Recortes a lo cazo; por José Luis Requero, Magistrado

El día 18 de septiembre de 2012, se ha publicado, en el diario La Razón, un artículo de José Luis Requero, en el cual el autor opina que es contraproducente empeorar unas condiciones de trabajo que ya eran desfavorables y que en un ámbito crucial como es la Justicia estaban generando desánimo, desincentivación y planteamientos radicales.

RECORTES A LO CAZO

Imagino que nadie se molestará si afirmo que no iría a un peluquero ciego. Probablemente me haría un corte de pelo a lo cazo, pero genuino, de esos que antaño se hacían en su estricta literalidad: colocado el cazo, ras-ras, lo que sobresalía se cortaba. No contaba la forma de la cara ni el estilo de la víctima: era un corte igualitario.

En época de recortes, en la Justicia nos ha tocado un peluquero ciego. No sé si ha sido el Ministerio de Justicia o el de Hacienda y Administraciones Públicas; sea quien sea ha colocado el mismo cazo que a toda la función pública, ignorando las peculiaridades de la Justicia. Me quedo con tres ejemplos: congelación de las oposiciones; reducción de permisos y reducción de sueldo en caso de baja por enfermedad.

Se han congelado todas las oposiciones menos las de Policía, inspectores fiscales y de trabajo. Se supone que esas excepciones son por razones de seguridad ciudadana y de lucha contra el fraude, ya sea fiscal o laboral, algo que incide en las cuentas y el gasto público. Lo que sorprende es que el Gobierno no vea que esos objetivos también pasan por una buena y eficaz Administración de Justicia.

Este Gobierno no puede padecer esa patología típica del poder político: sus objetivos e intereses se agotan en la acción policial o que la Inspección fiscal o de trabajo levanten cientos de actas. De ser así se ignoraría que toda esa actividad desemboca en los tribunales, luego si la Justicia está desatendida de medios toda esa actividad policial o administrativa embarrancará, se paralizará o será ineficaz.

Otro trasquilón es la práctica supresión de los permisos de tres días, un tijeretazo que parece ignorar varias cosas. Una, que muchos jueces dedicamos esos permisos no para ir al Caribe, sino para poner al día el trabajo pendiente o para estudiar asuntos especialmente complejos, algo difícil en medio de la vorágine cotidiana. El peluquero quizás piensa que el juez es un oficinista más e ignora que un trabajo como el jurisdiccional exige horas de estudio y reflexión. Por cierto, que también ese barbero ciego se ha llevado por delante las posibilidades de formarse.

No digo que esos permisos no se empleen para descansar, pero aquí surge otra duda: ¿sabe el peluquero algo del estrés de muchos jueces?, ¿sabe que no tenemos horario o que lo normal es trabajar hasta las tantas, más fines de semana? Si el Estado no paga lo que en otros ámbitos son horas extraordinarias, que no nos iguale a peor; o sí, que nos iguale y establezca una jornada laboral. Además el peluquero parece ignorar que la supresión de esos días no supondrá ahorro alguno, simplemente porque durante esos permisos no se pagan sustituciones.

No sé cuál será el nivel de estrés de un celador o de un bibliotecario o de un auxiliar administrativo, ni de los que fichan -o dicen que fichan-; lo que sé es que no se puede cortar a todos por igual, con olvido de lo peculiar de cada caso. Porque otro tanto ocurre con la reducción de salario en caso de enfermedad, otro tijeretazo igualitario. Vuelvo a lo de antes: ¿sabe el Gobierno del desgaste del ejercicio de la función judicial o que un juez no tiene asesores, ni secretaría particular, ni letrados ni un gabinete que le ayude?; ¿tienen todos los que trabajan para el Estado el mismo estrés, la misma responsabilidad y nivel de exigencia?

Quizás alguno me dirá que son asuntillos de pequeña cuantía política; que mis quejas son las propias de pigmeos irresponsables e insolidarios ante la magnitud de problemas de España. No es eso, porque ni digo que no haya que recortar como tampoco ignoro que hubiere abusos. Sólo digo que no cabe generalizar ni dar tijeretazos a troche y moche, sin criterio ni conocimiento de las consecuencias de cada recorte; que es contraproducente empeorar unas condiciones de trabajo que ya eran desfavorables y que en un ámbito crucial como es la Justicia estaban generando desánimo, desincentivación y planteamientos radicales. Y los abusos hay que atajarlos, pero sin perjudicar al honrado, sobre todo porque el caradura seguirá siéndolo.