Jornada de Análisis de la situación de la morosidad en España
7 de noviembre de 2013. La sostenibilidad financiera, encuentra su peor enemigo en el descontrol de la deuda. Un aumento desmedido de la deuda del sector público, tanto en lo referido a la deuda financiera como a la deuda comercial, pone en riesgo el cumplimiento del principio de sostenibilidad financiera o, lo que es lo mismo, la capacidad de asumir compromisos de gastos presentes y futuros.
La reducción de la morosidad de las Administraciones Públicas constituye un elemento imprescindible para mejorar la competitividad de la economía española, pues conlleva reducir las necesidades de financiación de las empresas, lo que les permite aprovechar mejor sus oportunidades de negocio y facilitar el crecimiento económico.
Cristóbal Montoro recordó los proyectos de ley que están en tramitación parlamentaria y que pretenden luchar contra la morosidad en el sector público: ley de deuda comercial y la ley factura electrónica. Dichos proyectos se enmarcan en el conjunto de reformas que el Gobierno ha puesto en marcha para erradicar la morosidad en el sector público que son complementarias entre sí, dirigidas tanto a CCAA como a EELL, y son de dos tipos:
Estructurales las ya mencionadas:
- Proyecto de Ley de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el sector público, actualmente en la fase de tramitación parlamentaria
- El proyecto de ley orgánica de control de la deuda comercial,
Coyunturales:
- Plan de pago a proveedores
- Fondo de liquidez autonómico
- Medidas extraordinarias de apoyo a la liquidez de EELL.
Como objetivos particulares que se pretenden alcanzar con las medidas ya adoptadas destacan: Financiar (de forma condicionada y controlada) el stock de facturas pendientes de pago de CCAA y de EELL; evitar el gasto no contabilizado ni registrado y garantizar el cumplimiento de los plazos normativos de pago a proveedores.
PAGO A PROVEEDORES
El Plan de pago a proveedores facilita a CCAA y EELL la formalización de préstamos a largo plazo para el pago y cancelación de las deudas contraídas con los proveedores, a cambio de una exigente condicionalidad fiscal y financiera que se concreta, entre otros elementos, en el plan de ajuste. La última fase del plan de pago a proveedores sumará un total de 13.386 millones de euros en facturas impagadas por las comunidades autónomas y los ayuntamientos.
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