El TC admite los recursos contra la cesión a País Vasco de la gestión de secretarios y tesoreros locales

 03/05/2022
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El Tribunal Constitucional (TC) ha admitido a trámite los recursos presentados por PP y Vox contra la disposición de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) que modifica la Ley de Bases de Régimen Local para otorgar a País Vasco la gestión de los funcionarios locales con habilitación nacional, tales como secretarios, interventores y tesoreros municipales.

MADRID, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

Según ha informado la corte de garantías en un comunicado, el Pleno ha admitido a trámite sendos recursos formulados por diputados de PP y Vox contra la disposición final primera de los PGE, que modifica el apartado 7 de la disposición adicional segunda de la Ley de Bases de Régimen Local.

La disposición impugnada establece que las facultades respecto a los funcionarios de la administración local con habilitación de carácter nacional "serán asumidas en los términos que establezca la normativa autonómica" por País Vasco.

Entre ellas, incluye las facultades de "selección, la aprobación de la oferta pública de empleo para cubrir las vacantes existentes de las plazas correspondientes a las mismas en su ámbito territorial, (...) de nombramiento del personal funcionario en dichos procesos de provisión, la asignación del primer destino y las situaciones administrativas".

Al presentar el recurso, la dirigente de Vox Macarena Olona tachó esta disposición final de "peaje al nacionalismo", denunciando que vulnera competencias exclusivas del Estado para permitir que la administración vasca pueda crear su propio cuerpo de secretarios, interventores y tesoreros municipales.

INADMITE OTRO RECURSO DE VOX

Por otro lado, el Constitucional ha rechazado en ese mismo Pleno admitir a trámite otro recurso presentado por diputados de Vox contra el artículo 2 del Real Decreto del pasado 26 de octubre por el que se prorrogaron las medidas de protección social para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica.

Este precepto prorrogaba desde el 31 de octubre y hasta el 28 de febrero la suspensión del procedimiento de desahucio para personas económicamente vulnerables que no tengan alternativa habitacional.

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