Un recurso de los Registradores paraliza la administración tributaria de Canarias

La administración tributaria canaria se encuentra parcialmente paralizada y en una "situación muy delicada". El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha tomado medidas "cautelarísimas" ante el recurso presentado por el Colegio de Registradores contra el decreto de 28 de diciembre que firman los consejeros Javier González Ortiz (Hacienda), Francisco Hernández Spínola (Presidencia y Justicia) y el presidente Paulino Rivero, por el que se reorganiza la Administración Tributaria Canaria.

Laprovincia.es / Diario de Las Palmas

El Gobierno canario ha decidido crear su propia agencia tributaria y por eso retira la "encomienda" a los Registradores para que gestionen las oficinas liquidadoras donde se tramitan los impuestos de sucesiones y donaciones, transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. A pesar de esa retirada de la "encomienda", el ejecutivo de Rivero deja funciones de gestión a los Registradores, ya que la administración autonómica carece aún de estructura tributaria completa. El colegio de Registradores entiende que si debe continuar con funciones tributaria tiene que ser con un convenio firmado con la autonomía, como venía ejerciendo hasta ahora. De ahí el recurso contencioso contra la disposición del 28 de diciembre y de ahí que el TSJC haya tomado medidas "cautelarísimas" suspendiendo el decreto en lo que afecta al colegio de Registradores.

La consejería de Hacienda de Canarias se encuentra ahora con la responsabilidad tributaria con una oficina en cada isla, a diferencia de la situación anterior que había dos en Gran Canaria, dos en Tenerife y una en Lanzarote y otra en Fuerteventura.

El portavoz del Gobierno de Canarias, Martín Marrero, en respuesta al contencioso de los Registradores que "el gobierno está convencido de que el acuerdo adoptado para rescindir esa encomienda que había con los Registradores para que ejercieran como oficinas liquidadoras de determinados tributos es legal y ellos están en su derecho de recurrir pero el gobierno está convencido de que es legal y positivo en términos económicos porque el Gobierno se ahorra unos seis millones de euros al año".

"En términos de gestión el cambio propicia una mayor eficacia y eficiencia en la recaudación de tributos y en la persecución del fraude fiscal", remató Marrero ayer tras la reunión del consejo de Gobierno presidido por Paulino Rivero. El Gobierno de Canarias inició en diciembre la creación de una Agencia Tributaria propia que gestione todos los impuestos, una reivindicación nacionalista que incluyó en su programa electoral también el PSC-PSOE. Desde el pasado martes el departamento de Javier González Ortiz asume directamente la gestión tributaria de los impuestos cedidos por el Estado, tarea hasta ahora encomendada a las oficinas liquidadoras comarcales , que estaban llevadas por los Registradores.

Un decreto del último consejo de Gobierno del pasado año contempla que el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y el de Sucesiones y Donaciones se recaudarán de forma directa por el Ejecutivo autonómico a través de sus oficinas tributarias. También se tramitaba en estas oficinas, por ejemplo, la gestión material y recaudación del IGIC, tasas y bingo, vehículos, y actuaban como "registro de entrada" de todas las consejerías.

Lo que estaban gestionando las oficinas comarcales al año se acercaba a los 300 millones de euros. A estos hay que sumar unos 80 millones de euros que conseguían las oficinas liquidadoras en medidas de lucha contra el fraude fiscal.

El gasto del gobierno canario en este convenio con los registradores asciende a doce millones de euros, por lo que estima ahorrar unos seis millones. El gobierno canario pretende mejorar su lucha contra el fraude fiscal con el cambio "por cuanto se evoluciona hacia un modelo centralizado, con una base única de datos y, por tanto, hay mayor posibilidad de cruce de datos y de transparentar gran parte de las operaciones que hasta ahora podían no estar visibles desde el punto de vista fiscal", explicó en su momento Martín Marrero.

Las funciones en las oficinas liquidadoras están ahora desempeñadas por unas 190 personas, contratadas específicamente por los Registradores, y pasarán a estar desarrolladas por "algunas menos", dijo Marrero, entre el personal de la administración autonómica. Tras una convocatoria de la Consejería de Presidencia, unos 500 empleados públicos de todos los departamentos mostraron su interés en incorporarse a la Agencia Tributaria Canaria. Se seleccionará un 20%, indicaron desde el Gobierno.

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