La Diputación ourensana ofrece quince empleos con la ordenanza cuestionada

La institución provincial busca a trabajadores temporales para un pabellón deportivo y dos escuelas públicas.

La Voz de Galicia.es. 17.08.2012

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia evaluará próximamente la legalidad de la ordenanza que regula las contrataciones temporales en la Diputación ourensana desde el año 2003. Lo hará después de que un juez ourensano cuestionase la validez de esa normativa al entender que “infringe los principios de interdicción de la arbitrariedad, publicidad, seguridad jurídica, transparencia y objetividad que rigen este tipo de procesos”. Pese a todo, la institución provincial mantiene abiertos varios procesos de selección de personal para contratar a quince personas y todos ellos toman como base la ordenanza cuestionada ahora judicialmente.

Se trata, en todos los casos, de puestos de trabajo temporal en centros dependientes de la Diputación ourensana. Para su Escuela de Artes y Oficios, la entidad busca, por ejemplo, un maestro de alfarería y esmalte, otro de talla en madera, uno más de dibujo e iniciación a la pintura y otro de perfeccionamiento de pintura. Además, para el centro de hostelería de Vilamarín se ofertan seis puestos de limpiadores, uno de operario de servicios varios y otro de cocinero. Por último, en el pabellón polideportivo Paco Paz hay disponibles tres trabajos de monitor, uno de psicomotricidad, otro de iniciación a la gimnasia y danza acrobática y uno más de baloncesto y de tenis. Precisamente, en el citado Pazo dos Deportes acaban de cerrarse los procesos selectivos para contratar a otros siete profesores. En este caso, la normativa de referencia también era la ordenanza del año 2003.

Tribunal Superior

La utilización de esa normativa no es ninguna novedad en la Diputación ourensana, que lleva haciendo uso de la ordenanza ahora cuestionada por la Justicia desde que la aprobó en el año 2003. La oposición calcula que son cientos las contrataciones que se amparan en el reglamento que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) tendrá que analizar tras la cuestión de ilegalidad formulada por el magistrado-juez titular del Contencioso-Administrativo número uno de Ourense, Francisco de Cominges.

El caso le llegó a él tras el recurso planteado por un opositor, Marcos Martínez Domínguez, molesto con el sistema de contratación de la institución ourensana. Este presentó un recurso por la vía administrativa que preparó él mismo y, cuando pasó a la vía judicial, tuvo que ir por el turno de oficio al no poder soportar el coste que supondría contratar a un abogado. Pese a todo, el letrado, José Manuel Losada Diéguez, consiguió una resolución positiva para los intereses de su defendido, que en principio reclamaba contra la convocatoria de dos plazas de gestor de administración general en el Instituto Ourensán de Desenvolvemento Económico (Inorde), un organismo dependiente de la institución provincial.

El juez anuló la resolución que amparaba la convocatoria de esos dos puestos de trabajo temporal y, además, formuló dos cuestiones de ilegalidad. Una de ellas afecta a los estatutos del Inorde, que prevén que la entidad tendrá solo personal laboral cuando, según la sentencia, debería ser funcionario. La otra ataca directamente a la ordenanza que regula las contrataciones temporales de la Diputación ourensana por considerar que no garantiza los principios constitucionales.

El gobierno provincial, tranquilo

El vicepresidente de la Diputación ourensana, Rosendo Fernández -que está al cargo de la institución debido a las vacaciones de su máximo responsable, José Manuel Baltar-, insistía ayer en restar importancia a la sentencia que cuestiona la legalidad de la ordenanza provincial. La entidad, dijo, se defenderá en el Tribunal Superior de Xustiza.

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