La derogación de la ordenanza de las AGB en Chiclana, reaviva el debate de los costes

La eliminación del documento para la legalización de viviendas 'enciende' de nuevo la controversia entre vecinos a favor y en contra de la medida impulsada por el nuevo gobierno municipal del PP-PVRE

Diario de Cádiz. 04.06.2012

La eliminación de la ordenanza para la regularización de viviendas en Chiclana, que afecta a unas 15.000 edificaciones incluidas en las Áreas de Gestión Básica (AGB), pasa a la historia después de que la impulsara el PSOE en su anterior etapa de gobierno.

El pacto PP-PVRE (Partido Vecinal Regionalista) ya ha hecho efectiva la derogación de ese documento, una exigencia que parte de la formación vecinal al considerar que los costes de legalización eran "demasiados elevados". Cabe recordar que este partido estimaba los pagos entre los 36.000 y 150.000 euros.

Pero el acuerdo de gobierno en el que incluye dicha derogación ha originado reacciones dispares entre asociaciones y colectivos vecinales de la ciudad, pese a que el nuevo documento de regularización que se vaya a redactar entraría en vigor una vez que se apruebe definitivamente el PGOU; es decir, previsto para finales del próximo año.

Así, el colectivo 'Chiclana Justa' expresa su malestar por la alianza entre PP-PVRE, calificando a este último partido político de "especulador" y arremetiendo contra los populares por llegar a un pacto "pensando en su propio beneficio". En esta línea, asegura que la derogación es tan sólo "una artimaña" para que los "ilegales no quieran pagar".

'Chiclana Justa' critica la aparición del PVRE en el escenario político, "una salida perfecta para lograr su objetivo: regularización a coste cero. De esta manera, el egoísmo y los fallos democráticos hacen que se conviertan en la pieza clave para gobernar en Chiclana". Concluye afirmado que "si alguien como nosotros quiere que este tema se arregle, enseguida les cae el sambenito de estar pagado por el PSOE o por cualquier otro partido de una ideología de izquierda".

Bien distinta es la opinión de la Federación de AAVV Las Lagunas, un colectivo que defiende la gestión del PVRE, así como el pacto de gobierno con el PP. De este modo, expresa su deseo de un rápido proceso de regularización, "algo por todos deseado y que se ha venido dilatando en el tiempo, arrastrándose por planes ineficaces y faltos de contenido, por ser benévolos con el lenguaje. A las pruebas nos remitimos: sucesivos tropiezos con la justicia, la cual los ha ido anulando uno tras otro". Esta federación incluso se ofrece a colaborar con el nuevo equipo de Gobierno Local "en todos aquellos aspectos para los que se nos requiera y que redunden en bien de nuestros convecinos". En este sentido, se manifiestan abierto a ser partícipes "de una regularización adecuada y justa para todos, mediante un proceso en el que cada uno pagaría sus gastos, algo que estamos seguros llegará, a partir de ahora, de una de forma asumible para todo el extrarradio de nuestra ciudad".

La federación vecinal de Las Lagunas resalta que los intentos de regularización que hasta el momento se habían iniciado se acompañaban "de unos requisitos imposibles de afrontar por el grueso de la ciudadanía, tanto en lo referente a los costos, como al resto de los condicionantes que se trataban de imponer, que no de consensuar con los interesados".

Por su lado, La Federación de AAVV 'Chiclana Vecinal' confía en que con el pacto de gobierno "salgan adelante, las demandas que este colectivo le hizo por escrito al actual equipo de gobierno, sobre proyectos o programas necesarios para Chiclana". Le pide expresamente al PVRE que no se limite solo a resolver problemas, como derogar las ordenanzas de regularización de viviendas en la ciudad, "retrasar las Normas Sustantivas o rebajar las multas urbanísticas". Mientras la Plataforma de Vecinos Afectados por la Regularización ya señaló que se encuentra a la expectativa de los resultados del pacto, si bien valoró positivamente la derogación de la ordenanza.

Con todo ello, el reciente pacto en Chiclana vuelve a encender los ánimos entre los denominados 'legales' e 'ilegales', controversia que resurge a la espera de los próximos movimientos del PVRE, la formación que tiene en sus manos el futuro urbanístico de la ciudad durante los próximos tres años.

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