Murillo defiende medidas de ajuste "severas" para no perder empleos públicos

El director general de Función Pública y Calidad de los Servicios del Gobierno de Aragón, Ignacio Murillo, ha defendido la adopción de "medidas de ajuste severas" como forma de evitar "la pérdida de empleos" en el sector público.

Sur.es

El director general de Función Pública y Calidad de los Servicios del Gobierno de Aragón, Ignacio Murillo, ha defendido hoy la adopción de "medidas de ajuste severas" como forma de evitar "la pérdida de empleos" en el sector público.

Así lo ha señalado Murillo durante su comparecencia, a petición del PSOE, en la Comisión de Hacienda, Presupuestos y Administración Pública de las Cortes de Aragón para explicar, según palabras de la diputada de este grupo Ana Fernández, "la progresiva destrucción de empleo público".

El director general ha dicho que "ésta es una administración más profesional", ya que "ha facilitado el acceso regularizado de funcionarios de carrera" y ha llevado a cabo una reestructuración que permite "racionalizar el gasto sin una reducción real en el empleo público" de la comunidad, han informado fuentes parlamentarias.

Ha defendido las medidas de ajuste, algunas de las cuales se iniciaron en 2012 y tienen su reflejo en 2013, y ha dicho que persiguen la racionalización de los recursos públicos como herramienta para alcanzar la eficacia y eficiencia, manteniendo la calidad de los servicios.

En este sentido, ha aclarado que esta búsqueda de optimización ha permitido una "situación de equilibrio" que "no tiene un impacto excesivo en el empleo público".

Murillo ha confirmado que el borrador del Estatuto Básico del Empleado Público está "prácticamente redactado" y que buscará ser "una ley de consenso que permita una gestión ordenada de los servicios de los ciudadanos por parte de cualquier gobierno".

Desde el PSOE, Ana Fernández ha denunciado que las políticas de racionalización esconden una situación de "goteo" en la que los "despidos y el recorte de derechos se van sucediendo" y ha agregado que Aragón es la comunidad que más reduce su gasto en personal.

Y ha criticado el endurecimiento en la comunidad de las medidas estatales de ajuste que suponen la pérdida de derechos o recortes a los funcionarios, como la incapacidad temporal con perdida de retribuciones, que "en Aragón es del 50 por ciento desde el primer día de baja, mientras que la ley estatal establece un margen de cuatro días".

El diputado José Luis Soro, de CHA, ha dicho que "siempre cuentan lo mismo, no avanzan y es evidente que se está destruyendo un gran volumen de empleo público", ya que los interinos "también son empleados públicos".

Soro ha criticado como, a golpe de real decreto, "se incrementan los despidos y la precarización de las condiciones laborales", lo que conlleva el deterioro de los servicios públicos y, a su vez, "puede llevar a privatizaciones o externalizaciones".

Mientras que el representante de IU, Adolfo Barrena, ha recordado la importancia del sector público, que garantiza los derechos básicos a la ciudadanía, y ha denunciado la destrucción de empleo público.

Barrena ha denunciado la posibilidad de nuevos despidos o de rebaja de los salarios, a la vez que ha criticado que la única partida que se incrementa es la destinada al personal eventual y de gabinete.

La diputada del PP Nuria Loris ha dicho que la optimización de recursos humanos no ha supuesto despidos ya que "sus contratos eran temporales y por tanto finitos" y ha defendido la creación de más de doscientas plazas después del proceso de racionalización.

Por el PAR, Antonio Ruspira se ha referido a una "situación de equilibrio" frente a la disyuntiva que propone la oposición entre "racionalización del gasto y control de déficit contra el mantenimiento del empleo público".