La Junta propone un "frente común" contra la nueva Ley de Régimen Local

El director general de Administración Local denuncia la "desaparición de ayuntamientos" con la posible intervención de los municipios • Anuncia que acudirá al Tribunal Constitucional si prospera el anteproyecto

Huelvainformacion.es 26.09.12

La Junta de Andalucía ha alertado de las consecuencias que tendrá en los municipios onubenses la nueva Ley de Base de Régimen Local que prepara el Gobierno central. Sobre todo con los pequeños, menores de 20.000 habitantes, para los que el anteproyecto actual maneja la posibilidad de rescate si no cumplen los objetivos presupuestarios marcados. En ese caso, advierte el Gobierno regional, puede suponer la "desaparición de los Ayuntamientos, tal como los entendemos ahora". Y ello a pesar de que "se parte de un prejuicio, la idea de que sobran municipios, cuando hay datos que lo desmienten". De ahí surge un llamamiento para hacer un "frente común" en defensa "del municipalismo". Y si es necesario, la Junta acudirá al Tribunal Constitucional para preservar el modelo actual, recogido en el Estatuto de Autonomía.

El director general de Administración Local de la Junta, Antonio Maíllo, habló ayer en Huelva de las consecuencias del anteproyecto de ley, "una ruptura de la arquitectura municipal que hemos instaurado, con más o menos dificultades, desde que se constituyeron los ayuntamientos democráticos en 1979". Y se mostró confiado en "que se forme un frente importante de defensa del municipalismo, y no sólo de los ayuntamientos gobernados por el Partido Socialista e Izquierda Unida, porque defender la municipalidad y defender el Estatuto, que define muy bien las competencias, es defender las garantías de servicio para los que más lo necesitan".

En este sentido, Maíllo incidió especialmente en la intervención municipal que contempla la nueva ley, desmantelando la identidad histórica de los ayuntamientos "como institución de primera instancia, cercana a la ciudadanía y que se ha adecuado para atender sus demandas".

"Esa reforma pretende establecer una valoración en términos presupuestarios, para el nuevo concepto de sostenibilidad financiera, que en caso de ser negativa producirá una intervención, una desaparición de los ayuntamientos, tal como los entendemos ahora, porque la Diputación asumiría los servicios obligatorios, y los que no son obligatorios, desparecerían absolutamente", explicó el director general.

En Huelva, indicó Maíllo, estas medidas afectarían a los 73 municipios (el 91,9% del total) que tienen menos de 20.000 habitantes. Sólo quedarían a salvo, según sus cuentas, Moguer, Ayamonte, Isla Cristina, Almonte, Lepe y Huelva.

Además, aclaró que en caso de intervención por la Diputación, "no se produciría una transferencia de la prestación de los servicios, sino de la titularidad de las competencias". "Ese matiz -apuntó- es muy importante porque si se traspasan servicios hay un espíritu de reversibilidad, pero la transferencia de titularidad conlleva una irreversibilidad".

Del mismo modo, Antonio Maíllo advirtió que la nueva ley contemplaría también las intervenciones de mancomunidades, según el resultado de las evaluaciones a las que serán sometidas, lo que supondría "su disolución automática".

"Desconocemos quién, cómo y qué hace el futuro real decreto, pero si es como hasta ahora, ya sabemos que no cuentan ni con las comunidades autónomas. Saben que por el Estatuto de Autonomía tienen la competencia exclusiva sobre el régimen local pero sin embargo no han sido consultadas para la elaboración de este anteproyecto de ley", comentó.

El director general andaluz insistió en que "la voluntad de este Gobierno es defender a capa y espada el modelo de Administración Local que tenemos consagrado en el Estatuto, en defensa de las competencias de los municipios". Por tanto, no admitirán, aseguró, un "ataque al Estatuto", con una advertencia clara: "En caso de que se apruebe este anteproyecto de reforma, va a haber un conflicto y tendrá que dirimir el Tribunal Constitucional. Porque no estamos dispuestos a retrasarnos y volver a los tiempos del franquismo".

El delegado del Gobierno de la Junta en Huelva, José Fiscal, insistió en la idea de que la reforma de la Ley de Base de Régimen Local "es falso que suponga un ahorro para las arcas del Estado". "Hay un dato absolutamente demoledor, del propio Ministerio de Hacienda, y es que en este 2012, los ayuntamientos y diputaciones de toda España van a gastar un 3% menos de lo que ingresan. Por tanto, ni suponen una amenaza para la estabilidad presupuestaria del país ni para sus cuentas ni nada que se le parezca". "Entendemos -añadió Fiscal- que estas reformas no son más que ataques a la democracia a través de uno de sus pilares, la Administración Local. Además, en un momento en que los ciudadanos están pidiendo más participación y más capacidad de decisión en los asuntos públicos".

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