El Gobierno aprueba el Plan de Lucha contra la Corrupción y crea una Comisión Interministerial para su puesta en marcha y seguimiento

Aprobado por el Consejo de Ministros el Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción que fue anunciado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el pasado 9 de julio en el Congreso de los Diputados, con medidas enfocadas en la prevención y el castigo de este tipo de conductas. Asimismo, también ha dado luz verde a la creación de una Comisión Interministerial que permitirá la puesta en marcha, impulso y seguimiento del citado plan.

Hacienda.gob.es 26.08.25

Con la aprobación de este Plan el Gobierno pretende establecer una hoja de ruta clara que permita seguir avanzando hacia una Administración más íntegra y transparente. De esta forma, se profundiza en nuevas actuaciones para combatir la corrupción.  

Las medidas siguen las recomendaciones del Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (GRECO), de la OCDE, de la Comisión Europea y de la Convención de Naciones Unidas contra la corrupción, e incorporan aportaciones de la sociedad civil, planteados en el Foro de Gobierno Abierto. 

Cinco ejes y quince medidas

Para ello, el Plan se divide en cinco ejes y contempla quince medidas. 

- Eje 1: Prevención de riesgos y fortalecimiento de los controles frente a la corrupción para reducir su incidencia. En este eje destaca la creación de una Agencia Independiente de Integridad Pública, como órgano central en la Administración General del Estado para la prevención, supervisión y persecución de la corrupción. La Agencia tendrá facultades para iniciar investigaciones, supervisar el cumplimiento de normativas clave y articular mecanismos de protección para informantes.

Este eje también contempla extender la metodología de prevención del fraude aplicada en la adjudicación de los fondos Next Generation del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia; así como impulsar la Ley de Administración Abierta y fomentar un sistema de participación ciudadana en la prevención de la corrupción.

En ese sentido, se pretende, entre otras cuestiones, realizar controles aleatorios del patrimonio de los altos cargos.

En ese primer eje se potenciará el uso de la Big Data y la Inteligencia Artificial en la Plataforma de Contratación del Sector Público para aumentar el control; y se impulsará la aprobación de la conocida como ‘Ley de lobbies’. 

Por último, en este primer eje se contempla reforzar la vigilancia y aumentar la transparencia sobre la financiación y actividad de los partidos políticos. En este sentido, el plan propone la obligación de realizar auditorías externas e independientes para partidos y sus fundaciones con financiación pública superior a 50.000 euros, así como la reducción del umbral de publicación de donaciones individualizadas de 25.000 euros a 2.500 euros, así como el plazo de publicación a un mes desde su recepción.

- Eje 2: Protección de los informantes de irregularidades o casos de corrupción. En ese aspecto se pretende fortalecer la Ley 2/2023 para una mayor protección de los denunciantes e incluir mejoras en los canales de alerta, así como protección del anonimato, garantías legales y sanciones contra represalias.

- Eje 3: Investigar, juzgar y sancionar la corrupción ya detectada. Dentro de ese apartado se apuesta por reforzar la Fiscalía Anticorrupción, con más plazas y medios, y el Poder Judicial, a través de la creación de secciones especializadas en cada tribunal de instancia. Además, se otorgará carácter preferente a las causas que involucren a cargos públicos y se ampliarán los plazos de prescripción de los delitos. 

También se establecerán mecanismos de control y sanción frente a empresas corruptoras, modificando el Código Penal con más penas y nuevos delitos contra la Administración, y se elevarán las sanciones. 

Asimismo, este eje incluye crear una ‘blacklisting’, que contempla la inhabilitación para contratar, recibir subvenciones y gozar de beneficios fiscales o sociales para aquellas empresas condenadas en firme por corrupción. 

- Eje 4: Recuperación de los activos procedentes de actividades corruptas, mediante el refuerzo de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA). Además, se creará la figura del ‘decomiso administrativo’ o ‘decomiso preventivo’, que permitirá incautar bienes vinculados a actividades delictivas sin necesidad de condena previa y no solo vinculada al ámbito penal.

- Eje 5: Promover una cultura anticorrupción, con programas de formación obligatoria y difusión de buenas prácticas en materia de integridad y prevención de la corrupción dirigidos al empleado público; campañas sociales para fortalecer la concienciación anticorrupción; y la realización de encuestas anuales sobre percepción de la corrupción.  

Real Decreto para crear la Comisión Interministerial 

Junto a la aprobación del Plan Estatal, el Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se crea la Comisión Interministerial que impulsará dicha iniciativa. 

Esta comisión servirá para la coordinación política y técnica entre todos los ministerios, la supervisión de las actuaciones de los distintos departamentos, así como para impulsar la elaboración de propuestas. De esta forma, se encargará de garantizar su impulso y su correcta implementación, seguimiento y evaluación, velando por la coherencia del despliegue del Plan en todos los niveles de la Administración del Estado.

Esta comisión la presidirá la titular del Ministerio de Hacienda y formarán parte de ella los titulares de los ministerios de Trabajo y Economía Social; Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes; Interior; Cultura; y Transformación Digital y de la Función Pública; la Dirección del Gabinete del presidente del Gobierno; y el máximo representante de la Agencia Independiente de Integridad Pública, una vez que ésta se haya constituido.

Reforzar las Administraciones frente a la corrupción

Con la puesta en marcha de estas medidas el Gobierno pretende reforzar su compromiso con una gobernanza íntegra, eficaz y transparente, afianzando así la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas y avanzando hacia un modelo institucional más robusto frente a la corrupción, una de las amenazas más graves para la democracia.

De hecho, estas acciones se suman a las más de 30 iniciativas que este Gobierno ha puesto en marcha para la defensa de la democracia y la lucha contra la corrupción, como la Ley de protección del informante, o el Plan de Acción por la Democracia.

De esta forma, España se coloca entre los países que abordan la corrupción desde un enfoque estratégico, institucional y transversal.

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