Jornada Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIRF)
- Afirma que con la AIRF se ha reforzado el compromiso de España no sólo con la estabilidad presupuestaria, sino también con las exigencias de coordinación y definición del marco de estabilidad común de la Unión Europea
- La secretaria de Estado destacó la garantía de la independencia que debe tener este nuevo organismo, de forma que puedan cumplir su cometido sin recibir ninguna instrucción
14 de mayo de 2013.- España se compromete a dar un paso más y así va a aprobar la Ley Orgánica de creación de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIRF), lo que muestra el importante compromiso español con la disciplina fiscal así como permitir dar cumplimiento a la recomendación específica del Ecofin, formuladas en el marco del procedimiento de déficit excesivo, según afirmó la secretaria de Estado de Presupuestos y Gastos, Marta Fernández Currás,
Durante su intervención en el Workshop: Una Autoridad fiscal Independiente para España que se ha celebrado hasta hoy en el Instituto de Estudios Fiscales en colaboración con el Fondo Monetario Internacional, y con participación de la Comisión Europea y la OCDE, señaló que se ha reforzado el compromiso de España no sólo con la estabilidad presupuestaria, sino también con las exigencias de coordinación y definición del marco de estabilidad común de la Unión Europea.
La secretaria de Estado destacó la garantía de la independencia que debe tener este nuevo organismo, de forma que puedan cumplir su cometido sin recibir ninguna instrucción, para lo cual la institución debe tener plena autonomía funcional, elegir a su presidente atendiendo a su independencia, entre profesionales de reconocido prestigio y experiencia, al tiempo que debe tener acceso a toda la información necesaria para el desempeño de sus funciones.
La AIRF evaluará las previsiones macroeconómicas que se incorporen en los proyectos de presupuestos de las administraciones públicas o el Programa de Estabilidad. También evaluará el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública y de la regla de gasto de todas las administraciones públicas, así como la conveniencia o no de activar las medidas preventivas, correctivas y coercitivas previstas en la Ley de Estabilidad Presupuestaria, así como el seguimiento de las mismas.
La secretaria de Estado reconoció que estas instituciones permiten e incentivan una mejor aplicación de las reglas fiscales sin sustituirlas.
A lo largo de estos dos días se ha procedido al análisis integral, tanto desde el punto de vista teórico como desde el punto de vista práctico, mediante la experiencia comparada de otros países, de cómo configurar una institución fiscal independiente para que alcance sus objetivos y promueva de manera eficaz la disciplina fiscal y la transparencia de los gobiernos.
Ley de Estabilidad
España fue uno de los primeros países en incorporar las disposiciones de la nueva normativa europea en materia fiscal en un texto de máximo rango legal como es la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, en donde queda consagrado el equilibrio estructural como principio rector de la política presupuestaria.
Fernández Currás aseguró que el primer año de vigencia de este nuevo marco regulatorio se ha saldado con un rotundo éxito, ya que en un entorno económico tremendamente desfavorable, con una disminución del PIB del -1,4% durante 2012, el déficit en términos de contabilidad nacional, excluidas las ayudas al sistema financiero se ha reducido en 2 puntos de PIB, desde el 9% al 6,98% del PIB.
Destacó la participación de todas las Administraciones Territoriales en esta reducción, al tiempo que afirmó que el nuevo marco ha producido importantes mejoras en materia de coordinación entre las distintas administraciones, ayudando de esta manera a disipar las dudas respecto del compromiso fiscal de las administraciones territoriales.
La secretaria de Estado también destacó el importante avance en materia de transparencia, con la publicación de datos mensuales en contabilidad nacional a partir de 2013 de los subsectores Seguridad Social y Comunidades Autónomas, como ya se hacía para la Administración Central.
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