La Generalitat refuerza el control sobre los contratos de menor importe

La Generalitat ha reforzado el control sobre los contratos de menor importe y el año pasado ya figuraban en el Registro Público de Contratos (RPC) de la Generalitat un total de 171.454 contratos de este tipo, unos 94.000 más que en 2017.

Lavanguardia.com 07.07.19

En declaraciones a Efe, la directora general de contratación pública de la Generalitat, Mercè Corretja, ha explicado que la ley catalana de transparencia, aprobada a finales de 2014, obliga a comunicar al Registro Público de Contratos todos los datos de los contratos menores de todos los departamentos de la Generalitat y de los entes del sector público.

La obligación de registrar dichos contratos entró en vigor el 1 de julio de 2015, y desde entonces se ha disparado el número de contratos de este tipo registrados.

Corretja aclara que un contrato menor es aquel que incluye obras inferiores a 40.000 euros o servicios y suministros por menos de 15.000 euros.

Aunque hace años este tipo de contrato estuvo bajo sospecha, por la polémica sobre los estudios y dictámenes encargados por la Generalitat, Corretja subraya que actualmente cualquier contrato menor está sujeto a "muchas medidas de control".

Y es que, cuando un departamento o un ente del sector público tramita un contrato de este tipo, debe justificar su necesidad con un informe y deber registrar telemáticamente tanto la relación de adjudicatarios, como el importe y la finalidad de la contratación.

Corretja ha explicado que el aumento en el volumen de contratos menores registrados se explica por la implantación del tramitador electrónico de expedientes de contratación a muchos entes del sector público durante 2017.

La directora general también ha dejado claro que también hay obligación de comunicar a este registro público toda la contratación menor relacionada con estudios y dictámenes.

Todas estas herramientas permiten "tener transparencia y control" sobre los contratos menores, que supusieron 299 millones de euros en 2018, de los que un 82,6 % del importe corresponde al sector público de la Generalitat y el 17,4 % restante a los departamentos de la Generalitat.

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