La Junta, dispuesta a subir sueldos el 1,5% en agosto y deja en el aire el 0,25% restante

La Junta de Castilla y León ha planteado a los sindicatos cómo llevar a cabo la subida de salarios para los empleados públicos una vez publicados los Presupuestos de 2018. Las cuentas del Estado especifican que el incremento es del 1,5% con efectos desde el 1 de enero, al que se añade un 0,25% más, para un total de 1,75%, con efectos desde el 1 de julio -al alcanzarse el objetivo de crecimiento del PIB-.

Lagacetadesalamanca.es 06.07.18

La medida que ha comunicado a los sindicatos es que aplicará en la nómina de agosto ya esa subida, pero del 1,5% en vez del 1,75% como correspondería. Ese 0,25% de diferencia lo acabará pagando, pero no ha especificado a los representantes de los trabajadores cuándo lo hará a la espera de lo que pueda acordar con ellos en una próxima reunión.

La idea inicial que propone la Junta implica que la subida contemplada en los Presupuestos se note ya en la nómina de agosto. Sin embargo, en vez del 1,75% -el máximo permitido por el Gobierno central desde el 1 de julio al cumplirse el crecimiento del PIB- únicamente aplicaría el 1,5%, un 0,25% menos. El Ejecutivo de Juan Vicente Herrera sí ha aclarado que su intención es elevar ese aumento salarial al 1,75%, pero sin embargo no precisa en qué mes lo hará, ya que está a expensas de su disponibilidad presupuestaria.

La Administración regional sí ha asegurado a los sindicatos que pagará los atrasos de la subida que no se ha podido aplicar en los primeros siete meses del año también en agosto, en una nómina diferente. Esta vía también la tendrá que utilizar la Junta si finalmente apuesta por retrasar la aplicación del 0,25% restante, ya que deberá pagar los atrasos correspondientes a esta cuantía desde el 1 de julio. Sindicatos como CSIF o UGT ya han mostrado su disconformidad con este planteamiento y han propuesto alternativas que debatirán en la próxima reunión de la Mesa General de Negociación, que se celebrará en los próximos días según confirmó la Consejería de la Presidencia, que no quiso entrar a valorar la idea inicial de la Junta.

De la decisión del Gobierno regional dependen miles de trabajadores en Salamanca. Además de los casi 11.000 funcionarios y personal laboral ligados directamente a la Junta en la provincia salmantina, hay que sumar el más de un millar de docentes de la enseñanza concertada cuyos sueldos paga la Administración y a los que también se aplica el incremento salarial. Los 3.000 empleados de la Universidad de Salamanca también dependen de lo que decida el Gobierno regional.