El BOE publica la convocatoria de 720 becas para la preparación de oposiciones a las carreras judicial y fiscal

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este miércoles una resolución del Centro de Estudios Jurídicos (CEJ) por la que se convocan 720 becas dotadas con 5,2 millones de euros para preparar las oposiciones a las carreras judicial y fiscal, así como a los cuerpos de letrados de Administración de Justicia y abogados del Estado.

MADRID, 31 (EUROPA PRESS)

Según ha informado el Ministerio de Justicia, las 720 ayudas del presente ejercicio de 2023 triplican las 245 que recogía la convocatoria anterior. Cada una de ellas, explica, está dotada con un total de 6.611 euros anuales y se distribuyen entre las 648 correspondientes a la preparación para las carreras judicial y fiscal, las 120 para el Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia y las 24 becas destinadas a preparar las oposiciones para el Cuerpo de Abogados del Estado.

"Igualmente, el mencionado importe global de estas ayudas de 5,2 millones de euros, que se incluyen en el Plan Estratégico de Subvenciones del Ministerio de Justicia 2022-2024, supera el triple de la inversión realizada en 2022, cuando se destinaron 1,6 millones de euros", apunta el departamento liderado por Pilar Llop.

El objetivo de las becas, añade, es impulsar la igualdad de condiciones entre opositores removiendo los obstáculos que dificulten el acceso a estas carreras profesionales, en línea con lo establecido en el artículo 9.2 de la Constitución.

El plazo para presentar las solicitudes por primera vez o renovar las que ya fueron concedidas en la convocatoria anterior es de diez hábiles y debe realizarse a través de la página del Ministerio de Justicia.

En la resolución se establecen los requisitos que deben tener los aspirantes a estas becas, siendo la renta familiar el que tiene mayor peso. Además, se debe acreditar que se está estudiando para la oposición en un centro especializado o con preparadores en el momento de hacer efectivo el pago.

Por último, Justicia apunta que los beneficiarios no podrán percibir subvenciones para este mismo fin por parte de entidades públicas o privadas.