Interponen un recurso contencioso administrativo contra la ordenanza acústica de Elche

La asociación "Afectados por el ruido de Elche" interpuso a principios de mes un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) contra la nueva ordenanza de contaminación acústica de la ciudad de Elche, aprobada en pleno el pasado junio.

ABC.es 27.09.12

"Afectados por el ruido de Elche" ya presentó en junio alegaciones contra esta nueva ordenanza por ser el texto una "mera proclamación de intenciones que no regula los problemas ni da soluciones", contener deficiencias en su articulado y mencionar legislaciones derogadas.

También por no haber tenido en cuenta en su redacción a asociaciones de la ciudad, pero las mismas fueron rechazadas.

Por ello, la presidenta de la asociación, Mari Luz Costa, ha dejado claro en declaraciones a los medios de comunicación que "sólo queda la vía judicial" para afrontar este problema del ruido en la ciudad.

Paralelamente, esta mañana han presentado un escrito en el registro municipal en contra de la política en materia de contaminación acústica llevada a cabo desde el equipo de gobierno, y en el que solicitan la dimisión del edil de Empresa y Empleo, Luis Ángel Mateo.

De igual modo, reclaman la "inmediata" revocación de la tasa de medición acústica en locales de ocio u otros inmuebles, aprobada en el último pleno de septiembre.

En este sentido, si la sonometría solicitada por un particular fuera negativa, debería abonar la primera vez 30 euros, la segunda 60 y la tercera 300 euros.

"Los vecinos no pedimos la fonometría por gusto. Y encima si da negativa, ahora nos tocará pagar y seguir soportando el ruido en casa", ha añadido Costa.

En este sentido, el tesorero de la asociación, José Tormo, ha dejado claro que al vecino "le es imposible saber de antemano si la medición dará positiva o no", y a la hora de llevarla a cabo pueden influir múltiples factores como las condiciones atmosféricas, el ruido de fondo o ambiental del exterior, los tonos de la canción o el tiempo invertido en la obtención de muestras.

Por todo ello, Tormo ha señalado que esta nueva tasa tiene el fin "político" de "bendecir" al sector del ocio y la hostelería, en contra de la calidad del descanso de los vecinos y su calidad de vida, además de "disuadir" al ciudadano para que no denuncie.

"Esto es un atropello al Estado de Derecho y los derechos fundamentales de los ciudadanos. Además de una ruptura del equilibrio de la convivencia ciudadana pacífica", ha añadido Tormo.

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