Las entidades locales de Navarra informan positivamente sobre la nueva Ley Foral de Archivos, Gestión de Documentos y Patrimonio Documental

La Dirección General de Cultura-Institución Príncipe de Viana ha presentado el Anteproyecto de Ley Foral de Archivos, Gestión de Documentos y Patrimonio Documental ante la Comisión Foral de Régimen Local, órgano para la colaboración entre la Administración de la Comunidad Foral y las entidades locales, que ha informado favorablemente sobre su contenido.

Navarra.es 25.11.25

Dicho Anteproyecto es fruto de un trabajo prolongado y técnicamente muy exigente, iniciado abril de 2023. Su elaboración ha contado con un grupo de trabajo de máxima especialización dirigido por el profesor Severiano Fernández Ramos, Catedrático de la Universidad de Cádiz, y coordinado por el Servicio de Archivos y Patrimonio Documental.

La elaboración de esta nueva Ley Foral responde directamente a los compromisos recogidos tanto en el Plan Estratégico de Cultura de Navarra 2024–2028, que establece la modernización del sistema archivístico y la actualización normativa como objetivos prioritarios, como en el Acuerdo Programático de Gobierno 2023–2027, donde se fija la aprobación de una nueva Ley de Archivos adaptada al entorno digital y a la preservación del patrimonio documental. La tramitación de este Anteproyecto materializa esos compromisos estratégicos, alineando la política archivística con las líneas generales de modernización administrativa, derechos culturales y fortalecimiento de los servicios públicos en Navarra.

El Anteproyecto ha llegado a la Comisión Foral de Régimen Local tras un complejo recorrido iniciado mediante consulta pública previa y en el que han participado el personal técnico de archivos del Gobierno de Navarra, el Consejo Navarro de la Cultura y las Artes, el colectivo profesional de archiveros y archiveras junto con la Asociación de Archiveros de Navarra, los departamentos del Gobierno de Navarra, la Federación Navarra de Municipios y Concejos, entidades locales, universidades y otras entidades y público en general.

Este Anteproyecto alinea la gestión y conservación del Patrimonio Documental de Navarra con la modernización administrativa, los derechos culturales y el fortalecimiento de los servicios públicos en Navarra, suponiendo un salto cualitativo importante respecto a la Ley Foral de Archivos y Documentos actualmente vigente, que data de abril de 2007. La nueva ley dirigirá su atención a los profundos cambios producidos en la administración pública, incluidas de forma muy especial las entidades locales, con la implantación del expediente electrónico, la digitalización a gran escala, el gobierno de la información y las nuevas exigencias de transparencia, seguridad y preservación documental.

Concretamente, el Anteproyecto dedica tres artículos a las entidades locales, orientados a su incardinación en el Sistema Archivístico de Navarra, y a la gestión archivística en los municipios de más de 15.000 habitantes y en otras entidades locales que abarcan los municipios de población inferior, concejos, mancomunidades, agrupaciones de carácter territorial y otras agregaciones de municipios.

El articulado referente a las entidades locales se ha realizado teniendo en cuenta el impacto del profundo desarrollo normativo iniciado en 2016, la puesta en marcha del archivo digital y las perspectivas de futuro a corto, medio y largo plazo, con una especial atención a las necesidades de los municipios de menor población.

Entre las innovaciones más relevantes destaca la obligación de tener un reglamento de servicio de archivo firmemente orientado a la atención a la ciudadanía, así como un plan de gestión de riesgos frente a catástrofes y otras contingencias, y también el impulso de la digitalización de documentos para la difusión y valorización del patrimonio documental de importancia histórica.

Otra de las novedades radica en su carácter pionero en regular el uso de la Inteligencia Artificial en la gestión de los documentos y los archivos, anticipando un escenario tecnológico en el que la IA será una herramienta habitual en la administración pública, pero siempre bajo criterios de transparencia, supervisión profesional y preservación del valor probatorio de los documentos.

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