantiene como Diputado del Común. Fueron meses y años frenéticos de trabajo porque Saavedra era el líder el PSOE canario, presidente del Gobierno y diputado nacional. Reconoce que, a pesar de que su partido ocupaba el Gobierno central, fue bastante complicado cambiar la mentalidad de ministros y altos cargos.

RUBÉN ACOSTA - LAS PALMAS DE GRAN CANARIA Usted fue elegido presidente del Gobierno provisional en 1983 con dificultades y gracias a la ruptura de UCD. ¿Cómo vivió aquellos momentos?

Efectivamente, nunca fui elegido en primera votación porque no logramos conseguir mayoría absoluta, aunque tampoco nadie la ha conseguido en el Parlamento porque sin pacto es imposible salir en la investidura. Lo que pasaba entonces es que los tres años de funcionamiento de la preautonomía se centraron en la redacción del Estatuto de Autonomía y en recibir las simbólicas transferencias en cultura y urbanismo. El Gobierno provisional tuvo como una de sus principales tareas urgir a las transferencias de educación para hacer comprensible para la mayoría de la ciudadanía que la autonomía era conveniente y necesaria. En julio de 1983, seis meses después de constituirse el Gobierno provisional, ya se negoció el traspaso de las competencias educativas.

¿Desde el primer momento se diseñó el proyecto autonomista para alcanzar el mismo nivel de autogobierno que las nacionalidades históricas?

Este fue un debate nominalista de determinados sectores, principalmente de la izquierda más radical, al solicitar que Canarias optara por la vía rápida del artículo 151 de la Constitución como las nacionalidades históricas. Entonces se produce el 23-F, el Estatuto estaba paralizado en el cajón del presidente del Congreso de los Diputados desde finales de 1980. Tras el golpe se producen unos acuerdos autonómicos entre el PSOE y la UCD que permiten, a través de una ley que acompaña al Estatuto, que Canarias pueda acceder al máximo nivel competencial que las autonomías que se habían acogido a la vía rápida del 151. Al contar con este instrumento decidimos que el estado de la educación en Canarias era el problema más importante y lo pusimos como prioridad para abordarlo. Canarias estaba entre un sector favorable al modelo autonómico, defensor de un cabildismo reforzado, y, por otro lado, el soberanismo e independentismo de sectores de izquierda, no hay que olvidar que la UPC tenía representación parlamentaria. También la crisis económica movilizó a sectores importantes de la sociedad, especialmente en Las Palmas de Gran Canaria. Asimismo, estaba el debate sobre el modelo de integración en Europa ante las negociaciones entabladas por España. Había unos problemas de fondo graves junto a la situación heredada en la educación procedente del franquismo, que era un desastre. Ese era el panorama a principios de los 80, a lo que se unió una cierta crisis del sector turístico, sobre todo en Gran Canaria, que afrontó una huelga hostelera importante. El sistema de financiación que funcionaba en ese momento no tenía nada que ver con el que se negoció después porque los traspasos de competencias venían acompañados de los recursos económicos que al Estado le costaba sostener en Canarias, lo que se denomina coste efectivo de la competencia transferida. Se sumaba todos los medios que había y eso es lo que transfería el Estado. En Canarias disponíamos de la gestión de los antiguos arbitrios insulares y ahí establecimos un porcentaje como coste de recaudación de esos impuestos y el resto se repartía a cabildos y ayuntamientos. Este era el margen de maniobra que teníamos, por lo que el Gobierno definitivo se propuso crear un impuesto autonómico para destinarlo a financiar las competencias educativas.

¿Fueron muy duras las negociaciones con el Gobierno central a pesar de la afinidad política?

Además del sistema de financiación, otra cuestión a tener en cuenta era que el Estado no se gastaba una peseta en aquellas competencias que una comunidad autónoma tenía en exclusiva. Canarias recibió la competencia total de las carreteras y cuando intentamos prolongar la carretera desde el Aeropuerto de Gran Canaria a Tarajalillo nos encontramos con que el Ministerio socialista nos decía que la financiáramos con nuestros recursos. Por eso exigimos que se declarase de interés general como también ocurría en vías que se hacían en Baleares. Esto es solo un ejemplo, pero había bastante rigidez en la comprensión de las necesidad de la autonomía.

¿Los ciudadanos entendieron desde el principio la necesidad de la nueva Administración o hubo muchas resistencias?

Es significativo que la primera campaña de promoción turística que organizamos era la de Canario conoce tus islas porque había un porcentaje muy elevado de canarios que sólo conocían Gran Canaria y Tenerife. El transporte era muy precario y limitado y no había la red de puertos que hay ahora, ni el nivel de infraestructuras aeroportuarias que hay actualmente. Había que estar difundiendo la necesidad y conveniencia de mejorar Canarias junto con otros problemas internos derivados de la historia, como es el caso de la desigualdad de las islas no capitalinas durante todo el siglo XX. Pusimos en marcha medidas para que los canarios de estas islas sintieran que la comunidad autónoma empezaba a corregir los desequilibrios históricos.

¿Cómo fue el encaje de la nueva Administración en una realidad insular donde ya estaban los cabildos?

En la fase previa de la Transición y la aprobación de la Constitución recuerdo reuniones de partidos donde la izquierda defendía la necesidad de instituciones de ámbito canario como un Gobierno y un Parlamento, mientras había otros sectores que mantenían que no era necesario, bastaba con crear una mancomunidad de cabildos. Crear un Parlamento que fuera la voz de todos los canarios costó trabajo. Las resistencias no estaban en la izquierda sino en la UCD canaria, donde había un enfrentamiento territorial e ideológico. Creían que los nuevos poderes regionales eran unos intrusos cuando la realidad era que a los cabildos no les quitamos nada porque lo que gestionaba la autonomía eran las competencias que le venían del Estado.

¿Fue más rápido o más lento el crecimiento y la maduración de la Administración autonómica?

Lo lógico es que en las dos primeras legislatura hubiera, una vez obtenidas determinadas competencias, un crecimiento de la estructura administrativa. Después de la transferencias de la sanidad, a mitad de los años 90, ya no ha habido más transferencias importantes. Los diez primeros años de autonomía es cuando Canarias asume las competencias más destacadas y las que comportaban más personal, medios materiales y presupuestos. Todos saben que cuando un Estado se descentraliza se tiene que incrementar el número de funcionarios. Es una hipocresía estar defendiendo la autonomía y a la vez decir que hay muchos empleados públicos. Hay que analizar sector por sector si hay o no hay exceso de funcionarios, otra cosa es si los procedimientos y las leyes que regulan la Administración suponen obstáculos para el ciudadano o el inversor. Cuando se puso en marcha el Estado autonómico estábamos por debajo del número de funcionarios en relación con los países europeos. Fue a comienzos de los 2000 cuando ya se superó la media porque el resto de las autonomías asumieron también las competencias en educación y sanidad.

¿No cree que la autonomía canaria se ha lastrado por la duplicidad que ha supuesto contar con la doble capitalidad?

En este aspecto ha existido desviación, abusos y errores, sobre todo cuando ahora las nuevas tecnologías facilitan que las reuniones se hagan por videoconferencia sin necesidad de desplazamientos. Una racionalización de las estructuras administrativas debe ir acompañada del desarrollo claro de las competencias de los cabildos y de los ayuntamientos como ya intentamos hacer a principios de los 90, cuando también presidía el Gobierno. La clarificación de las competencias deben ser más en los ayuntamientos que en los cabildos, porque si son los competentes en áreas como los deportes no entiendo porqué hay una duplicidad de estructuras insulares, lo mismo pasa con la cultura y otras competencias. Hay que definir claramente lo que es municipal y supramunicipal. En mi etapa de alcalde me sorprendió comprobar que los ayuntamiento habían perdido autonomía en materia urbanística.

Si el 70% del presupuesto era para educación el margen de maniobra para el resto de asuntos era muy escaso ¿no?

Recuerdo las estadísticas de finales de la primera legislatura donde el País Vasco y Canarias eran los que mayor número de funcionarios teníamos en el sector educativo. En nuestro caso estaba justificado por la herencia que habíamos recibido y por el hecho insular, que dificultaba el desplazamiento de los profesores, lo que supone mayores costes. Es una realidad objetiva distinta que tenemos que reconocer. También recuerdo en materia sanitaria cuando vino a Canarias por primera vez Ernest Lluch como ministro de Sanidad. Me habían remitido los datos del número de camas por habitante y teníamos graves problemas en las islas no capitalinas. Lo primero que me dijo Lluch era que no estábamos tan mal en las estadísticas y le tuve que replicar que los datos eran provinciales y no tenían en cuenta la situación de Fuerteventura o Lanzarote. Por eso nuestra reivindicación permanente del sobrecoste que supone la insularidad.

Una de las principales peleas políticas con las que se inició la autonomía fue por mantener las singularidades de las Islas ante la integración de España en Europa.

Fue una gran batalla lograr convencer del Protocolo 2 a Bruselas y Madrid. Esta situación significó disfrutar de un periodo de adaptación a las reglas de funcionamiento de la Unión Europea por parte de un territorio que estaba más avanzado que otros territorios europeos en el libre comercio y en la no existencia de aduanas frente a terceros países. Los sectores exportadores e industriales no se sintieron satisfechos y en la siguiente legislatura hubo un proceso de mayor integración pero manteniendo las singularidades canarias.

Y echando la vista atrás ¿valió la pena aquella etapa y cómo han transcurrido estas tres décadas?

Era la conciencia de formar parte de una generación que estaba contribuyendo a cambiar España y a construir una sociedad democrática, eso siempre queda ahí como una satisfacción interna que uno tiene y se olvida de las horas destinadas al trabajo. Yo era, además de presidente del Gobierno, diputado en el Congreso, miembro de UGT y secretario general del PSC y, como tal, tenía que visitar todas las islas para mantener cohesionado al partido y había que estar siempre limando asperezas con mucho debate. Es evidente que la autonomía ha sido decisiva en el desarrollo que ha experimentado Canarias, quizá no comparta el establecimiento de determinadas prioridades en el gasto que se han desarrollado en los años del boom económico y si a lo mejor lo hubiésemos destinado a otras cosas quizá habríamos podido crear las bases de otro modelo económico alternativo al binomio construcción y turismo. Es difícil volver a reproducir un modelo como este. La situación de futuro de Canarias me preocupa, sobre todo por la gente joven.

¿Los debates parlamentarios eran tan duros y broncos como hoy en día?

En la primera legislatura tanto a nivel canario como nacional apenas se aplaudía excepto los discursos de investidura. Eso de que en cada pleno hayan abucheos, aplausos o pateos como ahora me parece lamentable y eso no contribuye a prestigiar ni a la oposición ni al Gobierno porque las formas siempre son importantes. Claro que había crítica dura en aquellas época, las formas en el Parlamento nunca llegaron al insulto ni cosa que se le parezca aunque es verdad que cuando se estaba debatiendo la Ley de Aguas el vicepresidente del Parlamento recibió un paraguazo por parte de quien fue posteriormente presidente del Gobierno Fernando Fernández, en ese momento portavoz del CDS. Fue la última ley ideológica que hubo en Canarias y creo que no habrá más.

¿Cree se está cuestionando la autonomía como consecuencia de la crisis y de que la cercanía de la Administración al administrado no garantiza la mejor prestación de los servicios?

La proximidad al ciudadano está consagrada por la Unión Europea a través del principio de subsidiariedad. Pueden ser criticables algunas cosas, pero creo que el modelo que hay en Canarias es el adecuado. Quizá se puedan reducir el número de concejales o consejerías o evitar las duplicidades a la hora de gestionar las competencias para reducir el coste de prestación de los servicios. Se pueden adoptar medidas concretas a la hora de mantener los cargos públicos, fusionando o liquidando puestos porque no hay presupuesto que gestionar. Este tipo de medidas no requieren repensar la autonomía, eso es para asuntos más a medio y largo plazo. Si hay que suprimir viceconsejerías o direcciones generales se hace porque no hay partidas presupuestarias suficientes. Se trata de racionalizar el funcionamiento de la Administración y adaptarla a las circunstancias actuales debido a la crisis económica.

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