La Administración al Día - Edición de 06/11/2026

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La mera finalidad de agilizar el resultado de un proceso selectivo no justifica la falta de anonimato de los aspirantes al tener su origen en una causa derivada de la organización de la Administración

Casa la Sala la sentencia que justificó la exclusión del anonimato en el tercer ejercicio de la convocatoria para ingreso al Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa, con el fin de facilitar la corrección de las pruebas, con vulneración de los arts. 23.2 y 103 de la CE.

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El plazo que tiene la Administración de la Seguridad Social para dictar las resoluciones de altas y bajas de oficio de los trabajadores es de nueve meses, no siendo aplicable el plazo de 45 días que se refiere a los actos de encuadramiento

En el presente caso no aprecia la Sala la caducidad del procedimiento de alta de oficio en el RGSS de determinados trabajadores de la empresa demandante, por lo que revoca la sentencia impugnada que entendió que sí se había producido la caducidad.

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Mantiene el Supremo que las horas de guardias presenciales no tienen necesariamente que retribuirse del mismo modo que las de la jornada ordinaria de trabajo, pudiendo establecerse una retribución inferior

Se plantea en el recurso si, una vez que se rechaza que las horas de guardia presencial se retribuyan como horas extraordinarias, deben retribuirse como integrantes de la jornada según el cálculo del valor de hora de trabajo ordinario o bien mediante un complemento.

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No cabe presumir que se está ante una infracción continuada de captación de agua por encima de los volúmenes autorizados, sino que es necesario al menos una justificación técnica

Anula el Tribunal la sanción impuesta a una Comunidad de Regantes por prescripción de la infracción consistente en haber excedido el volumen de aguas captado respecto del otorgado en la concesión administrativa.

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La ausencia de valor normativo del preámbulo de una disposición legal impide la impugnación autónoma de un pasaje sin cuestionar el articulado al que alude

El sindicato USO impugna, por el procedimiento de protección de los derechos fundamentales, la interpretación que se hace en el preámbulo del RD 561/2025, que modifica el art. 10.2 del RD 100/2025 en el inciso relativo a la “mayor implantación” de las organizaciones sindicales para que puedan formar parte de la Comisión de Seguimiento del Fondo de Reserva de la Seguridad Social.

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Para la concesión de la autorización de residencia temporal por razones humanitarias derivadas de enfermedad grave sobrevenida, es necesario que la enfermedad requiera asistencia especializada y no pueda ser prestada en el país de origen del solicitante

Se plantea en el presente supuesto qué ha de entenderse por enfermedad grave sobrevenida, si hay que incluir en la interpretación de este concepto no solo dónde se diagnostica, sino dónde se decide el tratamiento, o dónde surge la necesidad del tratamiento, para que la Administración conceda la autorización de residencia temporal por razones humanitarias.

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La decisión del alcalde de no incluir en el orden del día del Pleno la moción de un concejal, vulnera el derecho a la participación política cuando se basa en el informe de la comisión informativa que expresa una discrepancia política con la moción

Casa la Sala la sentencia que declaró conforme a derecho la decisión del alcalde del Ayuntamiento de Valdepeñas de no incluir en el orden del día de la sesión ordinaria del Pleno la moción presentada por un concejal, por haber sido informada desfavorablemente por la comisión informativa.

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Establece el TS que las compensaciones del régimen especial de la agricultura no computan para calcular el volumen de operaciones en estimación objetiva del IRPF

Se plantea en el recurso si para calcular el volumen de operaciones determinante de la causa de exclusión del método de estimación objetiva en el IRPF, contenida en el art. 31.1.3.ª b), b') de la LIRPF, debe computarse o no la compensación a tanto alzado prevista en el art. 130 de la LIVA percibida por los empresarios acogidos al régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca.

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Resuelve el TS que no son de aplicación las normas del RD 1945/1983, y, en particular, la regulación de la caducidad del procedimiento, a los procedimientos sancionadores seguidos para las infracciones en materia de contratación alimentaria

Se confirma la sanción impuesta a la mercantil recurrente por la comisión de una infracción muy grave en materia de contratación alimentaria prevista en el art. 23.2.2 de Ley 12/2013, de Medidas para Mejorar el Funcionamiento de la Cadena Alimentaria (LMFCA), al haberse constatado que en ciertas relaciones de compraventa de productos agroalimentarios, la actora había excedido el plazo máximo de pago de 60 días desde la entrega de productos no perecederos.

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Conforme a la doctrina del "hallazgo casual", es válida la documentación incautada por la inspección tributaria en la sede de un obligado tributario de ejercicios diferentes a los inicialmente investigados previa autorización judicial

Se confirma la sanción impuesta a la mercantil actora por la comisión de una infracción tributaria, basada en la documentación incautada con ocasión del registro efectuado en su domicilio en virtud de la autorización judicial obtenida en el curso de un procedimiento de inspección para unos ejercicios entre los que no se incluía el inspeccionado que terminó con la sanción recurrida.

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El TS resuelve cuándo resulta preceptivo el dictamen del Consejo de Estado en los procedimientos de responsabilidad patrimonial que tramiten los organismos públicos vinculados o dependientes de la Administración General del Estado

Se confirma la sentencia que ordenó la retroacción del procedimiento de responsabilidad patrimonial tramitado por la Autoridad Portuaria de Las Palmas, a fin de que se recabara el informe del Consejo de Estado omitido y que consideró preceptivo.

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El acuerdo gubernativo que prohíba o restringa el acceso de los animales domésticos a los establecimientos públicos ha de estar suficientemente motivado y que dicha motivación resulte adecuada

Se confirma el acuerdo de la magistrada-juez Decana de los Juzgados de Pontevedra, que establece la prohibición de acceso de animales de compañía al edificio judicial de los Juzgados.

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El Supremo valorar el alcance de la anulación de una liquidación del IRPF en la que se acuerda la exclusión del método de estimación objetiva del contribuyente, respecto de otras liquidaciones de periodos posteriores

Es objeto de impugnación la sentencia que rechazó que la liquidación por el IRPF correspondiente al periodo 2020 se viera afectada por la anulación, en vía económico-administrativa, de una liquidación anterior, del año 2018, que excluyó a la contribuyente del método de estimación objetiva con efectos trasladables a los tres ejercicios posteriores.

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El TS afirma que en la aprobación del RD 434/2024, que establece un nuevo arancel de derechos de los profesionales de la Procura, se han respetado los principios de reserva de ley y de jerarquía normativa, así como el Derecho de la UE

Se desestima el recurso interpuesto contra el RD 434/2024, por el que se aprueba el arancel de derechos de los profesionales de la Procura. Declara la Sala, entre otros pronunciamientos, que la norma impugnada no ha infringido el principio de reserva de ley establecido en el art. 36 de la CE, ya que la reserva se refiere al estatuto básico del ejercicio profesional, y el arancel no regula el ejercicio profesional en sentido estricto, sino una condición económica del servicio profesional, que pertenece al ámbito de la ordenación administrativa o económica de la actividad profesional.

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