Las comunidades autónomas concentran la reducción de empleo público

Si en el arranque del año pasado fueron la Administración central y los Ayuntamientos los que cargaron con el peso de la destrucción de puestos de trabajo, ahora son las Comunidades Autónomas. Si en el último trimestre de 2012 hubo 74.500 asalariados menos en el sector público, tres de cada cuatro empleos perdidos (58.000) corresponden a las comunidades.

El País

En el conjunto de 2012, el sector público perdió 218.900 puestos de trabajo (en 2011 fueron 32.400), hasta situarse en los 2,9 millones de asalariados. Es un 7% menos que a finales del año anterior, y el nivel más bajo de empleo público desde 2008. El recorte se ha acelerado en la segunda mitad del año, hasta el punto de ser más intenso que en el sector privado (un 6%), un hecho sin precedentes. A finales del ejercicio, la EPA refleja 684.800 asalariados menos que un año atrás en actividades privadas, hasta situarse en apenas 11 millones de contratados; en conjunto, el número de asalariados públicos y privados no llega a 14 millones, la cifra más baja desde 2003.

Los asalariados públicos representan ahora el 17% del total de ocupados (16,96 millones de personas) en el mercado laboral español. Pero en los meses finales de 2012, la pérdida de empleo en el sector público fue proporcionalmente más elevada: uno de cada cuatro puestos de trabajo destruidos en la economía española durante el año pasado estaba ocupado por un asalariado público.

En el último año, el Gobierno del PP ha extremado las medidas que ya adoptó el anterior Ejecutivo socialista para recortar el gasto en personal de las Administraciones, otro tributo a la política imperante de austeridad fiscal. Además de suprimir una paga extra a los funcionarios, las Administraciones han congelado la oferta pública de empleo, han restringido la contratación de personal temporal y funcionarios interinos y han elevado la jornada laboral.

Pero los dos factores que explican la aceleración de la destrucción de empleo en el sector público en 2012 son la reforma laboral y los ajustes autonómicos. El cambio legal aprobado por el PP facilita y abarata los despidos colectivos en el sector público. Y las comunidades autónomas han empezado a hacer recortes en educación y sanidad, las dos actividades que concentran a la mayoría de los asalariados públicos.

Ambos factores se combinan para arrojar una destrucción de empleo inédita en la Administración autonómica, que pierde 148.000 puestos de trabajo en 2012 para quedarse en 1,62 millones de asalariados, un 8,4% menos que el año anterior. El número de asalariados en la Administración central bajó en 15.900 personas (-3% en tasa anual), mientras que las corporaciones locales se dejan 47.200 empleos, para situare en 576.300 asalariados, la cifra más baja desde mediados de 2004.