La DGA dará puntos a los funcionarios que propongan mejoras en los servicios

Los funcionarios que propongan medidas de mejora de la calidad de los servicios serán recompensados con puntos extra en su expediente. Serán valoradas como la antigüedad o los cursos de formación, por ejemplo. La Administración premiará a los trabajadores públicos por aquellas iniciativas que permitan ganar en eficiencia. Figura en un proyecto de ley que el Gobierno de Aragón aprobará mañana.

Además de a los funcionarios, también se premiará la calidad a unidades administrativas que a lo largo de un periodo de tiempo hayan mejorado su eficiencia. Con estas iniciativas se quiere motivar a los trabajadores públicos, al tiempo que se fomenta su implicación en el engranaje. No se contemplan incentivos económicos para los mejores.

A falta de conocer el texto, el Ejecutivo adelantó ayer las líneas maestras de esta norma que tiene como objetivo mejorar la calidad de los servicios. De momento son más ideas genéricas y declaraciones de buenas intenciones que medidas concretas. El consejero de Hacienda, José Luis Saz, fue el encargado de presentarla. Aseguró que no tendrá coste alguno para la Administración porque la desarrollará el propio personal de la DGA.

TRABAJO ANUAL

Implicará la elaboración de planes anuales para dar cumplimiento a la norma y mejorar aquellas prestaciones en las que se hayan observado deficiencias. El texto quiere identificar las necesidades y expectativas que los ciudadanos tienen de la Administración autonómica. A través de encuestas a los usuarios y los funcionarios se detectarán los posibles problemas que existan y se articularán medidas para solventarlos.

No se marcarán plazos concretos para hacerlo. Pero Saz apuntó que atajar las disfunciones puede tener implicaciones presupuestarias y que así se haría constar, si fuera necesario, en el proyecto. Por ejemplo, si se detecta que el servicio de Urgencias de un determinado hospital acumula quejas tanto de pacientes como de trabajadores, se tomarían las medidas oportunas. Aunque implicara un gasto extra para la Administración. El consejero apuntó que se hará una evaluación integral del sistema. Y recordó que "se llevan 30 años sin que nadie estudie detenidamente el conjunto de quejas y sugerencias y de cómo se puede mejorar".

Los encargados de analizar y evaluar los servicios, una vez recibidas las sugerencias de ciudadanos y funcionarios, serán unos grupos de trabajo que se crearán a tal efecto. Estarán formados por personal de la DGA. El Ejecutivo descarta utilizar empresas externas para realizar el análisis. De ahí partirán las propuestas, que posteriormente deberán ser implementadas por el Gobierno. Saz defendió el método y garantizó que los diagnósticos serán "objetivos". En cualquier caso, subrayó que que esta ley es "fundamental" para que la Administración haga "autocrítica".

El consejero insistió en que con este sistema se da voz a la gente y empleados públicos en los procesos de evaluación. "Es una nueva forma de entender la democracia, que entronca con el concepto de gobernanza en la Administración pública, y hacer del ciudadano el elemento central de las prestaciones".

COMPROMISO

Entre los cambios que contempla la normativa también figura la obligatoriedad de que las diferentes áreas de la Administración presenten las llamadas cartas de servicio. En ellas se pondrán negro sobre blanco los compromisos que asumen. Cuando se lleve a cabo la evaluación integral se revisará su cumplimiento. Y de ser necesario se introducirán los cambios que se estimen oportunos para garantizar la calidad.