Esta Ley tiene como objeto, estructurar el sistema público de evaluación de políticas públicas en la Administración General del Estado con el fin de institucionalizar la evaluación como herramienta de aprendizaje colectivo y organizativo, mejorar el servicio público, servir a la rendición de cuentas y transparencia, lo que contribuye a la eficacia y eficiencia de la acción pública y a la mejora en la formulación de las políticas públicas y su posterior implementación. Con esta ley se promueve la cultura de la evaluación y la práctica de la evaluación con un enfoque transversal, integral y participativo como herramienta para valorar el impacto real de las políticas públicas.
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