Las Provincias - 23/05/2012
Ni sí, ni no, ni todo lo contrario. ¿Falta de consenso o desinterés intencionado en solucionar un problema que genera el malestar de la mayoría de ciudadanos? Nadie da una respuesta clara y, mientras, el mapa de los gorrillas sigue extendiéndose en la ciudad, actuando incluso en zonas azules y en el carril bus.
Lo único cierto es que la ordenanza que debería regular las ocupaciones ilícitas de la vía pública y, por tanto, evitar la actividad de gorrillas, prostitutas, limpiaparabrisas y manteros, está paralizada desde hace siete años.
A finales del año 2005, el Ayuntamiento de Valencia presentó un borrador de texto de la normativa destinada a poner orden en la vía pública, que levantó las críticas de la oposición municipal y de las asociaciones de vecinos.
Entonces, la alcaldesa Rita Barberá anunció un mes más de espera para tramitar el texto definitivo, ya que pretendía negociar la redacción final con vecinos y partidos.
Una tramitación que se prolonga ya más de un lustro y que, de momento, a juicio de unos y de otros, se encuentra bloqueada. Fuentes del Consistorio explicaron ayer que el equipo de gobierno tiene voluntad de aprobar esta ordenanza pero no logra el consenso con el principal grupo de la oposición, el PSPV.
Según detallaron, la principal discrepancia radica en el tema de la prostitución callejera, donde los socialistas quieren que únicamente se multe a los clientes y no a las personas que ejercen esta práctica. Algo que no podemos aceptar porque los dos, cliente y prostituta, cometen la misma infracción: ocupar ilegalmente la vía pública, indicaron.
Asimismo, las mismas fuentes comentaron que el PSPV plantea que la normativa incluya medidas sociales, que actualmente ya desarrollan tanto la Conselleria como la Concejalía de Bienestar Social y que no tienen cabida en una ordenanza que, sobre todo, es una herramienta de actuación para la Policía Local.
Comisión de trabajo
Actualmente, hay una comisión de trabajo creada para abordar los problemas de gorrillas y prostitución, aunque principalmente está centrada en este último.
No obstante, a pesar de su existencia, la concejal del PSPV, Anaïs Menguzzato, señaló ayer que únicamente se ha reunido una vez. No llegamos a un acuerdo y es la excusa para decir que está bloqueada la negociación, afirmó.
Precisamente fue este grupo el que solicitó en septiembre del pasado año que se reanudaran los trabajos de la comisión para tratar de atajar un problema que afecta también a la seguridad ciudadana.
La concejal Menguzzato recordó también que ya hace siete años su partido realizó numerosas aportaciones, tales como incrementar las inspecciones a locales y las sanciones a clientes en el caso de la prostitución.
Mientras los partidos políticos siguen debatiendo cómo acabar con las actividades ilícitas en las calles, la Policía Local sólo cuenta con la ley de Seguridad Vial y con la ordenanza de Circulación de 2010 (en su artículo 17) para poder actuar contra los gorrillas.
Multas y ante la fiscalía
Así, los agentes siguen ejerciendo presión en los puntos habituales en los que operan los aparcacoches. El objetivo es disuadirles para que no estén en la calzada (poniendo en peligro su propia integridad física) y para que no coaccionen con su presencia a los conductores.
Cuando representan un peligro para la seguridad del tráfico, se les multa. Si tienen varias sanciones acumuladas, se levanta acta por desobediencia y se lleva al gorrilla ante la fiscalía.
Sin embargo, a pesar de que algún juez dicte sentencia, es complicado actuar contra estas personas porque muchas se declaran insolventes o no tienen domicilio fijo.
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