Reglamento de reutilización del agua

Real Decreto 1085/2024, de 22 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de reutilización del agua y se modifican diversos reales decretos que regulan la gestión del agua (BOE de 23 de octubre de 2024). Texto completo.

REAL DECRETO 1085/2024, DE 22 DE OCTUBRE, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE REUTILIZACIÓN DEL AGUA Y SE MODIFICAN DIVERSOS REALES DECRETOS QUE REGULAN LA GESTIÓN DEL AGUA.

La reutilización de las aguas se ha convertido en una importante fuente de suministro de agua que permite liberar otros recursos de mejor calidad, que pueden así ser destinados a otros usos más exigentes, como el abastecimiento de agua potable. Además, las aguas regeneradas pueden proporcionar una mayor fiabilidad y regularidad del suministro; y reducir las presiones sobre las masas de agua superficiales y subterráneas, contribuyendo al cumplimiento de los objetivos medioambientales y a la reducción, especialmente en zonas costeras, de la vulnerabilidad frente a los impactos del cambio climático.

Los principales factores que condicionan la reutilización de las aguas tras ser sometidas a un tratamiento de regeneración han experimentado una importante evolución en los últimos años, como el agravamiento de las condiciones de escasez y sequía derivadas de los efectos del cambio climático, y el impulso de la depuración de aguas residuales gracias, entre otras, a que las tecnologías de regeneración son cada vez más fiables.

En definitiva, actualmente la reutilización de las aguas se concibe como elemento esencial dentro de la gestión integrada del agua que permite contribuir al cumplimiento tanto de los objetivos de protección del dominio público hidráulico (DPH), como de los objetivos medioambientales establecidos en los artículos 92 y 92 bis del texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio (en adelante, TRLA); afrontar la escasez de agua y la sequía; promover la economía circular; y apoyar la adaptación al cambio climático. Todo ello sin dejar a un lado la necesidad de avanzar técnica y científicamente en la garantía de evitar impactos adversos en el medio ambiente, la salud humana y la sanidad animal; asegurando la ausencia de los perjuicios significativos al medio ambiente definidos en el Reglamento Delegado (UE) 2023/2486 de la Comisión, de 27 de junio de 2023, por el que se completa el Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo mediante el establecimiento de los criterios técnicos de selección para determinar en qué condiciones se considerará que una actividad económica contribuye de forma sustancial al uso sostenible y a la protección de los recursos hídricos y marinos, a la transición a una economía circular, a la prevención y el control de la contaminación, o a la protección y recuperación de la biodiversidad y los ecosistemas, y para determinar si dicha actividad económica no causa un perjuicio significativo a ninguno de los demás objetivos medioambientales, y por el que se modifica el Reglamento Delegado (UE) 2021/2178 de la Comisión en lo que respecta a la divulgación de información pública específica sobre esas actividades económicas.

En este sentido, las distintas administraciones públicas han realizado un gran esfuerzo para potenciar este tipo de actuaciones, fundamentalmente a partir del soporte legal que otorgó la aprobación de la Ley 11/2005, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional, que modificó el artículo 109.1 del TRLA, en el que se regulaba el régimen jurídico de la reutilización y que contenía la habilitación reglamentaria que posibilitó la aprobación del Real Decreto 1620/2007, de 7 de diciembre, por el que se establece el régimen jurídico de la reutilización de las aguas depuradas.

El Real Decreto 1620/2007, de 7 de diciembre, supuso un hito en el fomento de la reutilización de las aguas residuales en España. Este real decreto estableció la normativa básica en la materia fijando los requisitos administrativos para obtener el título habilitante, así como los usos permitidos y criterios de calidad exigidos. Por primera vez, una norma regulaba el uso del agua regenerada en 5 ámbitos distintos: usos urbanos, agrícolas, industriales, recreativos y ambientales. Posteriormente, en el año 2010, se publicó la Guía para la Aplicación del Real Decreto 1620/2007, de 7 de diciembre, al objeto de orientar el cumplimiento del mismo y garantizar los niveles de calidad y el buen uso de las aguas regeneradas.

En este sentido, el Plan Nacional de Depuración, Saneamiento, Eficiencia, Ahorro y Reutilización (Plan DSEAR) aprobado mediante la Orden TED/801/2021, de 14 de julio, constituye un instrumento de gobernanza que se ha incorporado en los planes hidrológicos del tercer ciclo (2022-2027), con una serie de criterios enfocados al cumplimiento de los objetivos de la planificación hidrológica, principalmente en los ámbitos de la depuración, el saneamiento y la reutilización de las aguas residuales regeneradas. El Plan revisa las estrategias y actuaciones que definen la política del agua en estas materias, buscando alinearlas con las políticas comunitarias relacionadas, con el Pacto Verde Europeo, y las nacionales de la transición ecológica y el reto demográfico.

En materia de reutilización, destacan los criterios adicionales que el plan DSEAR establece para priorizar las medidas de reutilización, puesto que se entiende que la reutilización debe ser un elemento esencial y muy positivo, por ejemplo, en aquellas masas de agua que no cumplen sus objetivos medioambientales y presentan presiones significativas por extracciones, suponiendo la reutilización una sustitución del origen del recurso utilizado de una masa en riesgo y con ello asegurando una reducción efectiva y permanente de dicha presión; o en aquellas masas de agua de que no cumplen sus objetivos medioambientales por estar sometidas a presión significativa fundamentalmente por contaminación, aunque al mismo tiempo no sufran presión cuantitativa por extracción, y en la que reutilización la evite; o medidas que suponen reutilización de vertidos directos al mar mediante emisarios submarinos u otros sistemas, careciendo de alternativas ambientalmente preferibles, tales como la creación o restablecimiento de humedales costeros o recarga de acuíferos costeros sobreexplotados y con ello evitar la intrusión salina.

En sentido contrario, dentro del plan DSEAR se consideran también criterios de exclusión de medidas de reutilización por su impacto ambiental negativo significativo, por ejemplo, cuando el vertido depurado contribuye o puede contribuir a reducir la presión por extracciones o por regulación de la masa de agua en situaciones de estrés hídrico, como ocurre en el caso de demarcaciones en las que se prevé a medio plazo una fuerte reducción en la disponibilidad del recurso por efecto del cambio climático; y en el caso de los vertidos depurados que son o pueden ser fuente importante de alimentación hídrica de espacios protegidos dependientes del agua o de humedales cuyo régimen natural está fuertemente alterado por la presión por extracciones a que están sometidas las masas de agua que originalmente los alimentaban. Igualmente, si la reutilización puede aumentar el riesgo de deterioro del estado o puede impedir el logro de los objetivos ambientales de masas de agua o zonas protegidas (por ejemplo: reutilización con fines de aumento o de intensificación del regadío sobre zonas vulnerables a la contaminación por nitratos de origen agrario o sobre superficies agrarias que provocan presión significativa por contaminación difusa sobre masas de agua o zonas protegidas); o cuando la reutilización únicamente supone un aumento de la oferta de recurso para satisfacer nuevas demandas, aumentando la presión por extracciones y la vulnerabilidad frente al cambio climático.

Es por ello que la reutilización directa de las aguas residuales puede ser muy positiva, fundamentalmente en las zonas costeras cuyos vertidos van directamente al mar a través de emisarios submarinos o por el contrario, ser inviable, en las zonas del interior, como puede ser cuando el caudal que vierten las depuradoras de aguas residuales constituye gran parte del caudal ecológico que circulan por los ríos en el interior de nuestras cuencas hidrográficas, siendo indispensable para mantener el estado de los ríos y ecosistemas dependientes, así como de los usos del agua situados aguas abajo. En estas zonas de interior, la reutilización debe enfocarse como regla general a partir de la sustitución de usos del agua de consumo humano para determinados usos urbanos, como es el baldeo de calles.

En junio de 2020 se publica el Reglamento (UE) 2020/741 del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de mayo de 2020, relativo a los requisitos mínimos para la reutilización del agua. Asimismo, este reglamento se ha complementado mediante la Comunicación de la Comisión de las Directrices para apoyar la aplicación del Reglamento 2020/741 relativo a los requisitos mínimos para la reutilización del agua (2022/C 298/01).

El Real Decreto-ley 4/2023, de 11 de mayo, por el que se adoptan medidas urgentes en materia agraria y de aguas en respuesta a la sequía y al agravamiento de las condiciones del sector primario derivado del conflicto bélico en Ucrania y de las condiciones climatológicas, así como de promoción del uso del transporte público colectivo terrestre por parte de los jóvenes y prevención de riesgos laborales en episodios de elevadas temperaturas, establece entre otros aspectos, el nuevo marco legal de la reutilización de las aguas, adaptando el régimen jurídico español de la reutilización de aguas al reglamento europeo y estableciendo el marco adecuado para impulsar, en este contexto de escasez, la obtención de dichos recursos alternativos. Esta modificación también constituye parte de la necesidad de regular y adaptar la normativa española a la normativa europea de reutilización de aguas depuradas, en el marco del “Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia” (PRTR) que, en su componente 5, reforma 1 (C5.R1), denominado “espacio litoral y recursos hídricos”, incluye en su hito 75 la “Entrada en vigor de la modificación de la Ley de Aguas (TRLA) y del nuevo reglamento que sustituye al Real Decreto 1620/2007”.

A tal fin, mediante el presente real decreto se aprueba el reglamento de reutilización del agua que desarrolla el capítulo III “De la reutilización de las aguas” del título V “De la protección del dominio público hidráulico y de la calidad de las aguas” del TRLA, con una clara orientación al fomento sostenible de la reutilización del agua, y con el objetivo prioritario de sustituir en usos ya existentes, recursos hídricos en riesgo por otros de diferente origen. También, complementa las previsiones del citado Reglamento (UE) 2020/741 del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de mayo de 2020.

Conforme al TRLA, la presente norma precisa el régimen jurídico que establece la imprescindible intervención de la autoridad competente con una doble función habilitante: en primer lugar, de la actividad de regeneración del agua residual urbana para que alcance la calidad debida en función de los usos a los que va a estar destinada; y, en segundo lugar, del uso privativo que pueda hacerse del agua regenerada.

En todo caso, cabe señalar que el ámbito de aplicación de este reglamento es más amplio que el establecido por el Reglamento (UE) 2020/741, de 25 de mayo de 2020, que se refiere a aguas regeneradas destinadas al riego agrícola. Por su parte, el presente reglamento admite otros usos, sin perjuicio de que prohíbe la reutilización de aguas para el consumo humano directo, salvo situaciones de declaración de catástrofe en las que la autoridad sanitaria especificará los niveles de calidad exigidos a dichas aguas y los usos. También prohíbe el uso de aguas regeneradas para la empresa alimentaria salvo lo dispuesto en el anexo I.A, para su uso en instalaciones hospitalarias y otros usos similares, para el cultivo de moluscos filtradores en acuicultura, para el uso recreativo como agua de baño, así como para los usos que la autoridad sanitaria o ambiental considere un riesgo para la salud de las personas o un perjuicio para el medio ambiente. Tras valorar la operatividad y eficacia del Real Decreto 1620/2007, de 7 de diciembre, como instrumento de regulación y de fomento de la utilización del agua regenerada, una vez que han transcurrido dieciséis años desde su entrada en vigor, resulta necesario establecer nuevas condiciones básicas para la reutilización de las aguas, precisando la calidad exigible a las aguas regeneradas según los usos previstos y el control de la misma.

Fruto de la experiencia acumulada se considera un aspecto crucial el fomento de la reutilización de las aguas mediante el establecimiento de objetivos más rigurosos en los vertidos, la elaboración de planes de fomento de reutilización de aguas asociado a usos urbanos, y la reutilización del agua a través de incentivos económicos como subvenciones o exenciones de la tarifa de utilización del agua, asociados a la sustitución de recursos hídricos naturales por aguas regeneradas, para la mejora del estado cuantitativo de los mismos.

Del mismo modo, como un medio para promover la economía circular y reforzar la adaptación al cambio climático, se hace necesario regular la utilización de agua regenerada para determinados usos, fomentando la reutilización dentro del propio ciclo urbano del agua. Así mismo se considera esencial promover el aprovechamiento, recirculación y reutilización del agua antes de su incorporación al sistema de saneamiento con la finalidad de reducir la demanda de recursos hídricos naturales.

El presente reglamento debe contribuir a la eliminación progresiva de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) procedentes de las actividades de regeneración del agua, promoviendo la eficiencia energética y la producción de energías renovables, contribuyendo así al objetivo de neutralidad climática para 2050 establecido en virtud del Reglamento (UE) 2021/1119 del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de junio de 2021.

Finalmente, la incorporación de nuevas medidas, más adaptativas e innovadoras, deben contar con la necesaria aceptación social. La toma de decisiones en actividades que resultan pioneras o poco consolidadas, a menudo, está sujeta a la disponibilidad de información actualizada y de su análisis. Asimismo, la globalización de los mercados y el elevado ritmo de desarrollo científico y tecnológico del momento actual hacen que, una adecuada gestión y tratamiento de la información científica y tecnológica disponible, resulte necesaria para acceder de manera fiable y oportuna al conocimiento disponible y al rápido avance al que está sujeto. Con esta finalidad, se hace necesario el establecimiento de disposiciones normativas sobre el observatorio de la gestión del agua, obligaciones de notificación a la Unión Europea y campañas de comunicación.

La presente norma realiza adicionalmente dos modificaciones en dos de los reglamentos más importantes en materia de gestión del agua, que complementan en parte este reglamento. En particular, y en relación con la modificación del Reglamento del Dominio Público Hidráulico (en adelante, RDPH), aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, pese a que en la reciente modificación operada por el Real Decreto 665/2023, de 18 de julio, por el que se modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, ya se ha realizado la adaptación del citado RDPH al Real Decreto-ley 4/2023, de 11 de mayo, en materia de vertidos de aguas residuales y el canon asociado, quedaba pendiente la revisión de otras partes del régimen jurídico asociado a la reutilización de aguas residuales, esencialmente en relación con la tramitación de las concesiones de su uso y el contenido del Registro de Aguas, aspectos que se actualizan en esta norma, retirando del RDPH el procedimiento de autorización de utilización de las aguas residuales, junto con otras adaptaciones necesarias para puntualizar ciertos aspectos de instituciones y procedimientos que ya se encuentran regulados en el RDPH, y, a partir de la experiencia de la aplicación de la modificación del RDPH realizada por el Real Decreto 665/2023, de 18 de julio, se realizan determinadas modificaciones para garantizar la coherencia interna del citado RDPH.

De esta forma, los nuevos artículos 163.6, 164.5 y 169.5 del RDPH, matizan que, en los procedimientos de declaración de extinción del derecho al uso privativo de las aguas, únicamente se tendrá que recabar el informe del Consejo de Obras Públicas en los casos previstos en la Orden de 30 de septiembre de 1999 por la que se aprueba el Reglamento del Consejo de Obras Públicas.

Igualmente, para mejorar esta coherencia y correlacionarla con este reglamento, se introducen en el RDPH los nuevos artículos 315.i) y ñ) y 316.k) que tipifican como infracción administrativa el incumplimiento del régimen de reutilización de las aguas regeneradas y de las condiciones de las autorizaciones de producción y suministro, y concesiones de uso que se otorguen en este ámbito. Los artículos 315.i) y 316.h) perfilan la infracción que consiste en el cumplimiento defectuoso o incumplimiento de la obligación de presentar declaración responsable, ya tipificada en el RDPH. Finalmente, los artículos 315.n) y o) y 316.j) y l), concretan sendas previsiones reglamentarias en vigor, aplicando el tipo genérico de los artículos 315.a) y 316.a) a dos supuestos determinados.

La oportunidad de la tipificación de estas nuevas infracciones es muy relevante, puesto que el reglamento que se aprueba establece la obligatoriedad de realizar determinadas labores con el objeto de proteger la salud de las personas y el medio ambiente en general, y la adopción de las conductas descritas en los preceptos mencionados guardan relación con el objeto principal de este real decreto, suponiendo una mera puntualización o concreción de las previsiones reglamentarias en vigor. Igual sucede con las disposiciones relativas al incumplimiento de la obligación de enviar información sobre los volúmenes de agua captados en los sistemas de control volumétrico instalados en los aprovechamientos y las acciones de las entidades colaboradoras de la Administración hidráulica que causen daños al dominio público hidráulico y a las obras hidráulicas, puesto que además, la necesidad de garantizar un control exhaustivo de los volúmenes captados y vertidos al dominio público hidráulico se pone de manifiesto con la necesidad de que el canon de control de vertidos no considere en su cálculo el volumen de agua efectivamente reutilizado.

Por último, se ha procedido a incorporar ajustes en los artículos relativos a la protección de la contaminación puntual de las aguas subterráneas incluidos en la modificación del RDPH realizada por Real Decreto 665/2023, de 18 de julio, que se limitan a puntualizar ciertos aspectos, como son los ajustes que se realizan en el artículo 326 ter y las actualizaciones del contenido de los anexos IV, V y X del citado RDPH, se realizan con el fin de adaptarlos al avance del conocimiento científico y la experiencia asociada tras un año de implantación de la citada modificación y de las guías técnicas en elaboración a tal efecto.

La propuesta de modificación del Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Administración Pública del Agua (en adelante, Reglamento de la Administración Pública del Agua), se deriva igualmente del interés en fomentar la gestión eficiente y la transparencia en la gestión del agua, creando el Observatorio de gestión del agua en España.

Del mismo modo, tal y como se recoge en la línea de mejora de la gobernanza del PERTE de digitalización del ciclo del agua, se crea el sello de gestión transparente del agua, de forma que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en las demarcaciones hidrográficas intercomunitarias y las comunidades autónomas en las demarcaciones hidrográficas intracomunitarias podrán otorgar este reconocimiento a aquellos usuarios del agua que además de cumplir con toda la normativa que les sea de aplicación, tengan unos adecuados estándares de calidad en su gestión y un alto grado transparencia pública en la información sobre los datos asociados al uso del agua.

El presente real decreto se adecúa a los principios de buena regulación a que se refiere el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

En virtud del principio de necesidad, la norma se justifica en la necesidad de establecer nuevas condiciones básicas para la reutilización de las aguas, precisando la calidad exigible a las aguas regeneradas según los usos previstos y el control de la misma.

Por su parte, el principio de eficacia se cumple con la aprobación de la norma mediante real decreto al ser el instrumento adecuado para ello, dado que, con su aprobación, se derogan y modifican normas jurídicas del mismo rango.

En virtud del principio de proporcionalidad, el real decreto contiene la regulación necesaria para atender la necesidad a cubrir, es decir, garantizar el uso seguro del agua regenerada.

Respecto al principio de seguridad jurídica, el contenido de este real decreto es coherente con el resto del ordenamiento jurídico, en particular con el RDPH y el TRLA.

En relación con el principio de transparencia, durante la elaboración del proyecto la norma se ha sometido al proceso de consulta pública previa y audiencia e información pública previsto en la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.

Por último, respecto al principio de eficiencia, la presente norma establece nuevas cargas administrativas para los ciudadanos, si bien son las mínimas imprescindibles necesarias para alcanzar su objetivo.

La presente norma consta de un artículo único por el que se aprueba el reglamento de reutilización del agua, una disposición adicional, una disposición transitoria, una disposición derogatoria y cinco disposiciones finales. Las disposiciones finales primera y segunda modifican el RDPH y el Reglamento de la Administración Pública del Agua, respectivamente.

En cuanto a la estructura formal del reglamento de reutilización del agua, se ha organizado en ocho capítulos y tres anexos. El capítulo I contiene el objeto, las definiciones y el ámbito de aplicación. El capítulo II precisa aspectos del régimen jurídico de la producción y suministro de aguas regeneradas. El capítulo III se dedica al régimen jurídico del uso de aguas regeneradas. El capítulo IV determina las condiciones básicas para la reutilización de las aguas y la calidad exigible a las aguas regeneradas para los usos autorizados. El capítulo V contiene disposiciones sobre el Plan de gestión del riesgo del agua regenerada. El capítulo VI se refiere a medidas de fomento para la reutilización del agua. El capítulo VII se dedica a los informes y transparencia. Por último, el capítulo VIII precisa el régimen sancionador aplicable. En cuanto a los anexos, el primero de ellos contiene los requisitos de calidad para el uso de las aguas regeneradas, el segundo se refiere al control de la calidad de las aguas regeneradas, y el tercero se dedica a los elementos clave de gestión del riesgo.

Este real decreto se dicta al amparo del artículo 149.1.13.ª, 16.ª, 18.ª, 22.ª y 23.ª de la Constitución Española, que atribuyen al Estado competencia exclusiva en materia de bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica, bases y coordinación general de la sanidad, legislación básica sobre contratos y concesiones administrativas, legislación, ordenación y concesión de recursos y aprovechamientos hidráulicos cuando las aguas discurren por más de una comunidad autónoma y legislación básica sobre protección del medio ambiente, sin perjuicio de las facultades de las comunidades autónomas de establecer normas adicionales de protección.

El Consejo Nacional del Agua ha informado favorablemente este real decreto con fecha 4 de abril de 2024. Con posterioridad, el Consejo Asesor de Medio Ambiente ha informado, por procedimiento escrito, el día 16 de mayo de 2024 y en su tramitación ha consultado a las comunidades autónomas y los sectores afectados.

En su virtud, a propuesta de la Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, de la Ministra de Sanidad y del Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, con la aprobación previa del Ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, de acuerdo con el Consejo de Estado, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 22 de octubre de 2024,

DISPONGO:

Artículo único. Aprobación del reglamento de reutilización del agua.

Se aprueba el reglamento de reutilización del agua, cuyo texto se incluye a continuación.

Disposición adicional única. Calendario de envío de información sobre aplicación de este reglamento.

1. Antes del 31 de diciembre de 2025, las autoridades competentes y usuarios enviarán a la Dirección General del Agua del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico los datos que debe publicar el Observatorio de la Gestión del Agua en España en relación con la reutilización de las aguas conforme al artículo 28 del reglamento que se aprueba. Se actualizará esta información, al menos, cada dos años.

2. Antes del 26 de junio de 2026, la Dirección General del Agua del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico remitirá a la Comisión Europea, y actualizará cada seis años a partir de entonces, la información indicada en el artículo 29 del reglamento que se aprueba.

Disposición transitoria única. Calendario para la adecuación de los títulos habilitantes en vigor para la producción, suministro y utilización de aguas regeneradas.

1. El calendario para la adecuación de los títulos habilitantes se define en la disposición transitoria única del Real Decreto-ley 4/2023, de 11 de mayo, por el que se adoptan medidas urgentes en materia agraria y de aguas en respuesta a la sequía y al agravamiento de las condiciones del sector primario derivado del conflicto bélico en Ucrania y de las condiciones climatológicas, así como de promoción del uso del transporte público colectivo terrestre por parte de los jóvenes y prevención de riesgos laborales en episodios de elevadas temperaturas.

2. Las actividades de producción y suministro de aguas regeneradas que dispongan de título administrativo habilitante de forma previa a la entrada en vigor del reglamento que se aprueba, y que no destinen el agua regenerada al uso agrícola conforme a lo establecido en el Reglamento (UE) 2020/741 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de mayo de 2020, deberán adaptar sus instalaciones a los nuevos requisitos de calidad establecidos en el anexo I del reglamento que se aprueba conforme al condicionado que se establezca en la correspondiente autorización de producción y suministro, siempre y en todo caso antes del 31 de diciembre de 2028.

3. Antes de la fecha prevista en la disposición transitoria única del Real Decreto-ley 4/2023, de 11 de mayo, para la adaptación de los títulos habilitantes existentes, en aquellas instalaciones de agua regenerada que ya cuenten con títulos habilitantes se podrán conceder nuevos usos de acuerdo con los requisitos establecidos en el reglamento que se aprueba previa modificación, en su caso, de los títulos existentes y dando, en todo caso, audiencia al interesado.

4. Los procedimientos administrativos relativos a concesiones de reutilización de agua iniciados y no resueltos a la entrada en vigor del reglamento que se aprueba destinados al uso agrario se deberán adaptar a los contenidos establecidos en este reglamento. Para el resto de los usos podrán seguir la tramitación establecida en la normativa anterior considerando el régimen transitorio establecido en los apartados anteriores.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Quedan derogadas las disposiciones de igual o inferior rango que se opongan a lo dispuesto en este real decreto y, en concreto, el Real Decreto 1620/2007, de 7 de diciembre por el que se establece el régimen jurídico de la reutilización de las aguas depuradas.

Disposición final primera. Modificación del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril.

El Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, queda modificado como sigue:

Uno. Se modifica el artículo 55.2, con la siguiente redacción:

“2. Para el caso de navegación recreativa particular el plazo de vigencia de la declaración será de seis años, salvo que el organismo de cuenca establezca un plazo anual para emplazamientos en los que se haya establecido un cupo de ocupación limitado u otras causas justificadas.”

Dos. Se modifica la letra c) del artículo 115.3, con la siguiente redacción:

“c) En las concesiones de reutilización de aguas: los elementos y condiciones exigidas conforme al Reglamento de reutilización del agua, aprobado por el Real Decreto 1085/2024, de 22 de octubre.”

Tres. Se modifica el artículo 163.6, con la siguiente redacción:

“6. Cuando en la tramitación del expediente se formule oposición por parte del concesionario, se solicitará el dictamen del Consejo de Estado de acuerdo con lo establecido en el artículo 22.12 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado, previo informe del Consejo de Obras Públicas, en los casos previstos en la Orden de 30 de septiembre de 1999 por la que se aprueba el Reglamento del Consejo de Obras Públicas.”

Cuatro. Se modifica el artículo 164.5, con la siguiente redacción:

“5. Cuando en el expediente se formule oposición por parte del concesionario, se solicitará el dictamen del Consejo de Estado de acuerdo con lo establecido en el artículo 22.12 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado, previo informe del Consejo de Obras Públicas, en los casos previstos en la Orden de 30 de septiembre de 1999 por la que se aprueba el Reglamento del Consejo de Obras Públicas.”

Cinco. Se modifica el artículo 169.5, con la siguiente redacción:

“5. Si la causa de la extinción no es la renuncia expresa, los organismos de cuenca solicitarán dictamen del Consejo de Estado de acuerdo con lo establecido en el artículo 22.12 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado cuando se formule oposición por parte del titular del derecho, previo informe del Consejo de Obras Públicas, en los casos previstos en la Orden de 30 de septiembre de 1999 por la que se aprueba el Reglamento del Consejo de Obras Públicas.”

Seis. Se modifica la letra a) del artículo 189.3 con la siguiente redacción:

“a) Sección A: concesiones de aguas superficiales o subterráneas; reservas constituidas a favor de las Confederaciones Hidrográficas de conformidad con el artículo 43 del texto refundido de la Ley de Aguas; autorizaciones especiales a las que se refiere el artículo 59.5 del texto refundido de la Ley de Aguas; los provenientes del anterior Libro de Registro de Aprovechamientos de Aguas Públicas; y otros derechos adquiridos por título legal.

También en esta sección A se inscribirán las concesiones de aguas procedentes de recursos no convencionales como aguas desalinizadas, aguas regeneradas u otras fuentes alternativas.”

Siete. Se modifica la letra c) del artículo 192.4, con la siguiente redacción:

“c) La sección a la que pertenece.

En caso de la inscripción de reservas, concesiones de reutilización de aguas y concesiones de desalinización se hará constar junto a la sección A la mención: Reserva, Reutilización o Desalinización, respectivamente.”

Ocho. Se modifica la letra a) del artículo 194.1, con la siguiente redacción:

“a) La autorización de producción y suministro de aguas regeneradas asociada a la concesión.”

Nueve. Se modifica el artículo 198.2 con la siguiente redacción:

“2. Tienen la obligación de constituirse en comunidad todos los usuarios que, de forma colectiva, utilicen la misma toma de aguas procedentes o derivadas de manantiales, pozos, corrientes naturales o canales construidos por el Estado o usen un mismo bien o conjunto de bienes de dominio público hidráulico.

Si la concesión de las aguas comprendiera varias tomas, el organismo de cuenca determinará si todos los usuarios han de integrarse en una sola comunidad o en varias comunidades independientes y la relación que entre ellas ha de existir.”

Diez. Se modifica el artículo 259 bis.4, con la siguiente redacción:

“4. En los vertidos asociados a nuevas instalaciones de depuración de aguas residuales no se podrá modificar el régimen intermitente natural del cauce, entendido como el asociado al régimen de pluviosidad y descarga natural desde los acuíferos, a uno permanente por motivo del vertido, salvo justificación por razones técnicas o ambientales. En las instalaciones ya existentes, conforme a lo que se establezca en la planificación hidrológica, se fomentará la reutilización de las aguas depuradas con el objetivo de recuperar progresivamente el régimen natural de la corriente.”

Once. Se modifica la letra a) del artículo 263 bis.1, con la siguiente redacción:

“a) Incoará un procedimiento sancionador.”

Doce. Se modifica el apartado 1 del artículo 264, con la siguiente redacción:

“1. Previo requerimiento al titular para que ajuste el vertido a las condiciones bajo las que fue otorgada la autorización y no atendido aquel en el plazo concedido, el Organismo de cuenca podrá acordar la revocación de la autorización de acuerdo con el artículo 263 bis.2.b) mediante resolución motivada.”

Trece. Se modifica el artículo 272 quater.2 quedando redactado como sigue:

“2. El responsable de la contaminación deberá adjuntar a la citada solicitud el estudio de caracterización y diagnóstico ambiental o su equivalente; el análisis cuantitativo de riesgos y el proyecto de descontaminación voluntaria redactado conforme al anexo X.D. En todo caso, los valores objetivos de descontaminación serán establecidos de acuerdo con el anexo X.C. La documentación deberá estar certificada por una entidad colaboradora de la administración hidráulica. La administración hidráulica deberá aprobar el proyecto de descontaminación en el plazo máximo de tres meses.”

Catorce. Se modifica el artículo 315. i) y j), y se añaden las letras n), ñ) y o), con la siguiente redacción:

“i) El incumplimiento de cualquier prohibición establecida en el TRLA, en el reglamento de reutilización de aguas regeneradas y en el presente reglamento o la omisión de los actos a que obligan, siempre que no estén consideradas como infracciones menos graves, graves o muy graves.

j) La no presentación de declaración responsable, la inexactitud u omisión de carácter esencial en los datos, manifestaciones o documentos que se incorporen o acompañen a la declaración responsable o el incumplimiento de las previsiones contenidas en ella para el ejercicio de una determinada actividad o de las condiciones impuestas por la administración para el ejercicio de la misma, siempre que la valoración de daños no supere los 3.000,00 euros.”

“n) La falta de envío a los organismos de cuenca de la información sobre los volúmenes de agua captados en los sistemas de control volumétrico instalados en los aprovechamientos, en los retornos al dominio público hidráulico y en los vertidos al mismo, siempre que la valoración de daños de aquellos no supere los 3.000,00 euros, considerando como elemento esencial de esta valoración el volumen de agua asociado al incumplimiento.

ñ) El incumplimiento de las condiciones de las autorizaciones de producción y suministro y concesiones de uso de aguas regeneradas, incluyendo las obligaciones derivadas del contenido del Plan de gestión del riesgo del agua regenerada, siempre que la valoración de los daños asociados no supere los 3.000,00 euros, considerando como elemento esencial de esta valoración el volumen de agua asociado al incumplimiento.

o) Las acciones que realicen las Entidades Colaboradoras de la Administración Hidráulica de las que se causen daños a los bienes de dominio público hidráulico y a las obras hidráulicas, incluyendo la inexactitud, falsedad u omisión en los datos, manifestaciones o documentos que emitan, siempre que la valoración de los daños asociados no supere los 3.000,00 euros, considerando como elemento esencial de esta valoración el volumen de agua asociado al incumplimiento.”

Quince. Se modifica el artículo 316.h) y j) y se añaden las letras k) y l):

“h) La no presentación de declaración responsable, la inexactitud u omisión de carácter esencial en los datos, manifestaciones o documentos que se incorporen o acompañen a la declaración responsable o el incumplimiento de las previsiones contenidas en ella para el ejercicio de una determinada actividad o de las condiciones impuestas por la administración para el ejercicio de la misma, siempre que la valoración de daños esté comprendida entre 3.000,01 y 15.000,00 euros.

j) La falta de envío a los organismos de cuenca de la información sobre los volúmenes de agua captados en los sistemas de control volumétrico instalados en los aprovechamientos, en los retornos al dominio público hidráulico y en los vertidos al mismo, siempre que la valoración de aquellos esté comprendida entre 3.000,01 y 15.000,00 euros, considerando como elemento esencial de esta valoración el volumen de agua asociado al incumplimiento.”

“k) El incumplimiento de las medidas de información y transparencia en el marco de la reutilización de las aguas residuales y contenido del Plan de gestión del riesgo del agua regenerada, siempre que la valoración de aquellos esté comprendida entre 3.000,01 y 15.000,00 euros, considerando como elemento esencial de esta valoración el volumen de agua asociado al incumplimiento.

l) Las acciones que realicen las Entidades Colaboradoras de la Administración Hidráulica de las que se causen daños a los bienes de dominio público hidráulico y a las obras hidráulicas, incluyendo la inexactitud, falsedad u omisión en los datos, manifestaciones o documentos que emitan, siempre que la valoración de los daños asociados sea de 3.000,00 euros o más, considerando como elemento esencial de esta valoración el volumen de agua asociado al incumplimiento.”

Dieciséis. Se modifica la letra b) del artículo 326 ter.3, con la siguiente redacción:

“b) Se considerarán todas las sustancias que superen el VGNR según el anexo X, parte B. En el caso de que se detectaran varios grupos de contaminantes en las aguas subterráneas del emplazamiento afectado, se asignará el Coste del Impacto por Contaminante correspondiente al grupo de compuestos de mayor cuantía económica.”

Diecisiete. Se modifica la nota (****) de la letra A) del anexo IV, que queda redactada como sigue:

“(****) Para la inclusión en esta clase bastará con que se constate en el vertido la presencia de una sustancia peligrosa en concentración superior al límite de cuantificación analítico.

A los solos efectos de la aplicación de este factor, se consideran sustancias peligrosas aquellas definidas en el artículo 1 bis.au).”

Dieciocho. Se modifica en la tabla del Grupo B del anexo V.A).3, donde dice: “Hidrocarburos método IR.”, debe decir: “Hidrocarburos”.

Diecinueve. Se modifica el anexo V.F) quedando redactado de la siguiente manera:

“F) Parámetros modificadores: tipo de acuífero (KAQ), receptores sensibles a la contaminación (KRC), migración exterior de la contaminación (KEXT) y uso del suelo en la zona afectada (KUS) (en aplicación del artículo 326 ter.3).

“Parámetros modificadores (adimensionales)

Tabla omitida.

Veinte. En la Parte B del anexo X, se modifican los valores VGNR y VGI del contaminante Benzo(K)Fluoranteno y el valor VGI del Benzo(A)Antraceno y la nota (1) al pie, quedando redactados como sigue:

Tabla omitida.

Disposición final segunda. Modificación del Reglamento de la Administración Pública del Agua, aprobado por el Real Decreto 927/1988, de 29 de julio.

El Reglamento de la Administración Pública del Agua, aprobado por el Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Administración Pública del Agua, queda modificado como sigue:

Uno. Se modifica el título del capítulo II del título I y, a continuación, se añade la sección 1.ª, quedando redactado como sigue:

“CAPÍTULO II

Observatorio de la gestión del agua en España y Sello de gestión transparente del agua

Sección 1.ª Observatorio de la gestión del agua en España”

Dos. Se añade el artículo 11, que queda redactado como sigue:

“Artículo 11. Observatorio de la gestión del agua en España.

1. El Observatorio de la gestión del agua en España se crea como una plataforma disponible en el portal de internet del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para proporcionar información sistemática sobre la gestión del agua en España con el fin de fomentar la transparencia en su gestión.

2. Esta información tendrá su origen en los datos y previsiones hidrológicas generados por los organismos de cuenca y administraciones equivalentes de las demarcaciones hidrográficas intracomunitarias, dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 33 de la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional, y los datos suministrados por los usuarios del agua, conforme a lo establecido en el artículo 55 del TRLA y otra información que se genere, ya sea por elaboración propia o por solicitud a terceras personas, o bien porque forme parte de su fondo documental. Asimismo, la información podrá proceder de otras administraciones, organismos de cuenca, universidades, usuarios, centros de investigación, organizaciones del sector u organismos públicos, que deberán colaborar en todo momento para la remisión de la información que les sea requerida.

3. En todos los casos será competencia de la Dirección General del Agua la recopilación, y mantenimiento de la documentación del mismo, así como asegurar, antes de su publicación, que la información sea congruente con la finalidad principal del Observatorio. Asimismo, comprobará que la información tiene un nivel de calidad suficiente y que las fuentes son rigurosas y fiables, si fuera necesario mediante contraste de la información con personas u organizaciones especializadas.”

Tres. Se añade el artículo 12, que queda redactado como sigue:

“Artículo 12. Funcionalidades del Observatorio de la gestión del agua en España.

El Observatorio de la gestión del agua en España tendrá, al menos, las siguientes funcionalidades:

Recopilar y divulgar los datos sobre los recursos hídricos disponibles y los usos del agua en situaciones ordinarias y extremas, sirviendo de centro de análisis de la situación actual y su evolución en un marco de adaptación al cambio climático.

Publicar informes de seguimiento de la evolución de los recursos hídricos con el fin de promover la reducción con consumo del agua, la reutilización, la lucha contra la contaminación, la gestión digital y la mejora de la eficiencia en el uso del agua.

Canalizar la información disponible sobre la gestión del agua en España y fomentar la transparencia en la gestión de la misma, divulgando las buenas prácticas de los usuarios que hayan obtenido el Sello de gestión transparente del agua.

Reforzar el valor informativo de los datos recopilados para promover las buenas prácticas en la gestión del agua, y en especial, la utilización de recursos hídricos no convencionales, como son la reutilización del agua y la desalación, que tendrán una sección específica dentro del Observatorio.

Divulgar investigaciones y estudios sobre aspectos relevantes relacionados con los usos del agua con el fin de que, entre otros aspectos, puedan dar respuesta a las cuestiones frecuentemente requeridas por gestores, usuarios, organizaciones y ciudadanía.”

Cuatro. Se añade la sección 2.ª del capítulo II con el siguiente título:

“Sección 2.ª Sello de gestión transparente del agua”

Cinco. Se añade el artículo 13, con el siguiente contenido:

“Artículo 13. El Sello de gestión transparente del agua.

1. Se crea y se regula el Sello de gestión transparente del agua, como un distintivo público que se concederá, a quienes cumplan con los objetivos de transparencia de la información y buena gestión del agua en el ámbito de sus competencias.

2. El otorgamiento del Sello corresponderá a la persona titular de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en el ámbito de las demarcaciones hidrográficas intercomunitarias, y a los órganos que determinen las Comunidades Autónomas en el ámbito de las de demarcaciones hidrográficas intracomunitarias.

3. El Sello se representará con el logotipo que se diseñe en la orden que regule su concesión.”

Seis. Se añade el artículo 14, con el siguiente contenido:

“Artículo 14. Procedimiento para la obtención del Sello de gestión transparente del agua. Requisitos y facultades asociadas al mismo.

1. Mediante orden de la persona titular del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico se desarrollará el procedimiento para la concesión del Sello en el ámbito de las demarcaciones hidrográficas intercomunitarias. En la citada orden se establecerán, entre otros aspectos, las distintas categorías del sello en función de los distintos usos del agua y la eficiencia asociada a los mismos, los requisitos necesarios para obtener el sello, la vigencia del mismo, su prórroga o renovación, así como el control por parte de la administración del cumplimiento de las condiciones en que se otorgue, pudiendo acordar, en su caso, su revocación. Los beneficiarios podrán proceder a la renuncia voluntaria del sello.

2. El sello se concederá sin perjuicio de otros distintivos relacionados con el agua que se puedan establecer, por el Estado o las Comunidades Autónomas, en aplicación de las competencias que en cada caso correspondan.

3. El Sello de gestión transparente del agua será otorgado conforme a lo que establezca la orden que lo regule, reconociendo a los usuarios que, además de cumplir la normativa, dispongan de herramientas y tecnologías destacadas en la gestión del agua y el control del uso, que permitan alcanzar una mayor eficacia en el uso del agua, umbrales significativos en la reducción de los consumos del agua, la minimización de las pérdidas o fugas, la reutilización de los recursos hídricos, la protección de la calidad del agua a través de actuaciones de lucha contra la contaminación puntual y difusa, el fomento de la renaturalización de las cuencas hidrográficas, la digitalización, y que disponga de herramientas que permitan una adecuada transparencia y eficiencia en la gestión de la información sobre la gestión del agua.

4. La obtención del Sello conllevará las siguientes facultades:

a) El empleo del logotipo del Sello en las actividades propias de las personas físicas o jurídicas distinguidas, con fines de comunicación y publicidad.

b) La participación en los actos públicos, jornadas, premios y cualquier otro tipo de actividades que desarrolle el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico o las comunidades autónomas, en su caso.

5. Las personas físicas y jurídicas distinguidas con el Sello en cualquiera de sus tipologías asumirán los siguientes compromisos:

a) Utilizar el Sello de acuerdo con los fines establecidos en este real decreto.

b) Mantener los requisitos y las circunstancias que motivaron la concesión del Sello durante toda su vigencia.

c) Elaborar y remitir un informe anual de seguimiento.

d) Comunicar la pérdida o cualquier modificación de los requisitos establecidos para la concesión del Sello.

6. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico se compromete a la realización de las siguientes actividades:

a) Publicitar a través del Observatorio de la gestión del agua en España las distintas actividades desarrolladas, los resultados alcanzados, así como las buenas prácticas desarrolladas por los usuarios del agua que hayan obtenido este Sello en sus distintas categorías.

b) Fomentar la inclusión de los requisitos para la gestión transparente y eficiente del agua en la convocatoria de ayudas, premios y subvenciones.

c) Fomentar la colaboración con los usuarios que hayan obtenido el Sello con el fin de promover su utilización.

d) Realizar el seguimiento y control del cumplimiento de los requisitos y condiciones para el otorgamiento del sello.”

Siete. Se modifican en el artículo 44 bis la letra e) del apartado 1 y las letras a) y b) del apartado 2, con la siguiente redacción:

“e) Una persona representante, en calidad de vocal, de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, M.P., a través del Centro Nacional del Instituto Geológico y Minero de España, que ostente la condición de funcionario de carrera y ocupe un puesto de trabajo con un nivel administrativo 24 o superior.”

“a) Una persona representante de la Dirección General del Agua del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que ostente la condición de funcionario de carrera y ocupe un puesto de trabajo con un nivel administrativo 24 o superior.

b) Una persona representante de cada uno de los organismos de cuenca distintos del señalado en el apartado anterior en cuya demarcación también se ubique el acuífero compartido, que ostente la condición de funcionario de carrera y ocupe un puesto de trabajo con un nivel administrativo 20 o superior.”

Disposición final tercera. Títulos competenciales.

Este real decreto se dicta al amparo del artículo 149.1.13.ª, 16.ª, 18.ª, 22.ª y 23.ª de la Constitución Española, que atribuyen al Estado competencia exclusiva en materia de bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica, bases y coordinación general de la sanidad, legislación básica sobre contratos y concesiones administrativas, legislación, ordenación y concesión de recursos y aprovechamientos hidráulicos cuando las aguas discurren por más de una comunidad autónoma y legislación básica sobre protección del medio ambiente, sin perjuicio de las facultades de las comunidades autónomas de establecer normas adicionales de protección.

Disposición final cuarta. Habilitación normativa.

Se faculta a las personas titulares del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, y del Ministerio de Sanidad, en el ámbito de sus competencias, para dictar cuantas disposiciones resulten necesarias para su desarrollo, modificación de los anexos para su adaptación a los cambios que se produzcan en la normativa de la Unión Europea o, en su caso, cuando lo aconsejen los cambios en las circunstancias medioambientales o los avances científicos o tecnológicos.

Disposición final quinta. Entrada en vigor.

El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el “Boletín Oficial del Estado”.

REGLAMENTO DE REUTILIZACIÓN DEL AGUA

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto y fines.

1. El objeto del presente reglamento es el desarrollo del régimen jurídico de la reutilización del agua establecido en el capítulo III del título V del texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio (TRLA).

2. Asimismo, completa el Reglamento (UE) 2020/741 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de mayo de 2020, relativo a los requisitos mínimos para la reutilización del agua, aplicando las disposiciones sobre gestión del riesgo en el riego agrícola al resto de usos de agua regenerada.

3. La finalidad del presente reglamento es garantizar que las aguas regeneradas sean seguras para los usos establecidos y, de esta forma, garantizar un alto nivel de protección del medio ambiente, de la salud humana y de la sanidad animal; promover la economía circular; apoyar la adaptación al cambio climático; y contribuir a la satisfacción sostenible de las demandas de agua, a la consecución de los objetivos medioambientales y de protección del dominio público hidráulico (DPH) al hacer frente a la escasez de agua y a las presiones de los recursos hídricos.

Artículo 2. Definiciones.

A efectos de la presente norma, se entiende por:

a) ”agente peligroso”: agente biológico, químico, físico o radiológico que tiene el potencial de causar daños a las personas, los animales, los cultivos o las plantas, la biota terrestre, la biota acuática, los suelos o al medio ambiente en general;

b) ”aguas depuradas”: aguas residuales que han sido sometidas a un proceso de tratamiento que permita adecuar su calidad a la normativa de vertidos aplicable;

c) ”aguas grises”: aguas residuales domésticas, exceptuando las provenientes de inodoros y urinarios;

d) ”aguas regeneradas”: aguas residuales depuradas que, en su caso, han sido sometidas a un proceso de tratamiento adicional o complementario que permite adecuar su calidad según su uso o destino;

e) ”aguas residuales domésticas”: según se define en el artículo 2 del Real Decreto-ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas;

f) ”aguas residuales industriales”: según se define en el artículo 2 del Real Decreto-ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas;

g) ”aguas residuales urbanas”: según se define en el artículo 2 del Real Decreto-ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas;

h) ”alimento”, “empresa alimentaria”: según se definen, respectivamente, en el artículo 2 y artículo 3, apartados 1, 2 y 3 del Reglamento (CE) n.º 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2002, por el que se establecen los principios y los requisitos generales de la legislación alimentaria, se crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y se fijan procedimientos relativos a la seguridad alimentaria;

i) ”autocontrol”: programa de control sobre el funcionamiento del sistema de reutilización realizado por el titular de la autorización de producción y suministro, o por el titular de la concesión de uso de aguas regeneradas;

j) ”autoridad competente”: los organismos de cuenca en las demarcaciones hidrográficas intercomunitarias y las administraciones hidráulicas equivalentes de las comunidades autónomas en las demarcaciones hidrográficas intracomunitarias.

k) ”barrera”: cualquier medio que reduzca o evite un riesgo de infección humana impidiendo el contacto de aguas regeneradas con el producto ingerido y/o con las personas directamente expuestas; o bien, cualquier otro medio que reduzca la concentración de microorganismos en las aguas regeneradas y/o impida que sobrevivan en el producto ingerido;

l) ”estación depuradora de aguas residuales”: conjunto de instalaciones en las que las aguas residuales, industriales o urbanas, son tratadas para su vertido a las aguas, en las condiciones previstas en la autorización de vertido;

m) ”estación regeneradora de agua”: conjunto de instalaciones, independientes o integradas en una estación depuradora de aguas residuales, en las que las aguas son tratadas para ser reutilizadas para distintos usos o destinos, en las condiciones previstas en la autorización de producción y suministro;

n) ”gestión del riesgo”: gestión sistemática que garantice de manera continuada que la reutilización del agua es segura en un contexto específico;

ñ) ”infraestructuras de almacenamiento y/o distribución”: conjunto de estructuras y sistemas que transportan y almacenan agua regenerada más allá de la salida de la estación regeneradora de agua, antes de su suministro a otros actores de la cadena.

o) ”medida correctiva”: acción o actividad apropiada a aplicar cuando ya ha ocurrido un suceso peligroso;

p) ”medida preventiva”: acción o actividad apropiada que pueda prevenir o eliminar un riesgo para la salud o el medio ambiente, o que pueda reducirlo a un nivel aceptable;

q) ”operador de la estación depuradora de aguas residuales”: persona física o jurídica que representa a una entidad privada o pública y que es responsable del funcionamiento de una estación depuradora de aguas residuales;

r) ”operador de la estación regeneradora de aguas”: persona física o jurídica que representa a una entidad privada o a una autoridad pública y que es responsable del funcionamiento de una estación regeneradora de agua;

s) ”operador de las infraestructuras de almacenamiento y/o distribución”: persona física o jurídica que representa a una entidad privada o a una autoridad pública que, siendo productor y suministrador o usuario de agua regenerada, es responsable del funcionamiento de las infraestructuras de almacenamiento y/o distribución;

t) ”parte responsable”: agente del sistema de reutilización del agua que desempeña una función definida en el Plan de gestión del riesgo del agua regenerada. Incluye: operador de la estación regeneradora; operador estación depuradora, en su caso; el operador de las infraestructuras de almacenamiento y/o distribución.

u) ”primer usuario”: persona física o jurídica que ostenta la concesión para la primera utilización de las aguas derivadas;

v) ”productor y suministrador”: entidad que produce y provee de aguas regeneradas para su uso por otros o para uso propio, y es titular de la autorización de producción y suministro;

w) ”punto de cumplimiento de las aguas regeneradas”: punto geográfico en el que el operador de la estación regeneradora de aguas entrega las aguas regeneradas al siguiente actor de la cadena. Es en este punto en el que las aguas regeneradas deberán cumplir las condiciones exigidas en la autorización de producción y suministro de aguas regeneradas;

x) ”punto de entrega de las aguas depuradas”: punto geográfico en el que el operador de la estación depuradora de aguas residuales entrega las aguas depuradas al operador de la estación regeneradora de aguas. En este punto las aguas deberán cumplir las condiciones exigidas en la autorización de vertido y, en su caso, las descritas en el Plan de gestión del riego del agua regenerada;

y) ”punto de entrega de las aguas regeneradas”: punto geográfico en el que un operador entrega las aguas regeneradas a otro operador o usuario. Si este punto no coincide con el punto cumplimiento de las aguas regeneradas, las aguas deberán cumplir las condiciones exigidas en el Plan de gestión del riego del agua regenerada;

z) ”recirculación de aguas”: es el uso de las aguas residuales tratadas en operaciones y procesos industriales dentro de la misma actividad, que las genera, provenientes de la propia instalación, complejo industrial o instalaciones conectadas a las mismas estaciones de tratamiento y regeneración de agua;

aa) ”reutilización del agua”: utilización para un nuevo uso privativo, antes de su devolución al DPH o al dominio público marítimo-terrestre (DPMT), de las aguas que, habiendo sido utilizadas por quien las derivó, se han sometido a un tratamiento que permite adecuar su calidad al uso al que se van a destinar;

bb) ”riesgo”: probabilidad de que agentes peligrosos detectados causen daño en un plazo determinado, incluida la gravedad de las consecuencias;

cc) ”sistema de reutilización del agua”: infraestructura y otros elementos técnicos necesarios para producir, suministrar y utilizar aguas regeneradas, con la dotación y calidad definidas según los usos o destinos previstos; comprende todos los elementos desde el punto de entrada de la estación depuradora de aguas residuales hasta el lugar de uso de las aguas regeneradas, con inclusión, en su caso, de la infraestructura de distribución y almacenamiento;

dd) ”suceso peligroso”: acontecimiento en el que las personas o el medio ambiente se ven expuestas a un agente peligroso dentro del sistema. Puede tratarse de un incidente o una situación que introduzca o libere el agente peligroso en el medio ambiente en el que viven o trabajan las personas, amplifica la concentración de un agente peligroso o no logra eliminarlo del medio ambiente humano;

ee) ”usuario final del agua regenerada”: persona física o jurídica pública o privada que utiliza el agua regenerada para el uso previsto.

Artículo 3. Ámbito de aplicación.

1. El presente reglamento se aplica a la producción y suministro, así como al uso de las aguas regeneradas antes de su devolución, en su caso, al DPH o al DPMT, conforme a los requisitos especificados en los anexos I y II de este reglamento.

2. Con carácter general quedan excluidos del ámbito de aplicación de este reglamento:

a) la utilización de agua de lluvia y de las aguas grises tratadas en el ámbito privado antes de su recogida en los propios sistemas colectores;

b) el aprovechamiento de escorrentía pluvial en sistemas urbanos de drenaje sostenible;

c) el aprovechamiento de aguas freáticas procedentes de infraestructuras subterráneas urbanas;

d) el aprovechamiento de aguas almacenadas en tanques de tormenta en sistemas separativos;

e) la utilización de los retornos de agua procedentes del regadío;

f) la recirculación, dentro de los procesos propios de una actividad industrial, de aguas que provengan de la propia instalación o instalaciones conectadas a las mismas estaciones de tratamiento y regeneración de agua. Así como, la utilización de agua regenerada dentro de las instalaciones de la estación de tratamiento de aguas;

g) la utilización de las aguas residuales tratadas en el ámbito privado para autoconsumo de forma previa a su recogida en sistemas colectores.

3. El empleo de las aguas regeneradas para la recarga artificial de acuíferos, así como para satisfacer las necesidades hídricas de humedales y otros ecosistemas acuáticos serán considerados, a efectos de este Reglamento, no como usos sino como destinos ambientales, y su tramitación se realizará conforme a lo establecido en el RDPH, estando sujeto a los requisitos de calidad especificados en los anexos I y II de este reglamento.

4. Los proyectos de investigación o piloto quedan excluidos del ámbito de aplicación de este reglamento siempre que se presente ante la autoridad competente una declaración responsable, que se trasladará a la autoridad sanitaria y cumplan con los siguientes requisitos:

a) No se llevarán a cabo en una masa de agua utilizada para la captación de aguas destinadas a la producción de agua de consumo humano ni en las correspondientes zonas de protección que se establezcan con arreglo a lo dispuesto en la Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas.

b) Estarán sujetos a un seguimiento adecuado.

c) Cualquier exclusión en virtud de lo dispuesto en el presente apartado se limitará a un período máximo de cinco años.

d) En el caso de que las aguas regeneradas se destinen al riego agrícola, no se introducirá en el mercado ningún cultivo resultante de un proyecto de investigación o piloto que sea objeto de exclusión en virtud del presente apartado.

e) Los requisitos que las autoridades competentes o sanitarias hayan fijado previamente, por razones medioambientales o sanitarias.

Artículo 4. Compatibilidad del uso del agua regenerada con los objetivos ambientales de la planificación hidrológica y la protección de los ecosistemas asociados al medio hídrico.

1. La aplicación de este reglamento tendrá como objetivo, de forma general, garantizar la compatibilidad de los usos dados al agua regenerada con los objetivos ambientales de la planificación hidrológica. Para ello, en la tramitación de cualquier expediente de reutilización, se deberá evitar, en la medida de lo posible, un incremento de las demandas de recursos hídricos y las posibles afecciones a los caudales circulantes y a las masas de agua subterráneas, en especial a los acuíferos costeros en relación con la intrusión salina, teniendo en consideración, conforme a los objetivos de la planificación hidrológica, los siguientes criterios y condicionantes:

a) el aseguramiento del régimen de caudales ecológicos y de los usos del agua ya existentes aguas abajo.

b) la plena reutilización del agua en zonas costeras que son vertidas directamente al mar a través de emisarios submarinos, salvo en aquellos supuestos que pueda destinarse a la recarga de acuíferos y con ello, entre otros aspectos, evitar la intrusión salina.

c) la utilización del agua regenerada en sustitución de recursos captados de los sistemas naturales, en la medida que sea posible.

d) las necesidades hídricas de los espacios Red Natura 2000, los humedales catalogados o de importancia internacional y en general, todos los espacios naturales protegidos regulados por la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

2. Como criterio general, la reutilización de las aguas regeneradas no podrá llevar asociada un incremento de las demandas de agua en aquellas masas de agua que incumplan los objetivos ambientales establecidos en la planificación hidrológica, y en especial, en las masas de agua subterránea declaradas en riesgo conforme al artículo 56 del TRLA, en las que cualquier nueva concesión de uso de agua regenerada deberá llevar asociada la sustitución de recursos captados de los sistemas naturales.

CAPÍTULO II

Producción y suministro de aguas regeneradas

Artículo 5.  Condiciones generales de la producción y suministro de aguas regeneradas.

1. De acuerdo con el artículo 109 ter del TRLA y el artículo 6.1 del Reglamento (UE) 2020/741 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de mayo de 2020, la producción y suministro de aguas regeneradas requiere autorización de la autoridad competente. El titular de dicha autorización será considerado productor y suministrador de agua regenerada.

2. Cuando se otorgue o modifique la autorización de producción y suministro de aguas regeneradas, la autoridad competente revisará, en su caso, la autorización de vertido al DPH o al DPMT.

En vertidos al DPH la autorización revisada reflejará, entre otros aspectos, el descuento en el cálculo del importe del canon de control de vertidos del volumen de agua que sea efectivamente reutilizado durante el período impositivo y amparado por el correspondiente título concesional, de conformidad con el artículo 113.3, párrafo segundo, del TRLA.

3. La autorización no exime a sus titulares de obtener otras licencias o autorizaciones preceptivas para el ejercicio de la actividad, en particular las establecidas en el artículo 84 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, excepto en el caso de que las instalaciones previstas gocen de las prerrogativas establecidas en el artículo 127 del TRLA. Asimismo, no exime a sus titulares de obtener las autorizaciones establecidas, en su caso, en el artículo 5 del texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre.

4. Cuando exista una conectividad entre distintas aglomeraciones urbanas y sus sistemas de saneamiento, la autorización de producción y suministro podrá solicitarse para una o varias estaciones de tratamiento de agua regenerada, pudiendo contemplar el plan de gestión del riesgo de las aguas regeneradas el conjunto de las instalaciones de las distintas aglomeraciones urbanas incluidas en la solicitud.

Artículo 6. Iniciación del procedimiento de autorización de producción y suministro.

1. El procedimiento para obtener la autorización de producción y suministro se iniciará mediante la presentación de la solicitud en la sede electrónica de la autoridad competente, cuando se trate de personas jurídicas, mientras que las personas físicas podrán presentarla en cualquiera de los lugares establecidos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

La solicitud se dirigirá a la autoridad competente para otorgar la autorización e irá acompañada de la descripción del sistema de reutilización.

2. La descripción del sistema de reutilización contendrá, al menos, para cada estación regeneradora, los elementos previstos del sistema de reutilización de las aguas y características de las infraestructuras que lo componen; la localización geográfica del punto de entrega de las aguas depuradas, del punto de cumplimiento de las aguas regeneradas y del punto de entrega de las aguas regeneradas; las clases de calidad de las aguas regeneradas producidas y suministradas, así como el volumen previsto por clase de calidad; y, por último, el programa de autocontrol de la calidad del agua regenerada.

Adicionalmente contendrá los lugares potenciales o previstos de uso de las aguas regeneradas si ya estuvieran definidos.

Artículo 7. Instrucción del procedimiento de autorización de producción y suministro.

1. La autoridad competente examinará la documentación presentada. Si la solicitud no reúne los requisitos que señala el artículo 66 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, u otros exigidos por la legislación específica aplicable, se requerirá al interesado para que, en un plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21 de la citada ley.

2. Cuando el solicitante no sea el titular de la autorización de vertido, la autoridad competente comunicará la solicitud presentada al titular de la autorización de vertido, que tendrá preferencia para el otorgamiento de la autorización de producción y suministro de aguas regeneradas. El titular de la autorización de vertido podrá solicitar la citada autorización en un plazo de un mes a contar desde la fecha de la comunicación por, al menos, el mismo volumen de producción de la solicitud inicial de autorización de producción y suministro de agua regenerada. En caso de que no se presente esta solicitud en el plazo señalado, se entenderá que desiste de su presentación.

3. Una vez validada la documentación presentada, la autoridad competente solicitará, cuando de la información presentada se deduzca que pueda haber afección a la gestión de los recursos hídricos de la cuenca o a los objetivos ambientales de las masas de agua asociadas, el informe de compatibilidad con el plan hidrológico de la demarcación, analizando los criterios y condicionantes establecidos en el artículo 4 de este reglamento. Este informe, en especial, se pronunciará sobre las garantías del mantenimiento del régimen de caudales ecológicos y de los usos ya existentes aguas abajo de la solicitud, así como, en su caso, los criterios o requisitos para la sustitución de recursos captados de los sistemas naturales por el agua regenerada.

El plazo de emisión de este informe será de un mes. De no emitirse el informe en el plazo señalado, se procederá conforme a lo establecido en el artículo 80.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

4. Una vez recibido, en caso necesario, el informe de compatibilidad, si es favorable, se requerirá al solicitante para que, en el plazo de un mes, presente el Plan de gestión del riesgo del agua regenerada con la información prevista en el anexo III. Si el informe establece condiciones o circunstancias que limiten la petición, se pondrá en conocimiento del solicitante aquellas condiciones o la circunstancia indicada, según el caso, a fin de que el mismo, en el plazo no inferior a diez días ni superior a quince, manifieste si desea proseguir la tramitación de la concesión, aun cuando esta pueda quedar afectada por las limitaciones citadas, sobreentendiéndose su conformidad si no hiciera manifestación en contrario durante el plazo citado.

En el caso de que la autoridad competente no solicite el informe de compatibilidad con el plan hidrológico de la demarcación cuando este no resulte necesario, requerirá al solicitante para que, en el plazo de un mes, presente el plan de gestión del riesgo del agua regenerada para continuar con su tramitación.

5. Recibido el Plan de gestión del riesgo, la autoridad competente solicitará el informe preceptivo y vinculante a la autoridad sanitaria de la comunidad autónoma, así como otros informes que considere convenientes. El plazo de emisión del informe de la autoridad sanitaria será de tres meses, transcurrido el cual, sin que se haya emitido informe, se procederá conforme a lo establecido en el artículo 80 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

6. Simultáneamente se someterá a información pública el expediente conforme a lo establecido en la disposición adicional octava del RDPH, durante el plazo de un mes, contado a partir de su publicación en el “Boletín Oficial del Estado”, indicando, en su caso, la petición de declaración de utilidad pública a efectos de expropiación forzosa o de imposición de servidumbre.

7. En aras de la cooperación transfronteriza, si la reutilización del agua puede afectar a otro Estado, antes de conceder una autorización, la autoridad competente intercambiará información sobre las condiciones establecidas en la misma a tenor de los acuerdos de cooperación transfronteriza suscritos.

Artículo 8.  Resolución del procedimiento de autorización de producción y suministro de aguas regeneradas.

1. Finalizado el plazo al que se refiere el artículo 7.6 y a la vista de los informes recibidos y el resultado de la información pública, la autoridad competente elaborará la propuesta de resolución en la que se establecerán las condiciones en las que se otorgará la autorización de producción y suministro de aguas regeneradas. Esta propuesta de resolución se notificará a los interesados para que, en un plazo de diez días puedan formular alegaciones y presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes.

2. Las condiciones a las que se refiere el apartado anterior, se basarán en el Plan de gestión del riesgo del agua regenerada y especificarán, entre otros elementos, los siguientes:

a) el origen de las aguas residuales depuradas;

b) la estación o estaciones regeneradoras de aguas a las que se refiere la autorización;

c) la clase o clases de calidad de las aguas regeneradas y el uso o usos para el que se permiten las aguas regeneradas;

d) los lugares potenciales o previstos de utilización; así como la localización geográfica del punto o puntos de cumplimiento asociados.

e) el volumen de agua regenerada que potencialmente pueda ser producido y suministrado, de forma mensual y anual, distinguiendo, en su caso, las distintas clases producidas.

f) las condiciones relativas a los requisitos mínimos de calidad y control del agua previstos en los anexos I y II para cada una de las clases producidas;

g) toda condición relativa a los requisitos adicionales que ha de cumplir el titular de la autorización, prevista en el Plan de gestión del riesgo del agua regenerada;

h) cualquier otra condición necesaria para eliminar todo riesgo inaceptable para el medio ambiente, para la salud humana y la sanidad animal de modo que cualquier riesgo sea de un nivel aceptable;

i) el plazo de vigencia de la autorización;

j) las obligaciones de remisión de información a la administración competente sobre la producción y suministro de aguas regeneradas y en particular, la periodicidad en la que es obligatorio analizar y acreditar los parámetros exigidos en el punto de cumplimiento según la calidad autorizada.

k) el análisis y viabilidad de los criterios para el establecimiento del precio o tarifa del uso del agua regenerada suministrada, así como las condiciones con las que se actualizará periódicamente.

3. La autoridad competente dictará resolución y la notificará a los interesados en el plazo máximo de doce meses desde que la solicitud haya tenido entrada en el registro de la administración u organismo competente para su tramitación. En el caso de no dictar resolución expresa en dicho plazo, podrá entenderse desestimada.

La resolución pondrá fin a la vía administrativa. Frente a dicha resolución podrán interponerse los recursos que correspondan según lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

4. Si el condicionado de la autorización de producción y suministro comporta la ejecución de obras o instalaciones, la autorización no producirá plenos efectos jurídicos hasta que la administración competente apruebe el acta de recepción o conformidad de aquellas. Asimismo, si se va a producir agua regenerada de clase A para riego agrícola, antes de poner en servicio una nueva estación regeneradora de agua se deberá documentar el cumplimiento de los requisitos de validación previstos en el anexo II.A.

Estas comprobaciones podrán ser certificadas por entidades colaboradoras de la administración hidráulica.

5. La autoridad competente incluirá y actualizará anualmente en el censo de vertidos autorizados la información relativa a las autorizaciones de producción y suministro, junto con los requisitos de calidad, los volúmenes de agua regenerada suministrada y los resultados del programa de control. Esta información podrá ser actualizada con los datos solicitados por la Comisión Europea para cumplir con lo dispuesto en el artículo 11 del Reglamento (UE) 2020/741 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de mayo de 2020, sobre Información relativa al seguimiento de aplicación de este.

Asimismo, la autoridad competente enviará esta información a la Dirección General del Agua a través del censo nacional de vertidos.

Artículo 9. Condicionantes al volumen autorizado de producción y suministro de agua regenerada.

1. Se otorgará la autorización de producción y suministro de aguas regeneradas para el volumen que potencialmente pueda ser regenerado conforme a las características de las instalaciones, sin perjuicio de las resoluciones de concesión que sea necesario obtener para el aprovechamiento de las aguas por parte de los usuarios del agua regenerada.

2. En los casos donde el volumen de agua reutilizada sustituya parte del volumen de una concesión de agua de diferentes captaciones, el volumen de cada captación será flexible dependiendo de la garantía de suministro de agua regenerada. En cualquier caso, se deberá respetar el volumen total de la concesión.

3. Esta autorización no garantiza en ningún caso el volumen de agua autorizado a regenerar. La disponibilidad de un volumen inferior al autorizado no dará derecho a ninguna indemnización a cargo de la administración. La autoridad competente no será responsable de los posibles daños que pudieran ocasionarse por cualquier incumplimiento por parte de los titulares de las autorizaciones de vertido asociadas.

Artículo 10. Plazos de la autorización de producción y suministro y revisiones asociadas.

1. La autorización de producción y suministro de aguas regeneradas tendrá un plazo de diez años, entendiéndose renovada por plazos sucesivos de igual duración al autorizado y por un máximo de tres renovaciones, notificándose a su titular con seis meses de antelación y siempre que el titular de la autorización haya dado cumplimiento a las condiciones establecidas en la misma y que concurran las mismas condiciones en las que se otorgó la autorización inicial.

2. No obstante, la autoridad competente revisará la autorización cuando concurra alguna de las siguientes causas:

a) Se haya revisado la autorización de vertido a la que está asociada;

b) Haya habido un cambio sustancial de capacidad;

c) Haya habido una modernización sustancial del equipo;

d) Se hayan incorporado nuevos equipos o procesos que supongan un cambio en la calidad producida o en la gestión del riesgo;

e) Haya habido cambios en las condiciones climáticas o de otro tipo que afecten de manera significativa al estado de las masas de aguas, a la salud humana, al medio ambiente y a la sanidad animal, conforme con los objetivos de planificación hidrológica.

3. El incumplimiento de las condiciones de la autorización dará lugar a la revocación de la misma, mediante resolución motivada, previa audiencia del interesado.

4. La revisión o revocación de la autorización no dará lugar a indemnización.

CAPÍTULO III

Uso de las aguas regeneradas

Artículo 11. Condiciones generales del uso de las aguas regeneradas.

1. De conformidad con el artículo 109 bis del TRLA, el uso de aguas regeneradas requiere concesión administrativa o la modificación de características de una concesión existente, siendo aplicable el régimen jurídico establecido en las secciones 1.ª y 2.ª del capítulo III del título IV de dicha ley. En todo caso, cualquier usuario que ya disponga de un título habilitante que le permita el aprovechamiento de aguas continentales y que quiera disponer de agua regenerada, deberá solicitar, en su caso, la modificación de la concesión vigente para incluir el agua regenerada.

2. El concesionario del agua regenerada podrá ser igualmente titular de la autorización de producción y suministro, y responsable, en su caso, de la distribución del agua regenerada entre los distintos usuarios finales de las aguas regeneradas con los requisitos de calidad exigidos en este reglamento.

3. La concesión de utilización de las aguas regeneradas será título suficiente que ampare el uso privativo del agua regenerada por los distintos usuarios finales conforme a lo que se establezca expresamente en su condicionado. La regulación del uso del agua regenerada por los usuarios finales podrá realizarse en el marco de las ordenanzas municipales, en el supuesto de estaciones de regeneración de aguas de titularidad municipal o gestionadas por entes locales, o bien mediante los instrumentos jurídicos correspondientes y siempre al amparo del Plan de gestión del riesgo del agua regenerada y la autorización de producción y suministro.

Cuando el uso final sea el agrícola, se estará a lo establecido en los artículos 61.4, 61.5 y 62.1 del TRLA.

4. Cuando el solicitante de la concesión de las aguas regeneradas coincida con el operador de la estación regeneradora de aguas, el procedimiento para la autorización de producción y suministro se podrá tramitar de forma simultánea con la concesión.

5. Cuando las aguas regeneradas sean aprovechadas por un usuario distinto al titular de la autorización de producción y suministro de aguas regeneradas, el productor y suministrador, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 109 quinquies.1 del TRLA, podrá repercutir sobre los usuarios finales los costes asociados a la producción y suministro de aguas regeneradas, mediante el correspondiente instrumento jurídico que irá acompañado, en su caso, de un estudio económico.

Artículo 12. Usos admitidos de las aguas regeneradas.

1. Las aguas regeneradas podrán utilizarse para los usos indicados en el anexo I.A. o para cualesquiera otros que reúnan las condiciones de calidad exigidas por la autoridad competente de conformidad con lo establecido en el artículo 16.2.

2. Se prohíbe la reutilización de aguas para los siguientes usos:

a) Para el consumo humano directo, salvo situaciones de declaración de catástrofe, de conformidad con la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil. En estos casos la autoridad sanitaria especificará los niveles de calidad exigidos a dichas aguas.

b) En el ámbito de la empresa alimentaria para aquellos usos y condiciones distintos de los especificados en el apartado B del punto 3 del anexo I.A.

c) Para uso en instalaciones hospitalarias y otras instalaciones médicas.

d) Para el cultivo de moluscos filtradores en acuicultura.

e) Para el uso recreativo como agua de baño en instalaciones artificiales.

3. Las autoridades sanitarias, ambientales y agrarias podrán establecer, de forma motivada, la prohibición de otros usos que consideren un riesgo para la salud de las personas o un perjuicio para el medio ambiente, cualquiera que sea el momento en el que se aprecie dicho riesgo o perjuicio.

Artículo 13. Iniciación del procedimiento de obtención de la concesión para el uso de aguas regeneradas.

1. La tramitación de la concesión se ajustará a lo establecido en el artículo 93 y siguientes del Reglamento de Dominio Público Hidráulico (RDPH). El procedimiento se iniciará mediante la presentación de la solicitud en la sede electrónica de la autoridad competente, cuando se trate de personas jurídicas, mientras que las personas físicas podrán presentarla en cualquiera de los lugares establecidos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo común de las Administraciones Públicas.

La solicitud se dirigirá a la autoridad competente de acuerdo con el artículo 104 del RDPH e irá acompañada, además, de la documentación acreditativa de los siguientes extremos:

a) identificación de la estación o estaciones regeneradoras de agua previstas y de los titulares de las autorizaciones de producción y suministro, o del solicitante de dicha autorización, en caso de existir. A estos efectos, será posible identificar una estación cuyo titular se encuentre tramitando la autorización de producción y suministro de aguas regeneradas, en cuyo caso el otorgamiento de la concesión quedará condicionado a que finalmente la estación regeneradora de agua obtenga la autorización necesaria para producir y suministrar aguas regeneradas.

b) referencia al plan o planes de gestión del riesgo del agua regenerada asociados, en caso de existir;

c) compromiso del solicitante de la concesión de cumplir con el Plan de gestión del riesgo del agua regenerada.

2. En los casos que la planificación hidrológica prevea la sustitución de aguas superficiales o subterráneas por aguas regeneradas se iniciará de oficio o instancia de parte la modificación de las concesiones otorgadas.

3. En el caso de concesiones solicitadas por comunidades de usuarios, se presentará el documento que acredite que la solicitud de concesión para uso de aguas regeneradas ha sido aprobada por la Junta general en las condiciones previstas en el artículo 106 del RDPH. En el caso de uso para riego agrícola, se presentará en todo caso una copia actualizada del plano parcelario del catastro, y en formato digital convenientemente georreferenciado, donde se señalará la superficie regable.

4. Cuando el solicitante de la concesión de uso de las aguas regeneradas sea el primer usuario y el uso al que se vaya a destinar esté reconocido en el marco de su concesión original, quedará exento de la necesidad de disponer de una nueva concesión. En tal caso, la persona interesada solicitará a la autoridad competente la modificación de la concesión existente para incluir el uso de las aguas regeneradas solicitadas. La autoridad competente modificará la concesión original siempre y cuando sea compatible con el plan hidrológico y con los derechos de aprovechamiento de terceros, quedando exento del trámite de competencia de proyectos. En todo caso, el concesionario estará sometido al régimen de autorizaciones y controles previstos en los artículos 109 ter y 109 quater del TRLA.

De igual forma se procederá cuando el concesionario para la primera utilización de las aguas sea una asociación de municipios o una entidad pública que los represente, y la solicitud de concesión la formule, a través de dicha entidad titular de la concesión, al menos uno de los municipios asociados o representados.

Artículo 14. Instrucción del procedimiento de concesión.

1. La autoridad competente, recibida la petición y estimada conforme, iniciará el trámite de competencia de proyectos.

Durante este trámite, se notificará la solicitud al primer usuario y al titular de la autorización de vertido en los plazos y términos establecidos en el RDPH.

2. Una vez analizada por la autoridad competente toda la documentación presentada, si el informe sobre la compatibilidad de la solicitud de concesión con el plan hidrológico de la demarcación hidrográfica se considera viable, analizando los criterios y condicionantes establecidos en el artículo 4, se solicitará informe preceptivo y vinculante a las autoridades sanitarias. La autoridad competente podrá asimismo solicitar informes a otros órganos cuando lo considere necesario.

Cuando el uso de las aguas regeneradas fuese el agrícola, se solicitará informe preceptivo del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

3. El plazo de emisión de estos informes será de tres meses, transcurrido el cual, sin que se hayan emitido, se procederá conforme a lo establecido en el artículo 80 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

4. Simultáneamente con el trámite de petición de informes, la autoridad competente someterá a información pública el expediente durante un mes.

5. Para los trámites posteriores, relativos a la emisión del informe sobre los documentos técnicos presentados, audiencia a los interesados, e informe de la Abogacía del Estado, será de aplicación lo previsto en los artículos 111, 112, 113 y 114 del RDPH.

Artículo 15. Resolución de concesión del uso de aguas regeneradas.

1. Finalizada la instrucción del expediente la autoridad competente elaborará la propuesta de resolución de la concesión de aguas regeneradas.

2. La propuesta de resolución deberá justificar que el uso de las aguas regeneradas es compatible con la planificación hidrológica y cumple el objetivo de asegurar un elevado nivel de protección de la salud humana, la sanidad animal y del medio ambiente, así como el mantenimiento del régimen de caudales ecológicos y de los usos ya existentes. En todo caso deberá atenerse a los criterios y condicionantes establecidos en el artículo 4.

3. En la propuesta de resolución, la autoridad competente reflejará aquellas situaciones en las que la concesión de aguas regeneradas requiera la sustitución, total o parcial, de aguas superficiales o subterráneas por agua regenerada, con la finalidad de contribuir a alcanzar los objetivos medioambientales de las masas de agua o a la optimización de la gestión de los recursos hídricos. En esas situaciones podrán concederse al usuario las ayudas previstas en el artículo 109.2 del TRLA o la exención establecida en el artículo 114.2 del TRLA.

4. El condicionado de la concesión estará sujeto, entre otros, a los requisitos del Plan de gestión del riesgo del agua regenerada, y en él, se especificarán, además de las previstas en el artículo 115 del RDPH, las siguientes condiciones específicas derivadas del Plan de gestión del riesgo asociado:

a) la autorización de producción y suministro asociada a la concesión, vigencia de la misma y criterios en caso de revisión o actualización;

b) el volumen máximo anual de aguas regeneradas en metros cúbicos y modulación mensual prevista, en su caso, incluyendo el caudal máximo instantáneo expresado en litros por segundo de aguas regeneradas;

c) los usos admitidos;

d) los puntos de entrega y localización del uso del agua regenerada, debiéndose identificar el término municipal y provincia donde esté ubicado el punto de entrega y el lugar del uso;

e) las características de calidad del agua regenerada que deben cumplir los criterios de calidad exigidos para cada uso que se establecen en el anexo I;

f) los elementos de control y señalización del sistema de reutilización;

g) las medidas de gestión del riesgo necesarias para evitar riesgos inadmisibles;

h) cualquier otra condición que la autoridad competente considere oportuna debido a las características específicas del aprovechamiento y del cumplimiento de la finalidad del sistema de reutilización del agua.

5. Una vez elaborada la propuesta de condiciones, para los sucesivos trámites, será de aplicación lo previsto en el artículo 116 del RDPH.

6. Si el condicionado de la concesión, ligado al cumplimiento del Plan de gestión del riesgo, comporta la ejecución de obras o instalaciones, la explotación total o parcial del aprovechamiento quedará condicionada a la aprobación del acta de recepción o conformidad de las obras correspondientes. La comprobación necesaria para dicha aprobación podrá ser certificada por entidades colaboradoras de la administración hidráulica.

7. Las concesiones para el uso de aguas regeneradas serán inscritas en la sección A) del Registro de Aguas en la forma que establece el artículo 189 y siguientes del RDPH.

CAPÍTULO IV

Requisitos de calidad y evaluación de la conformidad

Artículo 16.  Requisitos de calidad.

1. Las aguas regeneradas deberán cumplir los requisitos de calidad por uso o destino recogidos en el anexo I.A y I.B, así como los que, en su caso, se determinen en el Plan de gestión del riesgo.

2. En los supuestos de reutilización del agua para usos no contemplados en el anexo I, la autoridad competente, previo informe preceptivo y vinculante de la autoridad sanitaria, exigirá las condiciones de calidad que se adapten al uso más semejante de los descritos en el mencionado anexo. Será necesario, en todo caso, motivar la reutilización del agua para un uso no contemplado en el mismo.

3. Si el agua regenerada está destinada a varios usos, serán de aplicación las condiciones de calidad más exigentes de las requeridas para los usos previstos, a no ser que el Plan de gestión del riesgo prevea un tratamiento o barrera adicional por parte de un agente distinto al operador de la estación regeneradora.

Artículo 17. Cumplimiento de la calidad.

La calidad del agua regenerada es adecuada a las exigencias de este real decreto si el control realizado en el punto de cumplimiento cumple con los requisitos de conformidad previstos en el anexo II, así como las exigencias específicas que sobre la calidad del agua y su control determine en cada caso el Plan de gestión del riesgo del agua regenerada.

Artículo 18. Control del cumplimiento de las autorizaciones y concesiones y seguimiento de la calidad.

1. Las partes responsables identificadas en el sistema de reutilización deben asegurar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la autorización o concesión otorgada y en la parte del Plan de gestión del riesgo del agua regenerada que les corresponda.

Asimismo, el usuario garantizará el cumplimiento de los requisitos de calidad exigidos por la legislación sectorial y, cuando proceda, la referente a la higiene de los alimentos.

2. El operador de la estación regeneradora es el responsable del cumplimiento de calidad exigida en el punto de cumplimiento, así como de la ejecución del programa de control.

3. El titular de la autorización de producción y suministro podrá presentar una solicitud motivada para reducir los indicadores o frecuencia de análisis cuando la probabilidad de su presencia en las aguas regeneradas sea baja, por lo que resulta improbable el incumplimiento del valor máximo admisible. En este caso, la reducción en el control será autorizada por la autoridad competente y la autoridad sanitaria.

Recibida la solicitud, la autoridad competente solicitará el informe preceptivo y vinculante a la autoridad sanitaria de la comunidad autónoma. El plazo de emisión del informe de la autoridad sanitaria será de un mes, transcurrido el cual, sin que se haya emitido informe, se procederá conforme a lo establecido en el artículo 80 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

La autoridad competente dictará resolución y la notificará a los interesados en el plazo máximo de tres meses desde que la solicitud haya tenido entrada en el registro de la administración u organismo competente para su tramitación. En el caso de no dictar resolución expresa en dicho plazo, podrá entenderse desestimada.

La resolución pondrá fin a la vía administrativa. Frente a dicha resolución podrán interponerse los recursos que correspondan según lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

4. La autoridad competente y las autoridades sanitarias podrán exigir motivadamente al operador de las infraestructuras de almacenamiento y/o distribución que realice el control de la calidad de las aguas.

5. La autoridad competente para otorgar la autorización de producción y suministro podrá exigir que una entidad colaboradora de la administración hidráulica certifique el cumplimiento de las condiciones de la autorización de producción y suministro y de la concesión de uso, así como de los requisitos del Plan de gestión del riesgo.

Artículo 19. Actuaciones en caso de incumplimiento.

1. Cuando se produzca un incidente con repercusiones en el cumplimiento de las condiciones establecidas en la autorización o concesión, se adoptarán las medidas determinadas en el Plan de gestión del riesgo del agua regenerada. Si en un control rutinario se superan en un parámetro los límites de desviación máxima se procederá tal y como establece el anexo II.D.

2. El operador de la estación regeneradora de aguas o cualquier otra parte responsable informará, de inmediato, a las autoridades competentes del incidente indicando la información necesaria para valorar el impacto. Asimismo, lo comunicará a las partes responsables que pudieran verse afectadas.

3. Si el incidente no estaba previsto en el Plan de gestión, se realizará la evaluación del riesgo y, en su caso, se añadirán las medidas que conduzcan a un riesgo aceptable. Si estaba previsto, se revisará la evaluación del riesgo y, en su caso, se modificará su clasificación y se introducirán las medidas adicionales que se consideren necesarias.

Artículo 20. Inspección y vigilancia de la autorización y concesión.

1. La autoridad competente es responsable de la inspección y vigilancia del cumplimiento de las condiciones establecidas en la autorización de producción y suministro de aguas regeneradas y en la concesión de uso, en especial, sobre aquellos aspectos asociados a la protección del DPH.

La autoridad sanitaria es responsable de inspeccionar y vigilar la calidad del agua, y en especial, sobre aquellos aspectos asociados a la salud pública desde el punto de entrega de las aguas regeneradas hasta el lugar de uso, todo ello, sin perjuicio de las competencias que corresponden a otras autoridades con competencias sectoriales específicas.

2. Las partes responsables deberán acreditar periódicamente, ante la autoridad competente y la autoridad sanitaria, el cumplimiento de las condiciones establecidas en los títulos habilitantes que podrá realizarse a través de un certificado emitido por una entidad colaboradora de la administración.

CAPÍTULO V

Gestión del riesgo

Artículo 21.  Plan de gestión del riesgo del agua regenerada.

1. Con el fin de garantizar que las aguas regeneradas se usan y gestionan de forma segura, las partes responsables del sistema de reutilización elaborarán un Plan de gestión del riesgo del agua regenerada, mediante el que se coordinará el conjunto de funciones de cada parte en el sistema de reutilización de aguas.

Un plan de gestión del riesgo del agua regenerada podrá aplicarse a uno o varios sistemas de reutilización del agua.

2. El Plan de gestión del riesgo del agua regenerada definirá el sistema de reutilización e identificará los riesgos asociados a las funciones relacionadas con la producción, suministro y uso de las aguas regeneradas; los elementos clave para la gestión de tales riesgos; y las medidas y actuaciones necesarias para mantenerlo en niveles aceptables para la salud humana, el medio ambiente y la sanidad animal.

Igualmente, identificará las partes responsables y delimitará la responsabilidad que incumbe a cada una de ellas en el sistema de reutilización del agua, en relación con el cumplimiento de dicho Plan.

3. El plan, que deberá incluir la conformidad de todas las partes responsables, será presentado durante el procedimiento de solicitud de otorgamiento, revisión o renovación de la autorización de producción y suministro de aguas regeneradas para su valoración por la autoridad competente, visto el informe de la autoridad sanitaria.

4. Las partes responsables pondrán a disposición de las autoridades competentes y de las autoridades sanitarias, para cuando estas lo soliciten, la documentación y registros relativos a la elaboración y aplicación del Plan de gestión del riesgo, así como un resumen de sus resultados.

Artículo 22.  Contenido del Plan de gestión del riesgo del agua regenerada.

1. La elaboración del Plan de gestión del riesgo se basará en todos los elementos clave de la gestión del riesgo que figuran en el anexo III.

2. En particular, el Plan de gestión del riesgo del agua regenerada debe:

a) Establecer todos los requisitos aplicables a los operadores de las estaciones regeneradora de aguas incluidas en su ámbito territorial, así como de los requisitos mínimos especificados en el anexo I y los especificados en el anexo III.B con el fin de mitigar en mayor medida los riesgos antes del punto de cumplimiento.

b) Determinar los agentes peligrosos, riesgos, medidas preventivas apropiadas y/o posibles medidas correctivas de conformidad con el anexo III.C.

c) Determinar barreras adicionales para el sistema de reutilización del agua seleccionadas de las recogidas en el anexo III.D. Podrán ser propuestas otras barreras que deberán ser autorizadas por la autoridad sanitaria.

d) Establecer cuantos requisitos adicionales se necesiten tras el punto de cumplimiento para garantizar que el sistema de reutilización del agua es seguro, incluidas condiciones relativas a la distribución, el almacenamiento y el uso, según corresponda, e identificará a las partes responsables de cumplir dichos requisitos.

3. Cuando el uso sea agrícola se tendrá en cuenta lo establecido en el acto delegado de la Comisión Europea por el que establece las especificaciones técnicas para la gestión del riesgo, y aquellos actos delegados que se aprueben en el futuro, previstos en el artículo 5.5 del Reglamento (UE) 2020/741 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de mayo de 2020.

Artículo 23. Revisión del Plan de gestión del riesgo del agua regenerada.

El Plan de gestión del riesgo del agua regenerada se revisará y valorará por la autoridad competente cuando proceda la revisión y renovación de la autorización de producción y suministro de aguas regeneradas de conformidad con el artículo 10.

CAPÍTULO VI

Fomento de la reutilización

Artículo 24. Fomento de la reutilización del agua a través de la mejora de la calidad de las aguas asociadas a los vertidos.

1. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 109 quinquies.1 del TRLA, los organismos de cuenca, en el marco de la planificación hidrológica, determinarán las masas de agua o sistemas de explotación en los que se considere necesario incentivar la reutilización del agua, para lo cual, podrán definirse, en su caso, condiciones de vertido más rigurosas que contemplen la calidad del agua requerida para otros usos situados aguas abajo del punto de vertido.

2. Los costes adicionales asociados a la reutilización del agua en esas situaciones podrán ser asumidos por las Administraciones u otras entidades que resulten beneficiadas por la sustitución.

Artículo 25. La reutilización del agua a través de iniciativas o planes de las Administraciones Públicas o estrategias corporativas de sostenibilidad.

1. Las Administraciones Públicas deberán impulsar la reutilización del agua como un medio para promover la economía circular, reforzar la adaptación al cambio climático, reducir la presión debida a la captación y vertido, y hacer frente a la sequía, para lo que proveerán los instrumentos económicos que consideren adecuados. No obstante, en todos estos casos deberán atenerse a los condicionantes del artículo 4.

2. Las Administraciones Públicas podrán conceder ayudas al concesionario de aguas regeneradas, que podrán alcanzar la totalidad de los costes adicionales asociados a la reutilización del agua, en las situaciones que se establecen en el artículo 109 quinquies.1 del TRLA.

3. De conformidad con el artículo 110 del TRLA, el Estado podrá dar ayudas a quienes procedan al desarrollo, implantación o modificaciones de tecnologías, procesos, instalaciones o equipos, que fomenten la reutilización del agua regenerada y que signifiquen una disminución en los usos y consumos de agua o bien una menor aportación en origen de cargas contaminantes a las aguas utilizadas, en especial, cuando conlleve además una sustitución, total o parcial, de una concesión de aguas de captación superficial o subterránea asociada.

4. Del mismo modo, las Administraciones Públicas podrán suscribir convenios con agentes públicos y privados para el desarrollo de proyectos de reutilización de las aguas residuales identificados por dichos agentes en el marco de sus estrategias corporativas de sostenibilidad e incorporados a sus correspondientes informes de sostenibilidad, de acuerdo con la normativa europea y nacional en materia de información sobre sostenibilidad de las empresas.

Artículo 26. Planes de fomento de reutilización del agua asociados a usos urbanos.

1. De conformidad con el artículo 109.2 del TRLA, las Administraciones con competencia en materia de abastecimiento, saneamiento y depuración de aglomeraciones urbanas de más de 50.000 habitantes deberán elaborar planes que fomenten la reutilización de aguas asociados a los usos urbanos.

2. El Plan de fomento contendrá como mínimo:

a) Evaluación de los recursos hídricos disponibles y demandas asociadas, previsiones futuras, afecciones sobre las masas de agua y sobre los caudales ecológicos, así como los riesgos derivados de los impactos del cambio climático.

b) Diagnóstico de la situación actual en materia de ahorro y eficiencia en la gestión del agua y de la reutilización en la aglomeración urbana.

c) Identificación, entre otros, de los objetivos relativos a:

1.º Reducción de intrusión salina en el sistema de saneamiento.

2.º Aprovechamiento, recirculación y reutilización del agua antes de su incorporación al sistema de saneamiento.

3.º Sustitución de recursos hídricos de otro origen en usos ya existentes.

4.º Reutilización del agua depurada, antes de su devolución al DPH o DPMT, para usos urbano.

5.º Uso y generación de fuentes de energía renovable.

d) Análisis de alternativas y justificación de las soluciones adoptadas.

e) Medidas y soluciones adoptadas, entre ellas, las siguientes:

1.º Mejora de los tratamientos de agua residual urbana, y mejora o implantación, en su caso, de estaciones de agua regenerada, así como desarrollo de redes de distribución de la misma.

2.º Medidas vinculadas al desarrollo de ordenanzas y normas técnicas para el uso del agua regenerada en los sistemas urbanos.

3.º Medidas de coordinación con el plan integral de gestión del sistema de saneamiento en la misma aglomeración, al que se refiere el artículo 259.quinques del RDPH y el plan de emergencia ante situaciones de sequía en sistemas de abastecimiento establecido en el artículo 27.3 de la Ley 10/2001, de 5 de julio.

4.º Medidas del control de la contaminación dentro de la red de alcantarillado, y en especial seguimiento de las sustancias que puedan afectar al tratamiento secundario, sustancias prioritarias y emergentes.

5.º Campañas y fomento en la mejora del uso del agua tanto por la ciudadanía como por las empresas e instalaciones existentes en el entorno urbano.

f) Estimación de costes y cronograma de ejecución de las actuaciones.

g) Seguimiento y evaluación de los resultados.

3. Estos planes recogerán la obligatoriedad de, al menos, la sustitución progresiva del empleo de aguas de consumo humano para el baldeo de calles, en estanques y caudales ornamentales o el riego de grandes zonas verdes urbanas, por la utilización de agua regenerada o de otras fuentes de suministro, todo ello en función de los requisitos que se detallen para cada ámbito territorial en la planificación hidrológica.

4. En aquellos ámbitos en los que se produzca un vertido de aguas residuales directo al mar a través de emisarios submarinos, los planes de fomento recogerán expresamente como prioritaria la progresiva eliminación de los vertidos para el uso del agua regenerada, así como la recarga artificial de los acuíferos asociados.

5. Las Administraciones con competencia en materia de abastecimiento, saneamiento y depuración de aglomeraciones urbanas de menos de 50.000 habitantes podrán elaborar planes simplificados de fomento de la reutilización de aguas asociados a los usos urbanos. Estos planes simplificados tendrán el siguiente contenido mínimo:

a) Descripción sucinta de los recursos hídricos disponibles y demandas asociadas y los riesgos derivados de los impactos del cambio climático.

b) Diagnóstico de la situación actual en materia de ahorro y eficiencia en la gestión del agua y de la reutilización en la aglomeración urbana.

c) Medidas relativas a la mejora de los tratamientos de agua residual urbana, y mejora o implantación, en su caso, de estaciones de agua regenerada, así como desarrollo de redes de distribución de la misma.

Artículo 27. Procedimiento de aprobación de los Planes de fomento de reutilización del agua asociados a usos urbanos.

1. Una vez elaborado el Plan de fomento de reutilización del agua asociado a usos urbanos, la administración responsable de elaborar el Plan lo someterá a información pública durante el plazo de un mes, transcurrido el cual, una vez revisado el contenido de este, conforme a las aportaciones recibidas durante la información pública, lo remitirá a las autoridades competentes y a las autoridades sanitarias.

Dichas autoridades dispondrán de un plazo de tres meses para emitir un informe que tendrá el carácter de preceptivo y vinculante y versará, según sus competencias, sobre algunos de los siguientes aspectos:

a) disponibilidad de recursos hídricos y demandas asociadas;

b) afecciones sobre las masas de agua y sobre los caudales ecológicos, así como riesgos derivados de los impactos del cambio climático;

c) ahorro y eficiencia en la gestión del agua;

d) calidad del agua;

e) coordinación con otros planes;

f) afecciones sobre salud humana y la sanidad ambiental.

2. La administración responsable de la elaboración del Plan, a la vista de los informes recibidos, procederá a aprobar el Plan, publicarlo en sus portales de internet y proceder a su implantación, todo ello sin perjuicio de la tramitación de las autorizaciones y concesiones que sea necesario conforme a lo establecido en este reglamento.

3. Los planes simplificados regulados en el artículo 26.5 seguirán esta misma tramitación.

4. Los Planes de fomento de la reutilización se revisarán y actualizarán cada diez años siguiendo el mismo procedimiento establecido en este artículo.

CAPÍTULO VII

Informes y transparencia

Artículo 28. Información sobre el estado de la reutilización del agua.

1. La Dirección General del Agua del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, con la información contenida en el censo nacional de vertidos y otra suministrada por las autoridades competentes y usuarios, enviará a la Comisión Europea la información requerida y publicará informes bienales a través del Observatorio de la Gestión del Agua en España sobre:

a) la cantidad y la calidad de las aguas suministradas;

b) la reducción del volumen sustituido neto de recurso extraído procedente de otras fuentes por el uso de aguas regeneradas;

c) el porcentaje de aguas regeneradas suministradas con respecto a la cantidad total de aguas depuradas;

d) las autorizaciones de producción y suministro incluidas las condiciones establecidas;

e) los resultados de cualquier comprobación del cumplimiento realizada de conformidad con lo establecido en el capítulo IV.

f) los puntos de contacto designados a efectos de cooperación transfronteriza.

2. Las autoridades competentes velarán por dar publicidad en línea o por otros medios, de la información enunciada en el apartado anterior.

Artículo 29. Obligaciones de notificación a la Unión Europea.

Sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente y la Ley 14/2010, de 5 de julio, sobre las infraestructuras y los servicios de información geográfica en España; el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, con objeto de dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 11.1 del Reglamento (UE) 2020/741 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de mayo de 2020, enviará el conjunto de datos con la información requerida en los formatos previstos, y velará por que sea accesible a la Agencia Europea del Medio Ambiente y el Centro Europeo de la Prevención y el Control de las Enfermedades en los plazos previstos.

CAPÍTULO VIII

Régimen sancionador

Artículo 30. Sanciones.

1. El incumplimiento de las obligaciones derivadas del condicionado de la concesión o autorización será sancionado con arreglo a lo dispuesto en el título VII del TRLA y en el capítulo I del título V del RDPH.

2. El incumplimiento de lo establecido en este real decreto en materia de salud pública se sancionará de acuerdo con lo dispuesto en el título VI de la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública, sin perjuicio de los regímenes sancionadores establecidos por la normativa sectorial vigente.

Anexos

Omitidos.

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