La reforma del sector público asturiano reducirá de 81 a alrededor de 70 las empresas y entes

Las fundaciones y el ente autonómico de comunicación, próximo objetivo de la reestructuración

El Comercio

El Gobierno asturiano, tanto en la etapa de Vicente Álvarez Areces como con Javier Fernández como presidente, siempre ha defendido que el sector público regional tiene un tamaño contenido y en modo alguno mastodóntico, tal y como sostiene la oposición y, particularmente, el PP. De ahí que ahora, cuando la crisis y la necesidad de cumplir con el límite de déficit han llevado a abordar su reforma, haya optado por un plan de reestructuración que si bien afecta a un número nada desdeñable de organismos, tampoco supone una revolución. A partir de los datos que ha ido facilitando el Principado, con un primer anteproyecto de ley ya aprobado y a expensas de la concreción definitiva del segundo, se constata que el organigrama pasará de las 81 empresas y entes actuales a algo menos de 70.

Esa cifra de 81 entes que conforman el sector público asturiano, según el inventario recogido en la página web del Gobierno, sufrirá un primer ajuste en el momento en que la Junta General dé luz verde al anteproyecto que el Ejecutivo presentó el pasado viernes en la Cámara para su tramitación parlamentaria. Un texto que prosperará con el voto favorable al menos de PSOE, IU y UPyD y que contempla la liquidación del Instituto Asturiano de Estadística, Desarrollo Integral de Taramundi, Gestión de Infraestructuras de Telecomunicaciones y Parque de la Prehistoria, así como la venta de las acciones públicas en Sedes y Hostelería Asturiana y la fusión, por un lado, de la Sociedad Regional de Turismo y Recrea y, por otro, del 112 y Bomberos de Asturias.

El alcance definitivo de la reordenación se conocerá cuando se presente en detalle el segundo anteproyecto, comprometido para el primer semestre del año. El Principado ya ha avanzado sus rasgos generales. Primero, la agrupación en una sola empresa de los distintos órganos que conforman el ente autonómico de comunicación (TPA, RPA y Productora de Programas). Y segundo, la reorganización de las fundaciones dedicadas en la región a la I+D+i. Son siete, aunque con una salvedad. Solo dos de ellas -FICYT y Barredo- aparecen en el inventario de organismos públicos, mientras que el resto son de carácter privado, aunque el Principado tenga una participación en las mismas.

A expensas de que el Ejecutivo introduzca más cambios, la suma de esos dos anteproyectos dejaría la cifra de entes ligeramente por debajo de 70. El tercer anteproyecto, para final de año, no tiene impacto porque será una ley que dará forma al renovado sector público.

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