María del Carmen Ruiz Aguilar
María del Carmen Ruiz Aguilar es jefa de área en la S. G. de Régimen Jurídico del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.
El artículo se ha publicado anticipadamente en la Revista de estudios de la Administración Local y Autonómica (INAP, 2025).
RESUMEN
Objetivos: en diciembre de 2024 se conmemoró el décimo aniversario de la implementación del derecho de acceso a la información pública en la AGE. En este contexto, el presente estudio se enfoca en el análisis de los resultados estadísticos obtenidos a lo largo de esta primera década de aplicación. Metodología: se parte de los datos agregados proporcionados por el Portal de Transparencia de la AGE y el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, junto con una explotación propia de la base de datos GESAT2-ACCEDA. Resultados: la investigación evidencia la consolidación del sistema de acceso a la información pública establecido por la ley de transparencia estatal. Sin embargo, la tasa de concesión total de la información resulta inferior a lo esperado. Los principales obstáculos que enfrenta este derecho son la falta de res-puesta en plazo (silencio administrativo) y la aplicación de causas de inadmisión. Conclusiones: se destaca la necesidad de establecer mecanismos eficaces que obliguen a los órganos responsables a atender las solicitudes en plazo, así como la importancia de desarrollar soluciones que mitiguen la tendencia a la resolución por vía formal de las solicitudes de acceso, práctica que ha prevalecido durante esta primera década de ejercicio del derecho de acceso
ABSTRACT
TEN YEARS OF EXERCISING THE RIGHT OF ACCESS TO PUBLIC INFORMATION IN THE GENERAL STATE ADMINISTRATION
Objectives: In December 2024, the tenth anniversary of the implementation of the right of access to public information in the General State Administration (AGE) was commemorated. In this context, the present study focuses on analysing the statistical results obtained over the first decade of application. Methodology: The analysis is based on aggregated data provided by the AGE Transparency Portal and the Council for Transparency and Good Governance, along with an independent exploitation of the GESAT2-ACCEDA database. Results: The research highlights the consolidation of the public information access system established by the state transparency law. However, the overall rate of information disclosure is lower than expected. The main obstacles faced by this right include the lack of timely responses (administrative silence) and the application of grounds for inadmissibility. Conclusions: The study emphasizes the need to establish effective mechanisms to ensure that responsible bodies respond to requests within the legal timeframe, as well as the importance of developing solutions to reduce the prevailing trend of resolving access requests through formal procedural grounds, a practice that has dominated throughout this first decade of the right’s implementation
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