Escrivá analizará incentivar con un 5% a los funcionarios que se jubilen más allá de los 60 años

Posible nueva vuelta de tuerca a la jubilación precisamente el mismo mes en el que se han puesto ya en marcha las primeras medidas acordadas por el Gobierno y los agentes sociales para reformar el sistema de las pensiones. El Ministerio de Seguridad Social estudiará poner en marcha nuevos incentivos para retrasar la edad de jubilación efectiva, en este caso dirigidos a los funcionarios de clases pasivas que prolonguen su vida laboral más allá de los 60 años.

Heraldo.es – Lucía Palacios – 20.02.22

Así al menos lo indicó este miércoles CSIF, el sindicato mayoritario del colectivo de empleados públicos, después de la reunión que mantuvieron con el departamento liderado por José Luis Escrivá. Desde el ministerio sostienen que "analizarán", como hacen siempre, todas y cada una de las medidas que les presenten. La propuesta realizada por este sindicato es incentivar con un 5% anual acumulable al personal de clases pasivas que decida prorrogar su vida laboral más allá de los 60 años.

Cabe recordar que los funcionarios que pertenecen al Régimen de Clases Pasivas pueden jubilarse voluntariamente a partir de los 60 con el cien por cien de su pensión siempre y cuando cumplan ciertos requisitos, como son haber cotizado durante 30 años, haber prestado un periodo mínimo de 15 años de servicios al Estado y, además, haber trabajado durante los últimos cinco años anteriores a la jubilación para la Administración Pública.

Las clases pasivas es un régimen que goza de una serie de privilegios pero que está en vías de extinción, puesto que ya desde el año 2011 está cerrado y ningún nuevo funcionario puede integrarse en él. Sin embargo, todavía cotizan en él más de 800.000 personas -según estimaciones de CSIF-, que son profesores, militares de carrera, jueces, fiscales, funcionarios de la Administración Pública y personal transferido a las CC. AA. e incluso presidentes, vicepresidentes, ministros y otros cargos políticos, que pueden retirarse así a los 60 años sin que les aplique ningún tipo de coeficiente reductor, como sí les sucede al resto de asalariados y autónomos que se retiran antes de la edad ordinaria por muchos años cotizados que tengan.

Este derecho que mantiene este colectivo desde hace décadas no fue modificado en el acuerdo que logró en octubre de 2020 la comisión del Pacto de Toledo, pese a que había retincencias a su blindaje, ya que Europa mira con lupa este tipo de regímenes especiales. Lo que sí hizo el Gobierno unos meses antes, en pleno confinamiento y vía real decreto, es traspasar la gestión de este régimen a la Seguridad Social, ya que hasta entonces lo llevaban desde Hacienda.

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