Beteta: “Sin las medidas difíciles que tuvo que adoptar este Gobierno, hoy no tendríamos un déficit controlado, un desempleo a la baja y un crecimiento sostenido”

El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, ha afirmado que el déficit es un concepto que supone mucho más que un desequilibrio entre ingresos y gastos, “supone un lastre para el crecimiento, ya que detrae recursos que pueden ser invertidos en la economía productiva, a la investigación y desarrollo y que, en cambio, deben destinarse a pagar la deuda que generan esos gastos. Deuda, además, que dado su volumen, genera cuantiosos intereses”.

- El secretario de Estado de Administraciones Públicas ha destacado que las leyes de estabilidad presupuestaria, de control de la deuda comercial en el sector público, de factura electrónica y de transparencia representan “una nueva forma de hacer política y de gestión”

- Casi 105.000 millones de euros habrán aportado los mecanismos extraordinarios de financiación a las administraciones territoriales entre 2012 y 2014

21 de julio de 2014.- Beteta, que ha hablado sobre “Políticas presupuestarias y déficit público”, en el “Seminario sobre transformación del talento y redes de conocimiento en la Administración Pública” de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Santander, ha recordado cómo este Gobierno, cuando comenzó la legislatura, “en lugar de encontrarse el déficit anunciado del 6% se encontró un déficit del 9,1%, unos 25.000 millones de desajuste entre lo comprometido con Bruselas y el déficit en el que realmente se incurrió”.

MEDIDAS DIFÍCILES, PERO NECESARIAS

Fue necesario adoptar rápidamente medidas difíciles -ha añadido- “medidas que cualquier Gobierno hubiese preferido no adoptar, pero que sin ellas, hoy no nos encontraríamos con un déficit controlado, un desempleo a la baja y un crecimiento cada vez más acelerado y sostenido”.

En el segundo Consejo de Ministros se puso en marcha un amplísimo paquete de medidas de orden económico y social que permitieron conseguir un ahorro de 15.175 millones de euros, de los que 8.900 vinieron de la reducción del gasto y 6.275 del incremento de ingresos.

Ésas y otras medidas fueron imprescindibles, “si queríamos controlar un déficit desbocado -ha indicado Beteta- resultaban duras, pero se establecieron dos límites, dos líneas rojas para no perjudicar a los más vulnerables por la crisis, por eso se introdujo progresividad en la subida de impuestos para que, por ejemplo, el gravamen complementario fuera sólo de 0,75 puntos para las rentas más bajas mientras que el de las rentas más altas alcanzó los 7 puntos, pasando el tipo en el IRPF del 45% al 52%”.

“La segunda línea roja –ha continuado el secretario de Estado- era mantener los niveles de gasto social. De hecho, el gasto social de nuestras AAPP representa el 64,6% del gasto total, porcentaje similar al de 2012 y 2013 y dos puntos más que en el último año del anterior Gobierno socialista”.

LEYES Y MECANISMOS PARA CONTROLAR DÉFICIT Y MOROSIDAD

En los primeros meses de la legislatura se aprobó la Ley de Estabilidad Presupuestaria, “con una filosofía muy elemental, evitar la repetición de los errores del pasado que nos habían conducido al déficit. Errores que nos hicieron pasar de un superávit del 2,4% en 2007 al colosal déficit del 11,1% en 2009. Hubo malas prácticas, gestión ineficiente, morosidad y facturas sin pagar, sobreendeudamiento y sobreexposición”.

La Ley de Estabilidad Presupuestaria vino precedida, ha añadido el secretario de Estado, por la puesta en marcha de mecanismos extraordinarios de liquidez, con el objetivo de permitir el saneamiento presupuestario de nuestras administraciones territoriales sin que se viesen perjudicados los servicios públicos.

El mecanismo de financiación de pago a proveedores, al que la semana pasada se ha puesto fin con una nueva ley, quedando sólo ya para gestionar los préstamos contraídos por CCAA y EELL, “ha permitido hasta este año pagar más de 8 millones de facturas por un importe que supera los 41.800 millones de euros a casi 200.000 proveedores que, en más del 50% de las facturas en el caso de las comunidades autónomas, y más del 60% en el caso de las entidades locales se han pagado a pymes, pequeños emprendedores y autónomos y la mayoría de ellas han ido destinadas a la sanidad, educación o servicios sociales, es decir, para sostener y potenciar nuestro Estado del bienestar”.

Por lo que respecta al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), actualmente es su tercer año de funcionamiento, ha señalado Beteta, “los importes inyectados entre 2012 y 2013 alcanzan los 39.586,73 millones de euros, importes a los que hay que sumar otros 23.000 millones en 2014, de los que en el primer semestre ya se han pagado 12.217 millones de euros”.

Los mecanismos de liquidez (FFPP y FLA) puestos en marcha por el Gobierno de España inyectarán a las administraciones territoriales casi 105.000 millones en tres años, sin contar con otras medidas de liquidez.

El Gobierno ha impulsado asimismo -ha destacado Beteta- otras leyes para completar la lucha contra el déficit: la Ley orgánica de control de la deuda comercial del sector público y la Ley de impulso de la factura electrónica, “con el objetivo de evitar que la situación que nos encontramos, con millones de facturas sin pagar, se vuelva a repetir en el futuro y poniendo los medios para medir la morosidad. Introduciendo además el período medio de pago a proveedores, obligando a las AAPP a la difusión transparente del mismo y obligando a un plan de tesorería que garantice el pago en tiempo y forma”.

Ahora, ha añadido el secretario de Estado, se crea un registro único para todo el territorio nacional, “Sólo hay facturas y hay que pagarlas. Y ello se garantiza con el registro telemático obligatorio, permitiendo un seguimiento exhaustivo de las facturas”.

Beteta ha finalizado su intervención señalando que el déficit se encuentra hoy controlado y, trimestre tras trimestre, se sigue reduciendo. “En tan sólo dos años, el conjunto de las administraciones públicas ha logrado reducir su déficit desde el 9,07%, con el que cerró 2011, al 6,62% en 2013, son 2,45 puntos menos, casi 25.000 millones de euros”.

Beteta, además, ha resaltado otra ley reciente, la de Transparencia, como una gran aportación, “representa una nueva forma de hacer política y de gestionar los recursos públicos”.

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