Lavanguardia.com 21.06.17
También se ha firmado una segunda declaración en la que se demandan medidas para estimular la rendición de cuentas de las entidades locales y que la "transparencia" que ha de presidir la gestión pública "se vea reforzada frente a la opacidad que persiste en algunos ámbitos", informa este Tribunal en una nota de prensa.
En relación a los plazos, el Tribunal sugiere establecer como fecha límite para la rendición de cuentas el 30 de junio del ejercicio siguiente al que las mismas se refieren, con las adaptaciones y periodos transitorios que sean necesarios.
Hasta ahora y con carácter general, en el sector público hay distintos plazos. En el caso de las cuentas de la Administración General del Estado los plazos van del 31 de julio hasta fin del ejercicio y en el sector público autonómico oscilan entre el 30 de junio y el 31 de octubre del ejercicio siguiente.
En cuanto a las entidades locales, el Tribunal plantea promover la cobertura de puestos de trabajo reservados a funcionarios de la Administración local con habilitación de carácter nacional y reforzar los medios de las entidades locales para que puedan ejercer el control interno de su actividad económico-financiera.
Además, se insta a fortalecer la asistencia y asesoramiento de los municipios, especialmente los de menos de 1.000 habitantes, por parte de las administraciones públicas.
Asimismo, el Tribunal pide revisar las multas coercitivas actualizando las cuantías previstas.
Y solicita que los Órganos de Control Externo sean habilitados para la imposición de multas en caso de incumplimiento de la rendición de cuentas o falta de colaboración en el suministro de la información.
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