Elnortedecastilla.es 28.11.12
Así lo ha explicado Lobón a los medios de comunicación antes de reunirse con el consejero municipal de Economía y Hacienda, Fernando Gimeno, para ajustar las diferencias que mantienen ambas instituciones respecto a la cuantía y la fecha a partir de la que la capital aragonesa debería empezar a pagar el canon y suscribir el convenio que lo fijara.
Una reunión que se ha saldado con "discrepancias importantes" según ha constatado el alcalde, Juan Alberto Belloch, en una entrevista en Radio Zaragoza, a la que ha acudido Gimeno al término del encuentro con Lobón.
El objetivo del consejero de Medio Ambiente es no aumentar la presión fiscal de los zaragozanos y cobrar a partir del 1 de enero próximo los 6-7 millones de euros de la diferencia que el Gobierno de Aragón calcula entre lo que Zaragoza ha abonado por la depuradora, sus costes y amortización, y lo que ha dejado de pagar desde que los ayuntamientos empezaron a abonar el canon en 2002.
Como la depuradora se amortizará en junio de 2013, según Lobón Zaragoza tendría que entrar en el canon a partir del 1 de enero y para no subir la presión fiscal cobrar de momento lo que ha dejado de pagar por el canon una vez compensado lo que ha pagado ya por la depuradora y en dos o tres años incorporar el resto de la cuantía, que asciende a 38 millones de euros, ya que el Ayuntamiento tendría que dejar de cobrar su tasa.
Lobón ha insistido en que desde que todos los ayuntamientos empezaron a pagar el canon el de Zaragoza "no lo ha hecho" y todo lo que ha dejado de pagar "supera con creces" a lo que ha pagado por la depuradora, sus costes y amortización y "eso es lo que hay que ajustar".
Según el consejero, el gobierno autonómico está pagando las depuradoras que a su vez han pagado los aragoneses a través del canon recaudado desde 2002, "que es lo que no han hecho los zaragozanos" por lo que "no es más que poner a los zaragozanos en el mismo nivel jurídico que los habitantes del resto de Aragón y no cabe que se diga que la han pagado dos veces porque ya está pagada", ha dicho.
Además, Lobón ha apuntado que es un impuesto por hacer aguas residuales y "lo tienen que pagar todos los ciudadanos" y no se subvierte la autonomía municipal porque "los ayuntamientos renuncian a esa capacidad de recaudar para que lo haga la DGA".
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