lainformacion.com. 08.07.2012
En declaraciones a Servimedia, Martínez Maíllo restó importancia al hecho de que no haya sido posible alcanzar un acuerdo entre los dos principales partidos en el seno de la FEMP en torno al documento del Gobierno español, cuyo anteproyecto aprobará este mes de julio el Consejo de Ministros, y aseguró que los consensos podrían llegar durante la tramitación parlamentaria de la nueva ley.
Con todo, el vicepresidente de la FEMP lamentó que el acuerdo no haya sido posible ahora porque lo que plantea el PSOE es el todo o la nada. El Gobierno ha planteado una reforma que afecta a 14 artículos, es una reforma importante y el PSOE lo que plantea es una reforma global, no solo de la Ley de Bases, sino incluso de la de financiación local, explicó.
Reconoció que lo que reclaman los socialistas sería lo ideal, el máximo, pero advirtió de que lo que tenemos enfrente es una reforma puntual que busca racionalizar gastos, evitar duplicidades y hacer que cada administración tenga una competencia determinada. Y siendo eso lo que hay, lo que el Gobierno ha propuesto, entiende el PP en la FEMP que es suficiente campo abonado para avanzar en la mejora de la situación financiera de los municipios.
Por lo tanto, agregó Martínez Maíllo, creemos que hay posibilidades de hacer alegaciones y propuestas en el futuro a la iniciativa del Gobierno español, como ya ha hecho la FEMP, algunas de las cuales han sido compartidas por los socialistas.
Eso hace que esté confiado de que en el futuro sí podría haber acuerdos parciales (con el PSOE) en torno a la propia reforma del Gobierno, tras su aprobación por el Consejo de Ministros y durante su tramitación parlamentaria, señaló el vicepresidente de la FEMP.
Martínez Maíllo ve una oportunidad en la reforma del Gobierno para afrontar con éxito el auténtico caballo de batalla de los consistorios: la financiación, pues la propia ley elimina competencias impropias, lo que automáticamente lleva aparejado la mejora de la financiación local.
Por ejemplo, la futura ley establece la supresión de las competencias municipales en educación, en lo tocante a la limpieza de los colegios, por ejemplo, o del mantenimiento de los consultorios, en el ámbito sanitario. Eso representará para las corporaciones locales un ahorro considerable, subrayó Martínez Maíllo, quien recuerda que, además, establece como requisito que tanto el Gobierno español como las comunidades autónomas, cuando legislen y otorguen competencias locales, incluyan, por defecto, memoria económica y financiación para esa competencia que delegan, cuando ahora se delegaban competencias y muchas veces no se otorgaba financiación. Aunque no se toca la ley de financiación, esta ley la mejora por la vía indirecta, concluyó.
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