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En 2011 los empleados públicos de los sectores de Función Pública, Justicia, Sanidad y Educación sumaron 2.146.421 días de baja. Esta cifra bajó alrededor de un 30% el año que acaba de finalizar. La Generalitat tiene certificado datos concretos de los nueve primeros meses del año y ha hecho una estimación a la baja de cómo acabará el año. El Consell se marcó reducir medio punto anual el índice de ausencias por IT en la Generalitat para aproximarse en el plazo de cuatro años a las cifras de absentismo del sector privado. La reducción del 0,5% prevista en 2012 se ha logrado con creces y en el primer año de aplicación del plan se alcanzará los objetivos marcados para dos años. De hecho, el Consell barajaba ahorrarse unos 250.000 días perdidos por bajas frente a los cerca del medio millón con los que se prevé se cierre 2012. Los datos serán definitivos en los próximos días.
Con todo, el éxito para el Consell no se mide en días sino en euros. El ahorro estimado por evitarse sustituciones de personal en el periodo enero-septiembre es de 16 millones de euros, mientras que la estimación final, según la Generalitat, alcanzará los 21 millones de euros, un 15% más de lo previsto.
Más allá de las cifras resulta llamativo como la mayor presión sobre los empleados públicos en un contexto de crisis económica y pérdida del poder adquisitivo ha variado el comportamiento de los empleados públicos. La primera vuelta de tuerca llegó con el decreto del Consell de víspera de Reyes de 2011 en el que se acordó que los empleados públicos no percibirían un sólo euro los tres primeros días de baja. El pasado mes de octubre, la Generalitat aplicó la reforma estatal de Rajoy en virtud de la cual se paga la mitad del salario a los empleados públicos durante sus tres primeros días de baja para a partir del cuatro, cobrar el 75% de la nómina y el v igésimo, el cien por cien. Entre un proceso y otro, el Consell que preside Alberto Fabra aprobó en junio un ambicioso plan para reducir las ausencias en el puesto de trabajo, un compendio de medidas dirigidas sobre todo a vigilar la concesión de bajas (con seguimiento de los médicos que concedieran las incapacidades temporales) y a detectar las posibles ausencias injustificadas.
El resultado es que, con respecto a 2011, hay un descenso generalizado del absentismo en todos los indicadores analizados, tanto en índice de ausencias (número de días perdidos por cada cien trabajados), de número de bajas y de duración de las mismas. La tendencia a la baja se da en todos los sectores. Las mayores caídas se detectan en el personal laboral y funcionario de la Administración del Consell (un 22,3% menos de días perdidos) y en el sector sanitario(24,1%). En el ámbito sanitario (el colectivo más numeroso) el descenso en cifras absolutas resulta llamativo. Unas 257.000 bajas médicas menos en un sólo año. Si en 2011 de cada cien días trabajados, los profesionales de la salud caían enfermos cinco días; en 2011, sólo enfermaron cuatro días.
En Educación, la reducción registrada es del 18% (138.366 días perdidos menos) mientras que Justicia, con un total de 4.876 empleados públicos, es donde menos se ha reducido el día de bajas: de 70.946 a 64.166 días. Eso sí, en el sector de Justicia es donde más ha bajado la duración media de las bajas. El 2011 era de 74 días, mientra que en 2012 bajó a 58. La duración media de los días por incapacidad laboral baja dos días tanto en sanidad como en el sector de la Generalitat. A falta de conocerse los indicadores sobre índices de ausencia y duración media de las bajas en el sector de educación (los datos no están aún disponibles), Educación sí tiene ya estimado el ahorro en concepto de sustituciones: entre 8 y 10 millones.
El plan de absentismo es uno de los proyectos estrella de Alberto Fabra, al que está prestando un especial interés.
<<Hay miedo y van a trabajar enfermos>>
El éxito de las medidas contra el absentismo laboral en la Generalitat no convence a los sindicatos que cuestionan hasta la contabilidad de la Generalitat. Desde el sector de la administración de la FSP-UGT y CC OO coincidieron ayer en señalar que, entre otros factores, el miedo está llevando a los empleados públicos a evitar cogerse bajas médicas, lo que hace que vayan enfermos a sus puestos de trabajo. El plan de absentismo fue aprobado sin haber sido consensuado previamente con los sindicatos, por lo que los representantes de los trabajadores públicos lo miran con recelo. Es más, incluso el decreto que lo regula ha sido llevado a los tribunales. La FSP-UGT lo recurrió y recientemente el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana lo admitió a trámite. El sindicato está en desacuerdo con el hecho de que las bajas por maternidad sean contabilizadas como absentismo. Gonzalo Fernández (UGT) se mostró especialmente duro con las medidas y su efecto en los empleados públicos: <<Conozco a gente que tras el goteo de la quimio se ha ido a trabajar>>, comentó. Las bajas por enfermedades graves o que requieren hospitalización están exentas de la penalización económica, si bien, denunció Fernández, el Consell <<tardó seis meses en darse cuenta>>. Para el sindicalista el problema de fondo es que no se valore la productividad sino sólo la asistencia física.<<De lo que se trata es de producir y no sólo estar>>, indicó.
Para la responsable de Acción Sindical en CC OO, Soledad Fernández, la caída en picad0 del número de días de baja no tiene que ver con una cuestión económica. Fernández apunta al despido de interinos, precisamente el sector más joven donde es más frecuente las bajas por maternidad. Sostiene que antes se contabilizaban como bajas determinados permisos y ahora no, por lo que los datos no son comparables. El sindicato admitió que hay miedo, ya que la reforma laboral de Rajoy hace más vulnerable a los empleados sobre todo a los del sector laboral y coincide en que algunos empleados van a trabajar con enfermedades contagiosas como la gripe. CC OO exige datos pormenorizados. El sindicato también ha dectectado problemas para conseguir bajas por accidente laboral, no penalizadas en el sueldo.
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