Las instituciones públicas incumplen mayoritariamente la normativa legal sobre contratos

Después de un primer análisis en el que se evidenció el escaso cumplimiento de la obligación legal de publicación de contratos por parte de Ayuntamientos, Comunidades Autónomas y Parlamentos, el segundo análisis realizado por Transparencia Internacional España muestra asimismo un bajo nivel de cumplimiento por parte de Diputaciones Provinciales y Universidades públicas.

Lawyerpress.com 01.03.16

En el primer análisis, realizado en Enero 2016 por Transparencia Internacional España en colaboración con el Observatorio de Contratación Pública respecto a los 110 grandes Ayuntamientos españoles, las 17 Comunidades Autónomas y los 19 Parlamentos (Congreso, Senado y 17 Parlamentos autonómicos) se pone de manifiesto que tres de cada cuatro Ayuntamientos no cumplen con la obligación legal (Ley 20/2013 de garantía de la unidad de mercado) de publicar sus contratos y licitaciones en la Plataforma de Contratación del Sector Público; tampoco cumplen esta obligación tres de cada cuatro Parlamentos (26% de cumplimiento), siendo, por otra parte, sólo tres Comunidades Autónomas de las 17 totales (el 18%) las que cumplen con el mencionado mandato legal. Resulta significativo en este contexto que Ayuntamientos como los de Madrid, Barcelona, Bilbao o Valencia incumplan esta normativa legal.

En el segundo análisis (realizado en Febrero 2016) del nivel de cumplimiento legal de 45 Diputaciones Provinciales, y de 51 Universidades públicas, se pone de manifiesto que casi seis de cada diez Diputaciones no cumplen con la citada obligación legal de publicar sus licitaciones en la Plataforma de Contratación del Sector Público, siendo este nivel de cumplimiento mayor en el caso de las Universidades públicas, colectivo en el que el 59% de estas instituciones cumple la mencionada obligación legal.

Transparencia Internacional España insta a que todas las instituciones públicas cumplan en el menor breve plazo posible esta obligación legal, de cara a que la información general y detallada de los contratos y licitaciones que llevan a cabo los miles de entidades públicas españolas se encuentre centralizada a nivel nacional y a disposición de todos los ciudadanos y empresas de este país, de cara a un aumento de la transparencia y la prevención de la corrupción, y posibilitándose además un mayor cumplimiento de las reglas de la competencia, y por tanto, de la eficiencia económica global.