FEACEM no ve "lógico" dar contratos públicos a empresas que no contratan a empleados con discapacidad

El presidente de la Federación Española de Asociaciones de Centros Especiales de Empleo (Feacem), Emilio Sáez Cruz, no ve "lógico" que se den contratos públicos a las empresas que no cumplen con el requisito de contratar a un mínimo de un 2% de empleados con algún tipo de discapacidad. Sáez Cruz, en una entrevista concedida al boletín semanal ‘Cermi.es’, destaca que las empresas no están cumpliendo con una legislación que cuenta ya con tres décadas de antigüedad, en referencia a la obligación de contratar a trabajadores discapacitados.

Lainformacion.com 27.12.16

Al mismo tiempo, el presidente de Feacem dice estar esperanzado “con las recientes normas que favorecen el contrato social” y se refiere a que “de no haber existido los Centros Especiales de Empleo (CEE), se habría tenido que inventar una fórmula similar”.

Asimismo, Sáez Cruz, quien ha sido reelegido recientemente para dirigir su federación, explica que en el tiempo que lleva en el cargo una de las tareas en las que se ha centrado su organización ha sido la expansión del conocimiento del empleo y la discapacidad a las empresas y administraciones. Para ello han elaborado un catálogo con productos y servicios, al tiempo que han elaborado documentos y estudios de envergadura que demuestran que los CEE hubieran aparecido tarde o temprano.

PREJUICIOS SOBRE LOS CEE

Además, el responsable de la principal institución social en materia de CEE recuerda con entusiasmo que mientras la crisis económica hacía perder puestos de trabajo tanto de personas con discapacidad como sin ella, los CEE veían un crecimiento en su tasa de actividad reflejo de un aumento del 13% en el número de empleados, “hemos pasado de 62.000 en el año 2012 a las alrededor de 70.000 en la actualidad”, explicó. “Sobre los CEE se piensa que son guetos donde sólo trabajan personas con discapacidad. En un CEE hay un 70% de personas con discapacidad pero, en cualquier caso, siempre lo decimos: no nos oponemos a que las personas con discapacidad trabajen en el resto de empresas, pero es que a menudo retornan por la situación de desasosiego que encuentran en el mercado ordinario”, aseguró. “Hay mucha presión externa tanto en Europa como en la ONU para que la empleabilidad de las personas con discapacidad sea cada vez más ordinaria”, añadió para una realidad en la que están empresas de más de 50 trabajadores que están obligadas a contratar a un 2% de personas con discapacidad en la que no queda claro el seguimiento para comprobar la ejecución de los servicios de inspección de manera correcta.

De cara a este cumplimiento, Feacem propone la creación de un observatorio o comisión evaluadora “entendemos que las empresas, igual que tienen estar al corriente del pago de la Seguridad Social, o de Hacienda, debe de estar al corriente de cumplimiento de la legislación vigente”, comparó.

PETICIONES PARA LA NUEVA LEGISLATURA

“Creemos que esta legislatura va a ser muy negociadora y se va a poder llevar a buen puerto medidas importantes y vamos a poder explicarles bien qué es un CEE. Tanto Feacem como el Cermi apostamos por una nueva ley general de empleo de las personas con discapacidad que abarque todos los ámbitos; desde la empresa ordinaria hasta la función pública". En cuanto a la normativa existente, Sáez Cruz manifiesta que una normativa que en el año 1987 reguló por real decreto los CEE es una normativa que necesita ser renovada, “además lo decimos desde el punto de vista de que en estos años tan malos el presupuesto destinado a CEE se ha bajado entre un 40% y un 50%, el desequilibrio territorial que hay a la hora de aplicar la normativa es muy dispar por lo que existe la necesidad de ordenar el sector”.

“Hay otras vías de financiación que pueden soportar el coste que esto genera, pero dicho esto, según los estudios que hemos elaborado cada euro que recibe los CEE retornamos un mínimo de 1,42 euros”. Mediante este cálculo “se demuestra que se crea empleo para 70.000 personas pero además se aportan beneficios para la Administración, no es un coste, es otro de los mitos que hay que derribar. Y si además la Administración lo hace bien y va reservando contratos públicos, probablemente podrá reducir su partida presupuestaria en este sentido”, sentenció Sáez Cruz.

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