Lorena Melchor Llopis es Profesora ayudante doctora en la Universitat de València
El artículo se publicó en el número 12 de la revista Documentación Administrativa (INAP, junio 2024)
RESUMEN
Objetivos: analizar en qué medida el tercer procedimiento de estabilización se alinea con los principios constitucionales que regulan el acceso a la función pública en España. Metodología: se realiza un análisis de las causas que han llevado a la precarización del empleo temporal en el sector público, complementado con un estudio crítico de la normativa aplicable y la jurisprudencia pertinente. Resultados: el estudio revela que la estructura del tercer procedimiento de estabilización presenta conflictos significativos con los principios de igualdad, mérito y capacidad, fundamentales en el acceso a la función pública. Conclusiones: se recomienda una reforma integral del régimen jurídico del personal temporal y la implementación de una política de planificación más coherente, con el objetivo de asegurar el pleno cumplimiento de los principios constitucionales y fomentar una estabilidad laboral efectiva en el ámbito público.
ABSTRACT
THE FALLACY OF THE THIRD STABILISATION PROCEDURE FOR TEMPORARY PUBLIC EMPLOYMENT
Objectives: To evaluate the extent to which the third stabilization procedure is consistent with the constitutional principles governing access to public service in Spain. Methodology: This analysis undertakes a examination of the factors leading to the precariousness of temporary employment within the public sector, alongside a critical review of the applicable statutory framework and relevant jurisprudence. Results: The study reveals that the configuration of the third stabilization procedure is at odds with the constitutional principles of equality, merit, and capacity, which are foundational to the lawful access to public service positions. Conclusions: The study recommends a comprehensive overhaul of the legal regime governing temporary public sector personnel and the establishment of a more coherent workforce planning strategy, aimed at ensuring strict adherence to constitutional mandates and promoting genuine job stability within the public sector.
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