Estatal - Administrativo

Con estimación del recurso de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, se accede a la reclamación dirigida a ADESLAS por la asistencia prestada a un funcionario y mutualista de MUFACE que fue derivado de un centro privado a uno público, tras ser diagnosticado por infección por Covid-19.

Estatal - Administrativo

Se confirma la sentencia que reconoció el derecho de la mercantil actora a percibir intereses de demora sobre la cantidad reconocida como crédito frente a la Hacienda pública de activos por impuesto diferido susceptibles de monetización -DTAs-.

Estatal

Estimado parcialmente por el Pleno del Tribunal Constitucional, en una sentencia aprobada por unanimidad de la que ha sido ponente la magistrada María Luisa Segoviano Astaburuaga, el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Vox en el Congreso de los Diputados contra determinados preceptos de la Ley del Parlamento vasco 2/2021, de 24 de junio, de medidas para la gestión de la pandemia del Covid-19.

Estatal - Administrativo

El objeto de este recurso de casación consiste en determinar si el principio de íntegra regularización resulta aplicable a los supuestos en los que se comprueban por la Administración tributaria las cuotas de IVA a compensar procedentes de periodos anteriores, cuando se pretende incrementar el saldo resultante mediante la inclusión de unas cuotas soportadas y que fueron regularizadas por la inspección tributaria en un acta de conformidad, dando lugar a una liquidación firme, sin que fuera impugnada por el contribuyente.

Estatal

El Pleno del Tribunal Constitucional, en una sentencia aprobada por unanimidad de la que ha sido ponente la magistrada María Luisa Balaguer Callejón, ha desestimado el conflicto entre órganos constitucionales del Estado planteado por el Gobierno contra el acuerdo de la Mesa del Senado, por el que se tomó en consideración una proposición de ley, presentada por el GP Popular, para derogar la Ley del impuesto sobre sucesiones y donaciones (ISD).

Estatal - Administrativo

Se estima el recurso interpuesto por la mercantil recurrente y se accede a la reclamación de indemnización por los daños y perjuicios causados como consecuencia de la requisa de diversos bienes y materiales sanitarios en sus instalaciones en el contexto de la declaración del estado de alarma decretado por la pandemia de Covid-19.

Estatal

El Pleno del Tribunal Constitucional ha estimado la cuestión de inconstitucionalidad planteada por la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, en relación con art. 197.1.a) párrafo segundo de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG), considerando el precepto lesivo del art. 23. 2 CE, esto es, del derecho de participación política de los y las concejales.

Estatal - Administrativo

La cuestión planteada en el presente litigio se refiere al requisito contemplado en el art. 22.4 del CC en relación con la adquisición de la nacionalidad española por residencia consistente en la acreditación por el solicitante de un “suficiente grado de integración en la sociedad española”, así como a la incidencia que en el mismo pueda darse a la no acreditación de medios propios de vida o a la no aportación de un certificado de empadronamiento.

Estatal - Administrativo

No ha lugar al recurso interpuesto contra el Acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, que declara que la recurrente -jueza en prácticas- no ha superado la fase inicial teórico-práctica del curso 2023-2024 de Formación Inicial de la Escuela Judicial y debe repetirla, para lo que se incorporará con la siguiente promoción.

Estatal - Administrativo

Establece el TS que resulta posible, por parte de un Ayuntamiento, exigir el pago de una tasa por el ejercicio de una actividad o servicio público de su competencia, en un mercado de abastos, aun si tal servicio lo gestiona la corporación de forma indirecta a través de un contrato de concesión administrativa cuyo titular es un concesionario privado -con la exigencia mensual como contraprestación a todos sus usuarios de una tarifa-, siempre que la actividad o servicio a que se refiera la tasa sea diferente en su objeto del que se recibe del concesionario que lo presta y que se retribuye mediante tarifa.

Estatal - Administrativo

Se plantea en el litigio si el cómputo del plazo de prescripción para exigir la obligación de pago a los responsables solidarios puede ser interrumpido por actuaciones realizadas frente al deudor principal o frente al obligado respecto de cuyas deudas se deriva la responsabilidad, en aquellos casos en que esa obligación de pago aún no ha sido objeto de derivación, esto es, que los actos de interrupción se dirijan frente a quien no ha sido aún declarado responsable.

Estatal - Administrativo

El objeto del presente litigio consiste en determinar cuál es el momento a partir del cual cabe aplicar la reducción en la base imponible del IRPF en concepto de pensiones compensatorias a favor del cónyuge: si desde la fecha en que se suscribe el convenio regulador entre las partes o a partir de que se dicta la sentencia judicial que lo ratifica.

Madrid - Administrativo

Se plantea en el presente litigio si un inmueble destinado a alquiler turístico debe tributar en el IRPF durante el periodo en que no esté alquilado, y, en su caso, qué gastos son deducibles.

Estatal - Administrativo

Se desestima el recurso interpuesto contra sentencia que confirmó la liquidación girada por el IRPF y en la que se consideró que, en contra de lo manifestado por el recurrente, no se había justificado ninguna pérdida patrimonial, por cuanto de los certificados aportados no podía inferirse si se estaba ante un supuesto del art. 33.1 de la LIRPF o ante un supuesto excluido de la normativa del impuesto, dado que de las certificaciones de la entidad financiera no quedaba claro si se produjo o no una disminución en el patrimonio del contribuyente.

Estatal - Penal

No ha lugar al recurso interpuesto contra la sentencia que condenó al recurrente como autor de un delito contra el ejercicio de derechos cívicos. Declara la Sala que la determinación de la conducta típica consiste en impedir a sabiendas el ejercicio de los derechos cívicos, que ha de entenderse como estorbar o dificultar la consecución de un propósito, esto es, crear un obstáculo que imposibilite realmente algo que se quiere.