Diariodejerez.es 19.05.15
Fuentes de la Consejería de Hacienda y Administración Pública aseguraron que la intención es impulsar de manera inminente el cambio normativo que propuso hace unas semanas el Consejo Consultivo. En un dictamen, este órgano resolvió que debían adaptarse estos concursos para que computase el tiempo de experiencia de los interinos y remitía a sentencias del Tribunal de Justicia de la UE.
Ayer esta redacción publicó que la Comisión Europea, en una carta dirigida al ministro de Exteriores, José Manuel García Margallo, amenaza con sancionar a España si no computa el tiempo de experiencia previa como interino en los concursos de mérito, ya que estaría incumpliendo una directiva europea sobre la discriminación en el trabajo temporal (1999/70/CE ).
La Comisión Europea remitió el pasado 26 de marzo una carta de emplazamiento al ministro de Asuntos Exteriores en la que considera que las autoridades españolas, apoyadas por una serie de sentencias de los tribunales de Andalucía, ha incumplido las obligaciones de reconocer la antigüedad de los funcionarios interinos en los concursos de méritos antes de ingresar como funcionarios de carrera. La carta da dos meses al Gobierno para enviar sus observaciones. Esta carta supone el inicio formal de un procedimiento de infracción al Estado español, habitualmente una multa económica. El Ministerio de Asuntos Exteriores fue consultado ayer por si va a enviar observaciones a esta carta, sin respuesta.
Los sindicatos CCOO y ISA (antigua Ustea) se mostraron a favor de esa petición de la Comisión Europea, mientras que el Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) lo consideró "una medida y una decisión política" y añadió que esa carta "no puede contradecir lo que los tribunales han dicho". El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha tumbado de manera reiterada las iniciativas de la Junta por rectificar este criterio e incorporar la experiencia de los interinos. El Tribunal Supremo y también el Tribunal Constitucional este pasado febrero han fallado que la experiencia de los interinos no computa para los méritos.
Fuentes del SAF señalaron que esa carta "es sólo una carta y no puede contradecir lo que el TSJA y el TC han dictaminado". Recordaron que Ustea "utilizó su influencia en el Gobierno de la Junta para presentar una denuncia ante la Comisión Europea", en referencia al caso Rosado Santana de 2011y aseveró que "no hay ninguna decisión del TJUE donde diga que el Gobierno central o la Junta hayan infringido alguna norma, por lo que esto es una cuestión política".
"En Andalucía esos méritos de los servicios previos ya se les valoró en el concurso; por lo que esto es una decisión política de la UE (...) Hay sentencias y doctrina y hay creada jurisprudencia donde dice que son los jueces del Estado miembro los que deben valorar si se cumple o no; y en este caso los jueces han dicho que no se incumple nada", señalaron. Por tanto, insistieron que "es una batalla política donde se quiere soslayar las sentencias de los tribunales". El SAF tiene presentada una denuncia ante la Fiscalía del TSJA contra el presidente y consejeros del Consultivo que avalaron el dictamen y contra los altos cargos de la Consejería de Hacienda responsables de la función pública.
Por su parte, fuentes de CCOO reclamaron que, "sobre todo, se cumpla con la legalidad para evitar jaleos en los concursos" y recordaron que la directiva europea "es de obligado cumplimiento", por lo que "se debe modificar la ley y después modificar el decreto para que haya seguridad jurídica y evitar judicialización y evitar que se sancione a España por no cumplir las condiciones". "Habrá que esperar a que el Parlamento modifique la ley para que no tenga que judicializarse", añadió CCOO, que pidió al resto de partidos un posicionamiento.
Iniciativa Sindical Andaluza, ISA (antigua Ustea) reconoció que se siente "satisfecha" al ver que "la Unión Europea reconoce la discriminación sufrida por el personal funcionario interino de la Administración General de la Junta de Andalucía por no haberse tenido en cuenta la prohibición de diferencia de trato que se regula en la Directiva del Consejo".
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