El 6% de contratos públicos se reserva a las empresas de inserción laboral

Tanto las consejerías como los entes públicos de la Junta de Extremadura están obligados a reservar al menos el 6% del importe de los contratos para los Centros Especiales de Empleo y las Empresas de Inserción Social, en determinadas áreas de actividad laboral.

Elperiodicoextremadura.com 14.05.16

El consejero de Economía, José Luis Navarro, así lo manifestó durante su participación en la Asamblea en la Jornada de Compra Pública Responsable, organizada por la Confederación de Empresas de Economía Social y Autónomos (Cepes).

Navarro trasladó el compromiso del Ejecutivo con las personas en riesgo de exclusión social y/o con discapacidad al incorporar la cláusula social en todos los procedimientos de contratación.

La medida se recoge en la Instrucción de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, aprobada en Consejo de Gobierno, y que está en vigor desde su publicación en el Diario Oficial de Extremadura (DOE) el pasado mes de marzo.

Así, destacó Navarro, se garantiza "la igualdad de oportunidades" entre las personas y, en especial, "el derecho laboral básico de las personas con mayores dificultades para el acceso al mercado de trabajo".

El texto contempla un amplio catálogo de criterios a tener en cuenta en los pliegos de contratación de la Administración Pública, como aspectos sociales, ambientales, de promoción de pymes e impulso de la sostenibilidad.

Con ello, según Navarro, se cumple realmente la voluntad de integrar y apoyar a las personas que más lo necesitan, porque "si difícil resulta para cualquier persona acceder a un puesto de trabajo, mucho más lo es para estas personas".

La intención es apoyar fuertemente a las empresas sociales y que dentro de unos años "éstas hayan crecido de una manera muy importante" en la región, porque "eso significará haber logrado incorporar al mercado laboral a muchas personas que hoy tienen barreras que no se lo permiten".

MODELO La presidenta de la Asamblea, Blanca Martín, apostó durante la inauguración por un modelo económico basado en la justicia social y la igualdad de todos los ciudadanos, así como en que sea respetuoso con el medio ambiente y los derechos humanos.

Martín manifestó que la economía solidaria surge como una herramienta de trabajo colectivo y como alternativa tanto en la producción como en el consumo y alabó a las empresas de inserción laboral que hacen esto posible.

En este sentido, declaró que deben seguir apostando por un diálogo constructivo entre los poderes públicos, el sector privado y las asociaciones que reclaman la implantación de prácticas que solucionen las necesidades financieras, laborales o de vivienda.

También aseguró que las instituciones públicas tienen que ser un ejemplo de implantación en la economía social como entidad consumidora, inversora, contratante, empleadora y que presta servicios.

Finalmente, reivindicó que haya más participación femenina en los órganos de dirección de las empresas y administraciones.