Munar ve "política" la sentencia y dice que está basada en "mentiras de otros imputados" para evitar ir a prisión

La expresidenta del Parlamento balear y de UM, Maria Antònia Munar, ha tachado de "política" la sentencia de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma, que le ha condenado a cinco años y medio de prisión por los delitos de malversación continuada, prevaricación, fraude a la administración y falsedad en documento oficial, en el marco del caso Maquillaje, que investigaba un desvío de 240.000 euros públicos.

PALMA DE MALLORCA, 16 (EUROPA PRESS)

En un comunicado, Munar ha considerado que esta decisión judicial "vulnera completamente" su presunción de inocencia y ha censurado que está basada en "mentiras de otros imputados que primero dijeron una cosa y luego otra distinta, con el único objetivo de librarse de entrar en prisión por los delitos que ellos sí cometieron, por los que se lucraron y se beneficiaron y que se han probado sobradamente".

"No solamente no se probó durante el juicio mi intervención en los hechos por los que he sido condenada, sino que además, he sido obligada a probar mi inocencia a través de desvirtuar los testimonios acusatorios en mi contra", ha señalado, a pesar de lo cual ha lamentado que "el Tribunal no lo considera suficiente dando más credibilidad a los testimonios de otros imputados aunque se haya acreditado que mentían".

Por otro lado, ha criticado que se trata de una sentencia que "únicamente tiene en cuenta los pronunciamientos de la fiscalía a través del testimonio de coimputados premiados por acusarme y no la realidad de las pruebas". En este sentido, ha remarcado que "no existe ni una sola prueba que me incrimine, más allá del testimonio de otros condenados".

Tras anunciar que tiene intención de presentar un recurso ante el Tribunal Supremo para tratar de conseguir la Justicia que "en la Audiencia Provincial ni yo ni otros hemos encontrado", Munar ha reprobado que esta sentencia, que rebaja sólo medio año la petición de cárcel de la Fiscalía, "vulnera derechos constitucionales y está construida sobre mentiras de gente que recibe privilegios procesales a cambio de ellas".

"Aun probando la falsedad de las acusaciones, el Tribunal sustenta una condena sobre indicios que se probó que eran falsos", ha señalado la expresidenta de la Cámara balear, quien ha insistido en que ha sido sometida a un proceso "plagado de irregularidades, donde la Fiscalía ha presionado de forma intolerable a otros imputados e incluso a testigos, con la intención de que corroboraran sus tesis, por falsas que fueran".

En este sentido, ha añadido que se ha llegado al punto de "quitar imputaciones en otras causas a testigos propuestos por la Fiscalía y a imputar a testigos propuestos por mi defensa", algo que, a su juicio, "no es propio de un Estado de Derecho".

De este modo, ha remarcado que "quienes tienen el deber de velar por un proceso justo y con todas las garantías, han pisoteado los derechos constitucionales de forma inquisitorial".

Por otra parte, Munar ha lamentado que "no se ha querido atender el testimonio de los conductores que declararon en el juicio que el día en que Miquel Nadal sostiene que le entregué 300.000 euros en el coche oficial, ese día el coche no salió de la cochera".

"Nadal no viajó conmigo el 21 noviembre de 2004 en un coche oficial, porque sencillamente el coche oficial no se movió del garaje ese día. Lo dijeron los chóferes en el juicio y se probó documentalmente con sendos certificados oficiales", ha resaltado.

Asimismo, ha censurado que se ha llegado al punto de traer como testigo a un supuesto "arrepentido", procesado en otras causas, "para que dijese algo que no sabía directamente y que le había oído a otra persona y, sin embargo, no se citó a esa otra persona para que corroborase ese testimonio".

Por otro lado, ha aseverado que ha padecido durante dos años un juicio "mediático" y, recientemente, un "juicio político". Así, ha destacado que "hemos luchado durante muchos años para conseguir una sociedad justa y democrática, donde se respeten los derechos constitucionales de todos los ciudadanos". Finalmente, ha apuntado que "condenar a alguien sin pruebas, o hacerlo sin atender las pruebas que le absuelven, es impropio de un país moderno".

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