El Gobierno de Navarra ejecuta el pago de 141,7 millones a los ayuntamientos y concejos para financiar servicios

El departamento de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra, a través de la Dirección General de Administración Local y Despoblación, ha ejecutado este miércoles el pago de 141,7 millones de euros a los ayuntamientos y concejos para financiar los servicios que prestan a la ciudadanía y su funcionamiento, según ha conocido el Gobierno de Navarra en su sesión de este miércoles. Se trata del segundo pago del Fondo de Transferencias Corrientes, que en el mes de abril ya inyectó más de 115 millones a las entidades locales.

PAMPLONA, 24 Ago. (EUROPA PRESS) -

El fondo, que se eleva a un total de 257,4 millones de euros, se distribuye por primera vez según el nuevo modelo de financiación municipal, que permite a los ayuntamientos y concejos disponer este año de 18 millones más con respecto a 2021.

El portavoz del Gobierno foral, Javier Remírez, ha afirmado que el nuevo modelo, "basado en los conceptos de suficiencia, justicia y solidaridad territorial, va a permitir a Navarra corregir las desigualdades territoriales, reforzando la financiación de los municipios pequeños y de aquellos en los que la dispersión es una característica dentro de su término municipal, así como de aquellos que ejercen un carácter tractor dentro del territorio".

El Fondo de Participación de las Haciendas Locales en los Tributos de Navarra por Transferencias Corrientes para 2022 asciende a 257,4 millones de euros, 18 millones más que el pasado año. Se distribuye entre los 272 municipios y 346 concejos de Navarra, con el fin de que puedan financiar su funcionamiento y servicios en base al nuevo reparto que aporta "estabilidad" a la financiación de las entidades locales, dado que esta cuantía se hará evolucionar a lo largo de los años con el IPC+2.

El segundo pago del fondo regulariza los importes que corresponden a cada entidad local y abona la cuantía restante. Asimismo, incluye el abono correspondiente al Fondo de Financiación del déficit de Montepío General por personal administrativo y subalterno en activo y la ayuda a la Federación Navarra de Municipios y Concejos (FNMC).

De los 257,4 millones de euros, 196,8 millones se destinan a los ayuntamientos y concejos, a través del Fondo de Financiación General, para hacer frente a sus gastos habituales. La nueva fórmula de distribución, que consta de 9 variables, establece que, para los municipios de menos de 2.500 habitantes, la distribución proporcional a su población se incrementa con unas cuantías fijas por tramos, de manera que se garantiza que todos los ayuntamientos, por pequeños que sean, contarán con una cuantía mínima para hacer frente a los gastos básicos comunes para todas las entidades, y que no dependen del número de habitantes.

Otros 20 millones de euros se distribuyen entre las entidades locales, a través del Fondo de Financiación de Servicios, en función de los servicios que prestan relativos a centros 0-3 años, centros públicos de Educación Infantil y Primaria y bibliotecas.

Además, el recientemente creado Fondo de Cohesión Territorial contempla distribuir 16,2 millones entre aquellos municipios que desempeñan un papel tractor en el desarrollo territorial de Navarra. De este fondo se beneficiarán una treintena de municipios: Pamplona, Tudela, Tafalla, Estella-Lizarra, Sangüesa, Baztan, Alsasua, Viana, San Adrián, Peralta, Puente la Reina, Irurtzun, Aoiz, Santesteban, Bera, Leitza, Esteribar, Burguete, Ochagavia, Isaba, Lumbier, Los Arcos, Lekunberri, Lodosa, Caparroso, Milagro, Corella, Cascante y Cortes.

Por último, se consignan 24,4 millones de euros del Fondo de Financiación del Déficit de Montepíos para financiar el déficit global del Montepío General, junto con los de Pamplona, Tudela y Tafalla. Asimismo, se mantiene la asignación correspondiente a la Federación Navarra de Municipios y Concejos, con 450.000 euros.

Además de los 257,4 millones de euros correspondientes al Fondo de Transferencias Corrientes, en este ejercicio se consignarán 13,9 millones de euros para compensar a las entidades locales la pérdida de recaudación que sufrirán derivada de la reforma del Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE).