Cantabria.es 26.04.25
La ley, que entró en vigor el pasado 5 de abril, establece por primera vez el deber general de simplificar, de eliminar burocracia y los trámites innecesarios para poner fin a los procedimientos eternos en el seno de la Administración, tanto autonómica como local, y, con ello, hacer la vida más fácil a empresas y ciudadanos.
Durante este encuentro, Urrutia ha destacado la importancia del trabajo conjunto para aplicar la norma, que afecta tanto a la administración pública autonómica como local: "tenemos mucho que hacer, mucho que trabajar y ahora es cuando empieza lo importante", les ha dicho la consejera Urrutia a los representantes municipales. Y es que, según ha dicho, una vez elaborada, redactada, pactada y aprobada la ley, "ahora es cuando nos toca a todos, cargos públicos y técnicos, ponerla en marcha".
En su intervención, la consejera de Presidencia ha informado que están ya en tramitación tres decretos de desarrollo reglamentario de la ley y que también afectan a la administración local, como son, el que regulará los silencios administrativos, el relativo a la reducción de los plazos en los procedimientos, y el que desarrolla las entidades colaboradoras de certificación, que garantizan el cumplimiento de todos los requisitos a través de la validación de la declaración responsable.
Plataformas comunes
Además, según ha explicado Urrutia, su departamento está impulsando ya la adhesión de todos los ayuntamientos de la región a las herramientas de la administración digital, a través del convenio formalizado entre el Gobierno de Cantabria y el Ministerio para la transformación digital. Este es el caso del certificado digital o la carpeta ciudadana que ayudarán, por ejemplo, a acceder a los documentos de los ciudadanos, evitando así solicitarlos a otros organismos públicos, ha explicado la consejera.
También se agilizarán los trámites administrativos con la sustitución de las autorizaciones y licencias por las declaraciones responsables, evitando demorar los procedimientos.
En palabras de Urrutia, la parte más importante en estos momentos es la relacionada con "la colaboración, apoyo y acompañamiento a los ayuntamientos de Cantabria", que ha considerado "imprescindible", por lo que ha ofrecido la colaboración de los técnicos y cargos de su departamento.
"No podemos llevar como bandera que esta legislatura va a ser la de la reducción de cargas y de la burocracia si vamos solos, si ningún ayuntamiento nos sigue, porque no habremos conseguido nada", ha subrayado Urrutia, tras lo que ha trasladado que el Gobierno cántabro está para "ayudar, acompañar y apoyar a los ayuntamientos en todas y cada una de las dudas o necesidades que se planteen".
En este sentido, Urrutia ha asegurado que esta jornada de formación y trabajo conjunto será "permanente en el tiempo" con el fin de que técnicos municipales y alcaldes conozcan cómo es la implantación y la implementación de la ley.
Para ello, según ha anunciado, se han previsto más jornadas de trabajo en colaboración con la Federación de Municipios de Cantabria, además de otras dirigidas a técnicos de otras consejerías, que arrancarán el próximo lunes. El objetivo del Ejecutivo cántabro es ofrecer formación permanente a todos los empleados públicos afectados por la ley, tanto de la administración autonómica como local.
La consejera ha asegurado que se llegará a la totalidad de los 102 ayuntamientos, con un volumen de empleados públicos en las entidades locales de unas 6.000 personas. "Vamos a hacer un esfuerzo para que esa formación sea on-line, evitar desplazamientos y facilitar la formación", ha concluido.
Junto a la consejera, han participado en esta primera jornada con los ayuntamientos un amplio equipo técnico del Gobierno regional, compuesto por el director General de Simplificación Administrativa, Transparencia y Participación Ciudadana, Paulino Sánchez; la directora General de Seguridad y Protección Ciudadana, Mónica Escobedo; la directora de Administración Local, Marta González; el director del Instituto Cántabro de Administraciones Públicas, Manuel Fresno; el director del Servicio Jurídico, Fernando de la Fuente; el director general de Informática, Pablo Izu, y la subdirectora de Simplificación Administrativa, Milagros Estrada,.
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