elpueblodeceuta.es 28.10.12
Ahora este texto, consensuado por todos los grupos de la Asamblea, nace para fijar las obligaciones tanto de la Ciudad Autónoma como de la empresa adjudicataria del servicio así como un régimen sancionador. Por parte de la Administración esperan que esta herramienta sirva para mejorar el transporte público en la ciudad.
La regulación del transporte público está un paso más cerca de implantarse. Hasta ahora, Ceuta carecía de una ordenanza que regulara este servicio y, después de varios meses de trabajo, el pleno de la Asamblea aprobó de forma inicial el pasado lunes una normativa que ha nacido del consenso de todos los grupos políticos.
No obstante, desde Hadú-Almadraba, la empresa que presta el servicio, esta ordenanza se mira con recelo. Aunque no han tenido acceso aún al texto definitivo, el responsable de la compañía asegura que si el texto es similar al primer borrador la empresa será crucificada. José María Cuéllar no descarta ninguna acción para protestar, ni por parte de la compañía ni de los trabajadores.
Asimismo, una vez que estudien la normativa, el gerente de Hadú-Almadraba explica que se presentarán las oportunas alegaciones.
Desde la Ciudad Autónoma se muestran satisfechos con el texto por el hecho de que se ha consensuado por todos los grupos políticos.
Además, la responsable del área de Transporte, Adela Nieto, recuerda que con la normativa se cumple un compromiso de muchos años. Así mismo, la vicepresidenta primera de la mesa desea que con esta ordenanza sirva para mejorar un servicio, aunque insiste en que la ausencia de una normativa específica no quiere decir que hasta ahora no se haya realizado un buen trabajo. Así, Nieto asegura que mantiene un contacto directo y regular con la empresa.
Herramienta útil El cambio radica en que ahora ya existe una herramienta para controlar el servicio en la que se fijan las reglas de inspección o un régimen sancionador entre otros. En esta ordenanza, cuyo plazo para presentar alegaciones se abrirá en los próximos días, se establecen tanto las obligaciones como los derechos de la empresa.
Así mismo, se fijan cuáles son las potestades que tiene la Administración local para regular el transporte público. La Ciudad será la encargada de organizar el servicio y de ordenar las modificaciones en su prestación que aconseje el interés público. De momento no se han planteado modificaciones. Además, desde la Administración se reservan el derecho a alterar las tarifas a cargo del público o de fiscalizar la gestión del prestatario del servicio en los términos establecidos en la ordenanza. Las posibilidades de rescatar el servicio o de intervenirlo para asumir su ejecución temporalmente en los casos en que existiera perturbación grave sin otra solución, también aparecen en este documento.
Infracciones y multas En el apartado de infracciones y sanciones se recogen como falta muy grave realizar rutas no previstas, interrumpir el servicio de forma injustificada o impedir el acceso a una persona sin motivo, entre otras. Las sanciones en estos casos van desde los 1.500 a los 3.000 euros. Mientras que, como falta grave, cuyas multas oscilan entre los 750 y los 1.500 euros, se considera viajar en el autobús sin billete, dañar los elementos fijos o móviles, carecer de hojas de reclamación, incumplir el régimen tarifario, no permitir una inspección, o la falta de disponibilidad del número mínimo de vehículos determinados en la concesión, entre otros supuestos. Estas infracciones conllevas multas de 751 a 1.500 euros Hay motivos suficientes para actualizar las tarifas por trayecto de forma extraordinaria La nueva normativa reserva la potestad para fijar los precios del autobús a la Ciudad Autónoma. No obstante, desde la empresa que se encarga del servicio, lamentan que se mantengan como están y que no se le de la oportunidad a la compañía de decidir. Tenemos motivos suficientes para actualizar las tarifas de forma extraordinaria, reivindica José María Cuéllar, responsable de Hadú-Almadraba que recuerda que su empresa cuenta con los precios más bajos de todo el país. El coste del billete ordinario es de ochenta céntimos actualmente. Aún así, el gerente recuerda que este año asumen las bonificaciones de los bonobús para estudiantes y jubilados, que le supone un coste adicional que hasta ahora era compensado por la Administración. Además, Cuéllar lamenta que la subvención para el combustible no sea más alta en servicios básicos como el transporte público ya que durante los últimos meses se han producido subidas continuas en el precio de la gasolina, cada vez más cara en la Ciudad Autónoma.
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