Seiscientos empleados estrenan el teletrabajo en la Xunta

Dentro del ecosistema del empleo público en Galicia, este jueves se puede considerar histórico. El conselleiro de Facenda, Valeriano Martínez, selló el acuerdo que activa la implantación del nuevo régimen de teletrabajo de la Xunta, y lo hizo con un sindicato, la CIG, que se ha mantenido al margen de los grandes pactos sociales de los últimos años.

Lavozdegalicia.es – Juan Capeans – 10.12.20

Acostumbradas ambas partes a negociar a golpe de décimas de subidas salariales, el desarrollo del teletrabajo sobre la base de la reciente normativa estatal —Galicia es la primera comunidad que lo hace— cambiará de forma sustancial la vida de un número de empleados nada desdeñable. Justo antes de la pandemia, Facenda había concedido la condición de teletrabajadores a tiempo parcial (por días) a 320 personas. Durante el confinamiento llegaron a ser 11.000 los que siguieron con sus tareas desde el hogar por razones sanitarias, y la continuidad de la pandemia seguirá condicionando el éxito del nuevo régimen.

Desde que comenzó en mayo la desescalada para regresar a sus puestos presenciales se han multiplicado las solicitudes, que estuvieron un tiempo bloqueadas y que ahora se han ido aprobando con cierta agilidad hasta llegar a las seiscientas, un número que crecerá ahora que las dudas legales se han despejado y hay una normativa clara.

Servicios garantizados

Zeltia Burgos, firmante por parte de la central nacionalista, cree que en el escaso tiempo de negociación han conseguido orientar el texto para quitarle el aire de <<permiso de conciliación>> que tenía inicialmente, cuando se tramitaron las primeras solicitudes en el 2013, para convertirlo en una modalidad laboral <<novidosa>>. La clave, asegura, fue encontrar un modelo garantista para los empleados, que mantienen siempre su puesto físico en la sede, pero preservando al mismo tiempo el buen funcionamiento de los servicios, con un 40 % de atención presencial por unidad administrativa.

Coinciden los representantes de los trabajadores en que la demanda seguirá creciendo en los próximos meses, pero advierten que tanto la petición como la concesión es reversible, y que es posible que tras el furor inicial haya cierto retroceso o desencanto con la experiencia, que según la Xunta podrán disfrutar a lo sumo 7.000 trabajadores.

La CIG eleva esa cifra hasta los 10.000.

La autorización tendrá un año de vigencia y se prorrogará automáticamente en las mismas condiciones mientras persistan las circunstancias. Será compatible con cualquiera de las modalidades horarias ya establecidas (ordinaria, flexible o especial) pero la jornada no podrá fraccionarse para ser prestada de forma presencial y a distancia.

Tendrán prioridad en la concesión las víctimas de violencia de género, las embarazadas, las personas con discapacidad, los mayores de 60 años o los que necesiten conciliar por un menor o mayor a cargo. El acuerdo también reconoce expresamente el derecho a la desconexión digital, y cada empleado tendrá un plan individual en el que se recogerán los objetivos, el calendario o los indicadores para medir el grado de cumplimiento y los horarios. Además, contarán con los medios técnicos e informáticos para desarrollar su labor en toda su extensión, con los mismos recursos de la sede administrativa.

Quedan exentos de esta modalidad los funcionarios que trabajen en oficinas de atención al público, puestos técnicos con atención 24 horas, conductores, personal subalterno, secretarías de altos cargos o aquellos puestos que manejen información no digitalizable.