Bravo(CGPJ) defiende el peso del Parlamento en la elección de vocales y critica las tasas que limitan la tutela judicial

Sobre la prisión permanente revisable, defiende que las penas deben cumplir con la reinserción social

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

La portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gabriela Bravo ha defendido la independencia con la que actúa el actual órgano de gobierno de los jueces y que la designación de vocales por parte del Parlamento dota de una "mayor legitimidad democrática" a esta institución.

En declaraciones a Europa Press, Bravo ha advertido de que la reforma del sistema de elección de los miembros del órgano de gobierno de los jueces no es "una prioridad" en un momento de crisis económica y no ayuda a reducir el "altísimo" índice de litigiosidad que afrontan los juzgados españoles.

"Considerar que va a reforzar la independencia del Poder Judicial es confundir al ciudadano", ha señalado Bravo, para alegar que el actual Consejo siempre ha actuado desde el respeto a la Justicia y ha alcanzado acuerdos desde una "amplísima mayoría".

A título particular, ha subrayado que la elección de 12 de los 20 vocales por parte del Parlamento dota de "una mayor legitimidad democrática" a este organismo al ser los representantes de la soberanía popular sobre quienes descanse el peso de la designación y no sobre "un solo sector".

Preguntada sobre la imposición de tasas judiciales para los recursos en segunda instancia, ha considerado que las medidas dirigidas a reformar la Justicia no deben pasar por "cercenar los derechos de los ciudadanos", entre ellos la tutela judicial efectiva.

"Tenemos un sistema judicial acorde con las líneas generales que establece la Constitución. Entender que el ciudadano sólo tiene derecho a una primera instancia y que para la segunda deben establecerse tasas constituye una limitación al derecho a la tutela judicial", ha remachado.

PRISIÓN PERMANENTE REVISABLE

En cuanto a la introducción de la prisión permanente revisable en el Código Penal, Bravo ha abogado por esperar a que el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, detalle esta propuesta aunque ha defendido que las penas deben cumplir con el fin de la reinserción social establecido por la Constitución.

Ha recordado que el Código Penal es "el más duro de toda la democracia" y que España cuenta con el mayor número de población reclusa de toda Europa. Con todo, ha mostrado su respeto con las decisiones adoptadas desde el poder legislativo.