Riba-roja aplicará criterios sociales en la adjudicación de contratos

El pleno del Ayuntamiento de Riba-roja de Túria ha aprobado una moción de Esquerra Unida y de Compromís en la que el consistorio se compromete a partir de ahora a valorar los criterios sociales y sanitarios a la hora de adjudicar contratos públicos. La propuesta pretende impulsar este tipo de parámetros, adaptados a los nuevos tiempos y las necesidades incipientes, frente a los métodos «tradicionales» que ofrecen prioridad a las cuestiones económicas.

Levante-emv.com 19.04.16

El texto aprobado insiste en que los objetivos de las administraciones deben dirigirse a <<conseguir una contratación pública estratégica, sostenible y socialmente responsable>> que tenga en cuenta no sólo la calidad, la eficacia y la sostenibilidad medioambiental en la prestación de los servicios públicos y en las empresas públicas sino también incidir sobre las condiciones sociales y laborales de los trabajadores pues la oferta económica más ventajosa <<no tiene que identificarse con la de precio más bajo>>.

Para ello, la iniciativa de ambos grupos se sustenta en <<los cambios jurídicos introducidos en el marco de la Unión Europea en la que se aplican otros criterios de adjudicación como los sociales, los medioambientales o de innovación, prioritarios ante un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, con especial énfasis en los principios de transparencia, no discriminación e igualdad de trato para garantizar una comparación objetiva del valor relativo de los licitadores>>. En este caso, las adjudicaciones de contratos relacionados en el ámbito sanitario y social resultan prioritarios para su protección.

En los sectores que necesiten de un mayor apoyo por parte de la administración en su condición de prioritarios <<como los sanitarios y sociales>>, fuentes municipales explican que se tendrá en cuenta un tratamiento alejado del mercado y se valorarán los criterios basados en la calidad en lugar de sustentarse, principalmente, en la cantidad y en los parámetros numéricos.

La moción aprobada por el pleno incluye la solicitud de los informes jurídicos para que desde ahora los pliegos de contratación que lleva a cabo el consistorio y las empresas dependientes del mismo <<incorporen cláusulas sociales y medioambientales>> que se tendrán en cuenta sobre la puntuación total. Así, los criterios se basarán en la mejor relación calidad-precio, como es el caso de la calidad, la accesibilidad, las características sociales, medioambientales o innovadores y se vincularán al respeto a los principios de igualdad, no discriminación, transparencia y proporcionalidad.

Los ponentes de la moción insisten en la erradicación del criterio de que el precio más bajo <<sea el que determine la elección de la empresa que prestará los servicios públicos cuando se utiliza más de un criterio de valoración>> y, por tanto, consideran que se eliminará cualquier posibilidad que desde una administración pública se fomente de forma negativa en el ámbito laboral. De hecho, la moción considera que actualmente <<numerosas actuaciones acaban destruyendo empleo y empeorando las condiciones laborales de los trabajadores>>.