11 de agosto de 2014.- El informe de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude remitido a la Fiscalía General del Estado confirma la correcta forma de actuar de la Agencia Tributaria, que ha reformado sus sistemas de control e investigación tributaria y aduanera de todos los tipos de fraudes que se producen por el paraíso fiscal de Gibraltar. Cabe recordar, por otra parte, que este informe de la OLAF es consecuencia de una denuncia previa de la Agencia Tributaria.
El Informe en el que se recomienda investigar el contrabando de tabaco y blanqueo de capitales en Gibraltar viene a dar la razón a la política del Gobierno y más en concreto de la Agencia Tributaria, en su labor de lucha contra el fraude y economía sumergida y pone de manifiesto la repercusión económica que un fenómeno de tal envergadura puede tener tanto en nuestro país como en toda la Unión Europea.
Desde el año 2006 se viene observando un importante incremento de la entrada de tabaco en Gibraltar a través de la Aduana de La Línea de La Concepción. Desde los 61,9 millones de cajetillas exportados por la Aduana de La Línea a Gibraltar en 2009, en los tres últimos años se han superado ampliamente los 110 millones de cajetillas, cantidad que no puede ser consumida por los aproximadamente 29.000 ciudadanos allí residentes. Estas ingentes cantidades de tabaco posteriormente son introducidas mayoritariamente en España de modo ilegal.
Paralelamente, se ha producido un importante incremento de aprehensiones de cigarrillos, tanto en lo referente a número de actuaciones como a la cantidad global intervenida.
En 2013, el Campo de Gibraltar concentró cerca del 60% de las diligencias de aprehensión por infracción administrativa de contrabando de tabaco de toda España.
Este contrabando resulta plenamente controlado por organizaciones criminales que obtienen una importante financiación y que quedan amparados por la inacción del gobierno gibraltareño que conoce y permite la existencia de significativos volúmenes de importación de tabaco en una colonia de apenas 29.000 habitantes sin que se adopten medidas significativas para su control.
Asimismo, la presencia de Gibraltar y en concreto su régimen fiscal y su opacidad informativa plantea otros problemas asociados que suponen perjuicios económicos adicionales y que, lejos de constituirse en polo de prosperidad para la zona, deterioran económicamente su entorno más inmediato para luego extender sus efectos hacia el resto del territorio nacional.
Así, el amparo que la administración gibraltareña otorga a aquellos que se residencian fiscalmente en la colonia supone una importante barrera para el control de las diferentes administraciones tributarias.
En relación con esta opacidad, la Agencia Tributaria viene desarrollando a diferentes niveles actuaciones de control en la lucha contra el fraude de los paraísos fiscales en línea con las recomendación de FATCA, la OCDE y la UE.
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